Pensión. Separación de hecho. Culpabilidad del causante. Incidencia del Código Civil y Comercial. Procedencia

Causa: “Martínez, Graciela Leonor c/ANSeS s/Pensiones”
Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 1, Expte. 95843/17, 27/3/19
   

VISTOS:

La parte actora inicia demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, que denegó su solicitud de pensión por fallecimiento del extinto Rubén Jorge Sosa, atento encontrarse separados de hecho.

Agrega que la demandada, ignora el principio de ley aplicable e interpreta incorrectamente el nuevo Código Civil y Comercial y sostiene que se encontraba probado que la culpa en la separación del matrimonio, fue del causante.

Ofrece prueba.

La parte demandada se presenta a fs. 34/38 y contesta la acción. Niega todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Manifiesta que, en el caso de la separación de hecho, la carga de la prueba de la no culpabilidad en la separación conyugal incumbe a quien la alega y no al organismo previsional. Agrega que, la falta de asistencia económica no prestada por el causante, no se encuentra probada, como tampoco el estado a cargo.

Opone la excepción de prescripción prevista en el art. 82 de la ley 18037. Ofrece prueba y formula la reserva del caso federal.

La Suscripta, a fs. 44, abre la causa a prueba. Producida la prueba testimonial y arribadas las actuaciones administrativas en formato digital, se clausura el período probatorio (ver fs. 60) y los autos se colocan en casillero a los fines de alegar.

Habiendo hecho uso del derecho de alegar la parte actora y agregado el alegato, la causa se encuentra en estado de dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

La cuestión a dirimir es si le asiste derecho o no a la Señora Graciela Leonor Martínez a ser incluida dentro de los beneficiarios con derecho a pensión establecidos en el art. 53 de la ley 24241, atento su condición de separada de hecho a la fecha de fallecimiento del causante, don Rubén Jorge Sosa, acaecido el 1/7/13.

Corresponde, en primer término, hacer un breve relato de lo acontecido, teniendo en cuenta tanto las constancias obrantes en las actuaciones administrativas digitalizadas como, en la presente causa.

El 21 de octubre de 2016, la actora solicita en sede administrativa el beneficio de pensión por fallecimiento, previsto en el art. 53 de la ley 24241.

Acredita el fallecimiento del Sr. Sosa, ocurrido el 1/7/13 con el correspondiente certificado de defunción y su vínculo con el acta de matrimonio celebrado el 3/10/75. Además incorpora el testimonio de varios testigos, que son contestes en afirmar, que debido a los malos tratos recibidos por el causante, la actora se alejó del hogar conyugal, junto con sus hijos y se fue a vivir a la casa de sus padres.

Huelga destacar que la actora, desde el inicio de las actuaciones declaró encontrarse separada de hecho del Sr. Sosa por exclusiva culpa del causante.

El organismo demandado al momento de decidir efectúa, a mi entender, una incorrecta interpretación del nuevo Código Civil y Comercial. Si bien, como lo diré mas adelante, ante el dictado del nuevo Código, el derecho de la seguridad social debe armonizarse y aplicarse para que, quien peticiona, como la actora en el caso de autos el beneficio de pensión, lo favorezca, no para que lo perjudique, pues nos encontramos ante un reclamo de carácter alimentario.

Sostiene la demandada que, si bien para el nuevo Código se elimina la culpa como causal calificadora de la conducta en la extinción del matrimonio, la actora no demuestra que el causante hubiere estado contribuyendo al mantenimiento de su esposa, ni que la titular le hubiere reclamado alimentos, resultando, al entender de la Anses, manifiesto que el fallecimiento del causante no ha provocado una situación de desamparo que deba ser resuelta a través del beneficio pensionario (ver fs. 41).

Los testimonios obrantes a fs. 53/56, permiten corroborar que la actora se separó de hecho del Sr. Sosa ante los malos tratos verbales recibidos, como así también que crió a sus hijos sola en la casa de sus padres, resaltando que no recibían ayuda económica alguna del causante.

El art.53 de la ley 24.241 dispone que: “En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante: a) la viuda; b) el viudo; c) la conviviente; d) el conviviente.. El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.”

Las reformas introducidas en el Código Civil y Comercial de la Nación vigente a partir del 1° de agosto de 2015, trajeron consecuencias en la normativa previsional.

En la comparativa con la nueva reglamentación contenida en el CCyC, respecto de las uniones convivenciales, el divorcio incausado y la derogación de la separación personal, se requiere armonizar la normativa previsional, así como adecuar la jurisprudencia y las resoluciones administrativas que se dicten a partir de la vigencia del nuevo Código.

En el ámbito de la seguridad social, existen ciertas pautas interpretativas, elaboradas por la jurisprudencia, que hacen hincapié en el carácter tuitivo y alimentario de esta rama del derecho, al que pertenece lo previsional. Estas cualidades posibilitan una interpretación amplia de los preceptos que la informan, a fin de evitar, razonablemente, frustrar el acceso a prestaciones de carácter alimentario.

El art.1 de la ley 17.562, conforme la modificación introducida por la ley 23.263 -B.O. 11/10/1985-, establece la pérdida del derecho a acceder a la pensión cuando el cónyuge, por su culpa o por culpa de ambos, estuviese divorciado o separado de hecho al momento del deceso del causante. La excepción a esto, conforme esta norma, ocurre cuando los cónyuges estuvieran divorciados según el régimen del art.67 bis de la ley 2393 y se hubiera dejado a salvo el derecho a percibir alimentos.

A mayor abundamiento, resulta acorde a las pautas del Código Civil y Comercial y al carácter sustitutivo del beneficio de pensión, referirse al concepto de “necesidad”, en lugar de “culpa”. El parámetro -"necesidad"- representa el desamparo real del causahabiente: el causante contribuía de alguna forma a su sustento y la falta de éste provoca un desequilibrio en su economía personal.

Además, cuando están en juego derechos de carácter alimentario, en un ámbito tan íntimo como es el de las relaciones de familia, se precisan reglas claras y precisas, que prevean las diferentes situaciones que pueden presentarse luego de la separación de hecho de los cónyuges, como es el caso que nos ocupa. Precisamente es tarea del legislador armonizar el ordenamiento legal previsional y el del derecho de familia, en pos del bien común y como garantía de convivencia social. A mi entender, un estado de derecho exige una normativa armoniosa, que proporcione seguridad jurídica, por ello se requiere una necesaria interpretación entre el ordenamiento del Código Civil y Comercial y el acceso a la pensión, regulado en el art.53 de la ley 24.241 y el art.1 de la ley 17.562.

Entiendo, por lo tanto, que el organismo no ha analizado de manera correcta y suficiente si existió culpa de ambos o del cónyuge supérstite en la separación de hecho. Por el contrario, delega dicha carga a la parte peticionante, al sostener en la contestación de demanda que: “...la carga de la prueba de la no culpabilidad en la separación conyugal incumbe a quien la alega y no al organismo previsional, extremo no probado por la accionante” (ver fs. 34vta).

La Sala I de la Excma Cámara del Fuero, afirmó que: “El organismo debe demostrar la culpabilidad del cónyuge cuya conducta le genere sospechas, y de hacer recaer la carga de la prueba en la peticionante, viola la garantía del debido proceso del artículo 18 de la Constitución Nacional, y el espíritu de la ley 17562".

Lo hasta aquí expuesto, me lleva a la convicción, que quedó probada la culpa del causante en la separación, en este caso por los malos tratos verbales recibidos por la actora, por lo que se encontraría incluida dentro de los causahabientes con derecho a pensión conforme lo establece el art. 53 de la ley 24241.

A mayor abundamiento, el art. 523 del nuevo código de forma taxativa los distintos supuestos que dan lugar al cese de la unión convivencial. Así, el inciso g), del mencionado artículo contiene una cláusula amplia de apreciación de motivos de interrupción de la convivencia, y es útil a los fines previsionales ya que puede entenderse en esos términos la inexistencia de convivencia inmediatamente anterior al deceso del causante debida a, por ejemplo, razones de enfermedad o casos de fuerza mayor, entre los que se puede incluir a la violencia de género, como resultaría ser en el presente caso.

La Sala III de la Excma. Cámara del Fuero, indicó que, cuando la parte actora se encuentra separada a la fecha del deceso de éste y no recibía ayuda económica de él, “en cumplimiento del precepto en el que apoya su pretensión, ha de acreditar que la separación se produjo por culpa exclusiva de este último, siendo ella inocente. Es un requisito ‘sine qua non’ para hacer procedente su pretensión, de un elemento constitutivo de su derecho, y por consiguiente es a la actora a quien incumbe su prueba, y no al organismo previsional. Sin embargo, atento a que la Corte no modificó su tesis sobre la carga de la prueba de la culpabilidad en la separación matrimonial -ver causa “Vinzón”, sentencia del 16/12/2008- y para no provocar una tramitación procesal inútil, se resuelve confirmar el pronunciamiento materia de recurso que había otorgado la pensión a la actora; aunque la demandada no había acreditado la culpabilidad de ésta en la separación conyugal" (conf. CFSS, Sala III, “Fernández, Hilda c/ ANSeS s/ pensiones”, sentencia del 30/11/2009).

En consecuencia, siguiendo los criterios de los antecedentes expuestos y no resultando de autos la responsabilidad de la actora, atento el carácter asistencial del beneficio y la regla hermenéutica que establece que, en caso de duda, ha de resolverse en materia previsional a favor de los derechos de la peticionante, es que concederé el beneficio de pensión solicitado.

A mayor abundamiento, considero preciso destacar que al momento en que la actora solicitó el beneficio de pensión, ya se encontraba vigente la ley 26485 “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, sancionada el 11 de marzo de 2009 y promulgada el 1 de abril de 2009, la que en su artículo 4°) define el término “Violencia”: .Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal...", por lo que en el juego armónico de las leyes, en el ámbito de la Seguridad Social, corresponde tener presente la incidencia de casos de violencia doméstica, como es el que se encuentra demostrado en la causa, a fin de no denegar derechos de carácter alimentario, en éste caso particular, el de pensión. Pretender que la actora hubiese seguido conviviendo con el causante, a pesar de los hechos de violencia doméstica sufridos, sólo con el fin de poder cumplir con los requisitos exigidos por el art. 53 de la ley 24241, para obtener en oportunidad del deceso de su cónyuge, el derecho a pensión, deviene, a mi entender, en un requisito imposible de cumplir.

Por todo lo expuesto, es que corresponde otorgar el beneficio de pensión a la Sra. Martínez derivado del fallecimiento del Sr. Sosa.

Respecto de la prescripción planteada por la demandada, tratándose de la solicitud de un beneficio corresponde se aplique el plazo anual. En virtud de ello, teniendo en cuenta, entonces, que desde la fecha de fallecimiento del causante (1/7/13) y de solicitud en sede administrativa (21/10/16) ha transcurrido dicho plazo, las acreencias adeudadas a la actora deberán ser abonadas desde un año antes de la solicitud del beneficio, esto es a partir del 21/10/15

En relación a los intereses, se liquidarán desde que cada suma fue debida conforme la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. CSJN, in re: “Spitale Josefa Elida c/Anses s/impugnación de resolución”, del 14/9/04).

Las costas he de imponerlas en orden causado. (Conf. art. 21 de la Ley 24.463y CSJN “Vago” y “Flagello”).

A efectos de regular los honorarios de los letrados intervinientes he de tener en cuenta el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada aplicando en lo pertinente lo normado por los arts. 6, 7 y 8 de la ley 21.839, modif. por art. 6, inc. f) de la ley 24432 de aplicación al caso en virtud de lo resuelto recientemente por la CSJN en el precedente “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/Acción Declarativa", de fecha 4/9/18.

Por lo expuesto y citas legales, RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda interpuesta por la Sra. Graciela Leonor Martínez contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, en los términos que surgen del presente decisorio; 2) Ordenar al organismo demandado que en el término de treinta (30) días de quedar firme la presente, abone el beneficio de pensión derivado del fallecimiento del Sr. Rubén Jorge Sosa y abonando el retroactivo correspondiente con más los intereses calculados según la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina. 3) Costas en el orden causado (conf. art. 21 de la ley 24.463). 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora, por los trabajos realizados en la causa y teniendo en cuenta la naturaleza de la presente, en la suma de PESOS CUATRO MIL ($4000) conforme lo dispuesto en los arts.1, 3, 6, 7, 8, 9 y cc. ley 21839 y ley 24432, de aplicación al caso en virtud de las observación formulado por el PEN al art. 64 de la ley 27423 mediante decreto 1077/17 y sus fundamentos y conforme lo dispuesto por la CSJN in re “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/Acción Declarativa”, sentencia de fecha 4/9/18, con más el IVA de corresponder.

Regístrese, notifíquese a las partes y al Ministerio Publico y oportunamente archívese. Silvia G. Saino. Juez Federal Subrogante.

(*) Ver nota al fallo