Guillermo J. Jáuregui
 
Pautas básicas para confeccionar una liquidación en una ejecución previsional
 
Este trabajo es continuación del anterior publicado en esta revista bajo el título El Código Civil y Comercial de la Nación y las ejecuciones de sentencias de reajustes previsionales, realizado con la colaboración de las Dras. María Inés Barberón y Elsa Rodríguez Romero y que fue publicado en esta revista, nro. 169, Marzo/Abril 2019.
 
I. Respeto estricto de las normas del Código Civil

Como lo hemos señalado en el trabajo mencionado, existe una serie de normas del Código Civil sobre: mora automática (art. 886, CCCN y art. 22, Ley 24.463 (texto según Ley 26.153); intereses compensatorios (art. 767, CCCN); moratorios (art. 768, CCCN) y punitorios (art. 769, CCCN); anatocismo y segunda mora del deudor (art. 770, CCCN); pago (arts. 865 y conc. CCCN) e imputación del pago (arts. 900 y conc. CCCN). Sobre la aplicación de estas normas nos remitimos al trabajo citado.
 

II. Valor de cosa juzgada de la sentencia de trance y remate que aprueba la liquidación, intima al deudor y manda llevar adelante la ejecución

Es un principio reiterado por la Corte Suprema que los jueces están facultados para disponer la corrección de los errores que pudieran contener las liquidaciones, puesto que ni siquiera sus autos aprobatorios tienen autoridad de cosa juzgada, correspondiendo su rectificación, si hubiera mediado error al practicarlas, dado que ese hecho no puede convertirse en fuente de indebidos beneficios, ni para el acreedor, ni para el deudor(Fallos 300:777; 301:104 y 1002; 303:1365 y 1669 y otros).

En este sentido el art. 166, inc.1, in fine del CPCCN, es muy claro al decir: Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia.

Ni la cosa juzgada, ni la preclusión, pueden impedir que se corrija el error cometido en una liquidación. Tampoco el hecho de que la liquidación haya sido consentida por las partes obliga al magistrado a obrar en un sentido determinado(confr. art. 150, ap. 2do CPCCN, Causa R204.XXII, Rito Fernández, Luis Antonio c/Estado Nacional–Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, 15/12/1988).

Como la aprobación de todas las liquidaciones solo procede “en cuanto hubiere lugar por derecho”, siempre se encuentra abierta la posibilidad de impugnarlas por causa de errores que contengan.

La aplicación de esta doctrina conduce a la imposibilidad de considerar firme una liquidación.

También conviene aclarar que los errores pueden no ser únicamente numéricos, sino que pueden tratarse de un incorrecto cumplimiento de la sentencia en ejecución.

Vale decir que la aplicación de un criterio de revisión amplio conduce en forma inevitable a discusiones interminables sobre las liquidaciones aprobadas judicialmente.

Mientras que los acreedores pueden ver postergado su derecho al cobro, los deudores pueden seguir impugnando las liquidaciones aduciendo errores numéricos o no.

Considero que una interpretación amplia conspira contra la economía procesal y la estabilidad de las decisiones judiciales en los procesos previsionales. Una interpretación más estricta implicaría admitir solamente errores numéricos de cierta entidad. Por ejemplo, que la discrepancia entre una liquidación y otra exceda del 5%.

Tampoco pueden volver a plantearse cuestiones que fueron resueltas al aprobarse la liquidación, ni introducir planteos que no se hicieron en tiempo oportuno, porque no son errores puramente numéricos, sino criterios diferentes que producen resultados numéricos distintos.
 

III.- Liquidaciones erróneamente aprobadas. Consecuencias

Cabe poner de resalto que conforme la mayoría de las sentencias dictadas en la etapa de conocimiento del proceso judicial en materia de reajuste de haberes, se pone en cabeza de la Anses la obligación de practicar la liquidación en el plazo legal previsto a tal efecto ( art. 22 de la ley 24.463).

El actor recién se encuentra habilitado para promover la ejecución de la sentencia, bien por incumplimiento por parte de la demandada con la carga que le fuera impuesta en el plazo legal previsto a tal fin o por el deficiente acatamiento de la sentencia dictada en la etapa de conocimiento. Dándose estos supuestos, el actor se encuentra habilitado para presentar la liquidación reflejando en una suma líquida los derechos reconocidos en la sentencia que ha declarado los mismos.

En esta etapa, el control de la liquidación queda sujeto a la intervención de la contraria, en este caso la Anses, y una vez ejercido o no el derecho de defensa que le asiste a la demandada, la liquidación presentada queda sujeta al control por parte del Tribunal, que puede aprobar u observar la misma y solicitar a la parte que promovió el proceso la rectificación de la liquidación que fuera confeccionada.

Ahora bien, cabe preguntarse qué, consecuencias se producen si a pesar de haberse cumplido con las normas que rigen el proceso de ejecución de sentencia, se aprueba una liquidación que se encuentra afectada de un error, y que por lo tanto no se ajusta a lo decidido en la etapa de conocimiento.

Una liquidación puede confeccionarse dolosamente para que arroje montos superiores a los que corresponden. Esto se puede realizar informática o manualmente.

También una liquidación puede contener sumas incorrectas en los que no exista dolo o mala fe.

Es importante distinguir estas cuestiones por sus consecuencias. Mientras que una liquidación incorrecta y dolosa destinada a cobrar más de lo que corresponde es un delito, cuando no media intención dolosa el error no puede tener consecuencias penales para quien confeccionó o se benefició con la liquidación.

En el primer caso nos encontramos frente a la nulidad absoluta de la liquidación; en el segundo caso las consecuencias son distintas.

Y acá entra en juego lo resuelto por la Corte en el precedente Rossello, Josefa Esther c/ ANSeS s/ medidas cautelares, Corte Suprema de Justicia de la Nación, R. 679. XXXVI, 23/9/03. Dado que en la causa no estaba en discusión que la beneficiaria consumió de buena fe los haberes de carácter alimentario de las prestaciones acumuladas, aunque superando el tope legal (art. 79 de la Ley 18.037), la Corte Suprema revocó la sentencia de cámara que había ratificado la procedencia del reintegro de las sumas percibidas en exceso.

En algunos juzgados existe el criterio de no modificar liquidaciones aprobadas y pagadas, sino corregir sus errores hacia el futuro en las liquidaciones posteriores.

Se torna muy engorroso reliquidar cuando hay pagos ya percibidos, sea por vía de embargo o no.
 

IV.-Liquidación inicial y liquidaciones complementarias. Liquidaciones en cascada

La primera liquidación aprobada que va desde el primer día no prescripto hasta la iniciación de la ejecución de sentencia, debería respetarse como el primer paso hacia el cumplimiento cabal de la sentencia en ejecución.

Solo excepcionalmente se debería ordenar una reliquidación, por la existencia de errores materiales que se traduzcan en una diferencia considerable en el monto a cobrar.

Las liquidaciones ampliatorias posteriores deben sucederse respetando los cortes sucesivos, sin superponerse, ni solaparse entre sí. Las liquidaciones se producirían en cascada manteniendo cada una su autonomía e individualidad.

Todas las liquidaciones pueden ser actualizadas desde su corte hasta la actualidad, aplicando los intereses correspondientes (compensatorios, moratorios o punitorios).

Los pagos efectuados antes o después del corte deben ser imputados en la fecha de su percepción, como si la liquidación fuera una cuenta corriente.

En esencia, una liquidación previsional opera como una cuenta corriente, donde se acreditan las diferencias mensuales a favor o en contra del jubilado, con sus intereses y se debitan los pagos que ANSES realiza o los embargos ordenados.

Esta cuenta corriente debe mostrar cuál es el saldo a favor o en contra del jubilado a una fecha dada.

Si el jubilado tiene un saldo en contra por haber percibido sumas en exceso, esos montos  producen la misma tasa de interés fijada en la sentencia pero a favor de la ANSES.
 

V.- Algunas cosas que pasan con las liquidaciones previsionales

La tarea de confeccionar una liquidación del haber reajustado y la retroactividad adeudada, no es un trabajo para el cual los abogados han sido capacitados.

Por estas razones, en uchos juzgados se siente la necesidad del trabajo profesional de un contador que se ocupe del tema concreto de las liquidaciones de sentencia.

Muchas de las demoras y conflictos en las liquidaciones obedecen a la falta de capacitación de algún personal judicial. Podríamos poner muchos ejemplos:

1.- Expediente en el que se aprobó liquidación, en base a la declaración de inconstitucionalidad del art. 25 de la ley 24.241, y se percibió mediante embargo. Al momento de ampliar la liquidación la magistrada revoca su propio auto, respecto de la declaración de inconstitucionalidad del art. 25. Esta resolución ha sido apelada.

En este caso la ANSES pretende hacer un cargo por la liquidación en cuestión, por un monto importante, sin tener en cuenta que la jubilada lo percibió en base a una liquidación aprobada y a un embargo ordenado por la misma jueza. Si ésta cambia su criterio, esto no se puede aplicar retroactivamente sino hacia el futuro en las posteriores ampliaciones. Acá es plenamente aplicable la doctrina de Rossello.

2.- Caso traído a consulta al estudio. Expediente en el que se aprobó la liquidación, y se percibieron sumas por embargo. Se desestimó el recurso de apelación interpuesto por la ANSeS, la que interpuso un recurso de queja por apelación denegada ante la Cámara, el que es admitido y se deja sin efecto la liquidación aprobada y se modifica la modalidad de conversión a efectivo de la deuda consolidada. Se dispone la aplicación del fallo Echevarria/Delfino, mientras que la liquidación fue aprobada con tasa de sentencia desde la fecha de consolidación y no con la tasa de los bonos (caja de ahorros) hasta el vencimiento de los títulos públicos. Este modo de liquidar con tasa de caja de ahorros según los fallos citados da como resultado sumas inferiores a las percibidas.

Todos los cambios de criterio en materia de liquidaciones deberían aplicarse hacia el futuro, para liquidaciones no aprobadas. Cuando una liquidación se aprobó y se pagó en base a un criterio imperante, no es razonable reformular la liquidación porque eso atenta contra la estabilidad de las decisiones judiciales y podría generar grandes perjuicios a quienes percibieron de buena fe liquidaciones aprobadas.

3.- Liquidaciones aprobadas en sentencias donde no se aplicó Villanustre, y luego cuando la ANSeS realiza su propia liquidación aplicando Villanustre arroja como resultado un haber inferior y retroactivos percibidos en consecuencia en demasía.

4- Juzgados en donde se produce un cambio de juez y el que viene no comparte los criterios de su predecesor y ordena reliquidar períodos ya liquidados y aprobados.

5.- Casos en los que se aprobó una liquidación sin analizar el art. 79 de la Ley 18.037 y la ANSeS al momento de practicar su liquidación pretende hacer un cargo por abres percibidos indebidamente por la aplicación del tope de acumulación de beneficios a pesar de que la sentencia declare inaplicable el art . 55 de la Ley 18037 o el art. 9 de la Ley 24.463.

6.- Casos en donde es muy simple la liquidación (levantamiento de un tope) y se los manda al Cuerpo de Peritos Contadores, con la demora que ello representa para el cobro.
 

 
Con este esquema un pago puede ser descontado de cualquier liquidación pero nunca imputarse a más de una liquidación. El saldo actual va a reflejar la suma de los saldos positivos o negativos de cada liquidación individual.