Guillermo J. Jáuregui
 
El reajuste de la PBU para fechas de adquisición posteriores a febrero de 2009. Panorama de la jurisprudencia previsional en la ciudad de Buenos Aires
 
El fallo Quiroga, Carlos Alberto de la Corte Suprema

Hace un tiempo, comentamos el fallo Quiroga, Carlos Alberto (1), en esta revista y tratamos de interpretar el procedimiento para determinar si era posible reajustar una PBU con fecha de adquisición anterior a la ley 26.417(01.03.2009). Como la fecha de adquisición del derecho de Quiroga era anterior a marzo de 2009, pensamos que el método para reajustar la PBU aceptado en Quiroga (actualización del AMPO con Badaro), no se podría extender a PBUs posteriores a febrero de 2009, porque a partir de la ley citada la PBU era una suma fija que no se encuentra vinculada al AMPO. También dejamos sentado que debíamos esperar para conocer los criterios de los jueces de primera instancia y de la Cámara de Seguridad Social.

Hay dos cuestiones importantes en el fallo Quiroga para PBUs adquiridas antes de marzo de 2009: la primera es que se acepta la actualización del AMPO con el fallo Badaro y la segunda es que se fija el método para determinar si la quita que se produciría en la PBU, al negarle el reajuste, resulta confiscatoria o no. En el artículo citado pusimos el ejemplo del mismo beneficiario Quiroga para demostrar que su PBU no era reajustable.

Cuando queremos analizar el posible reajuste de PBUs adquiridas luego de febrero de 2009, no podemos soslayar lo dispuesto por el art. 4 de la ley 26.417, que modificó el art. 20 de la ley 24.241 y estableció la PBU en una suma fija($326 y $364,10 a partir del 1.3.2009).
 

Cámara de la Seguridad Social

Sala III

Es absolutamente claro el fallo de la Sala III (2), con el voto del Dr. Fasciolo, en donde niega el reajuste de la PBU adquirida el 30.10.2009, en base a lo  dispuesto por el art. 4 de la ley 26.417. Dice el nombrado que un nuevo examen de la temática lo convence de que no procede el recálculo del valor inicial de la PBU de la actora, ni el reajuste de aquélla, atento que dichos aspectos encuentran suficiente resguardo en el sistema instituido por la ley 26.417.

En casos de PBUs con fecha de adquisición anteriores al mes de marzo de 2009 (3), la Sala III, aplica lo resuelto en Bruzzo, Romilio Amaro(4), en donde actualizó el AMPO con el ISBIC de acuerdo a lo resuelto por la Corte en Elliff hasta la fecha de adquisición y desde ahí en adelante con Badaro-Aumentos. Adaptándose a lo resuelto por la Corte en Quiroga, ahora difiere para la etapa de ejecución el análisis del recálculo de la PBU.

Sala I 

En una sentencia reciente de esta Sala (5), sobre el reajuste de una PBU adquirida el 10.4.2012, el Considerando IV, expresa:  En relación al agravio deducido respecto del ajuste de la PBU cabe realizar la siguiente reflexión. El actor adquirió el beneficio previsional con posterioridad a la vigencia de la ley 26.417. Dicha norma legal, en su artículo cuarto, sustituyó el art.20 de la ley 24.241 y sus modificatorias, además de establecer un nuevo sistema de cálculo móvil en el contexto de  la ley 26.417. Sin perjuicio de ello, en virtud de la doctrina emanada de la CSJN en autos Quiroga Carlos Alberto c/ANSES s/Reajustes Varios., del 11/11/2014, donde se reafirmó la necesaria proporcionalidad del haber con la situación de los activos, cabe adecuar y diferir el análisis de ajuste de dicha prestación para el tiempo de la liquidación en los términos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el citado pronunciamiento.

Según este fallo la existencia del art. 20 reformado de la ley 26.417, no impide analizar el recálculo de la PBU conforme al fallo Quiroga. En este fallo no se objetó la actualización del AMPO con Badaro, sino que solo se reprochó a la Cámara que no haya analizado la incidencia de la mejora de la PBU con relación a toda la prestación. En concreto, a partir de Quiroga si la quita en la mejora de la PBU recalculada no alcanza al 15% de todo el haber, la PBU no es reajustable. Por las razones expuestas, consideramos que este fallo de la Sala I, acepta la aplicación de Badaro para actualizar el AMPO y reajustar las PBUs con fechas de adquisición posteriores a febrero de 2009, pero difiere pronunciarse sobre el reajuste de la PBU hasta que le demuestren en la etapa de ejecución que se cumple el criterio de Quiroga. Es evidente que, si el criterio de la Sala hubiera sido aceptar la PBU fija y no reajustable, lo habría dicho con la misma claridad que lo hizo el Dr. Fasciolo.

Sala II

En una sentencia reciente de esta Sala(6), sobre el reajuste de una PBU adquirida el 9.3.2009, el Dr. Fernández expresa:  En relación al planteo respecto de la PBU, el Alto Tribunal se pronunció en la causa Quiroga, Carlos Alberto c/ANSES s/Reajustes Varios, sentencia del 11 de noviembre de 2014.

En dicho precedente, el Tribunal Cimero puso énfasis en el carácter integral de todos los beneficios de la seguridad social, aspecto del que es parte esencial la correcta fijación del monto inicial de los haberes, pues de otro modo no podría mantenerse una relación justa con la situación de los activos (Considerando 9).

Ello así, continúa, para determinar la validez constitucional de las normas en juego y, eventualmente, adoptar un método para subsanar el daño atribuible a ellas, se debía considerar “qué incidencia tenía la ausencia de incrementos de uno de los componentes de la jubilación sobre el total del haber inicial, pues es éste el que goza de protección  y en caso de haberse producido una merma, constatar si el nivel de quita resultaba confiscatorio” (Considerando 10).

En ese entendimiento considera que no es razonable que la deficiencia señalada redunde en perjuicio del jubilado, por lo que debe dejarse a resguardo su derecho en caso de que, al tiempo de la liquidación, queden acreditados los extremos de hecho necesarios para la procedencia de su reclamo, oportunidad en que podrá replantear la cuestión (doctrina del caso Tudor, publicado en Fallos 327:3251, considerandos 8, 9 y 10) (Considerando 11).

En consecuencia, acorde con la doctrina judicial de dicho precedente, corresponde diferir a la etapa de liquidación la demostración por quien pretende el ajuste de la PBU, de la quita o merma confiscatoria que resulte en relación con los salarios de actividad.

Tampoco este fallo impide el recálculo de la PBU, pese al art. 20 modificado de la ley 26.417, pero como termómetro de la confiscación, si se me permite la expresión, no utiliza la actualización del AMPO con Badaro-Aumentos, como se aceptó en Quiroga, sino que para determinar la viabilidad o no del reajuste de la PBU remite a los salarios de los activos. En un apartado posterior se analizará la relación que existió desde 1994 hasta la actualidad entre la PBU y los salarios de actividad y se podrá ver cómo la PBU desde hace mucho tiempo ha mermado su proporción en relación al haber de los activos.

En casos de PBUs anteriores a marzo de 2009, en las sentencias de esta sala(7), se incluye un párrafo igual al reproducido.
 

Juzgados de Primera Instancia

Juzgado 1

Rechaza el reajuste de la PBU adquirida luego de febrero de 2009 en base al texto de la 26.417 que establece una PBU fija(8).

Juzgado 2

Acepta el reajuste de la PBU con el criterio anterior de la Sala I, actualizando el AMPO con Badaro-Aumentos y declara la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 26.417(9). No menciona al fallo Quiroga de la Corte, ni se refiere a ninguna quita de la PBU que pueda ser considerada o no confiscatoria.

Juzgado 3

A los efectos de justipreciar la procedencia de afectar la PBU a las actualizaciones de Elliff (ISBIC) u otras de igual naturaleza, debe estarse a Quiroga, procediendo a diferir su tratamiento en la vía ejecutiva(10).

Juzgado 4

Rechaza el reajuste de la PBU adquirida el 12.11.2012(11), fundándose en el fallo Rodríguez Jorge Ernesto de la Sala I, que establece el reajuste de la PBU actualizando el AMPO con Badaro. Como Badaro abarca el período 1.1.2002/31.12.2006 y la PBU fue adquirida fuera de ese lapso rechaza el reajuste de la PBU. No se expide sobre el art.20 de la ley 26.417, ni menciona al fallo Quiroga de la Corte.

Juzgado 5

Rechaza el reajuste de la PBU adquirida luego de febrero de 2009, en base al texto de la ley 26.417 que establece una PBU fija(12).

Juzgado 6

En una sentencia del 24.11.2016(13) expresa: En lo que respecta a la Prestación Básica Universal y en concepto de redeterminación de haber inicial, cabe señalar que en el caso del actor se han aplicado las disposiciones del art. 4 de la ley 26.417 y Res. SSS 6/09, art. 5 y posteriores normas cctes., por lo que no se encuentran acreditados los extremos de hecho necesarios para la procedencia de su reclamo. En igual sentido ver lo resuelto por la Excma. C.S.J.N. en la causa “Quiroga, Carlos Alberto C/ANSES s/ Reajustes Varios” del 11 de noviembre de 2014. En esta sentencia se advierte que el magistrado requiere que se demuestre en la etapa de conocimiento el perjuicio que la falta de recomposición del recálculo de la PBU le ocasiona al accionante, cuando en el fallo Quiroga la CSJN, tutelando los derechos del beneficiario, permite acreditar en la etapa de ejecución de sentencia los extremos de hecho que demuestren el daño que le producen  las normas cuya validez constitucional ha sido cuestionada. En este sentido el Alto Tribunal exige como condición ineludible para la declaración de inconstitucionalidad que se acredite el perjuicio y la lesión que le origina al demandante la norma que ataca.

Juzgado 7

En una sentencia del 7.2.2017(14) expresa: Distinta solución merecerá quien obtuvo su prestación ya en vigencia de la ley 26.417, dado que dicho cuerpo legal y sus disposiciones reglamentarias prevén la actualización de la referida PBU y no se advierte configurado agravio al respecto en este estadio del proceso.

Juzgado 8

En una sentencia del 14.11.2016(15) expresa: En cuanto a la pretensión deducida en la demanda por la que se requiere la redeterminación de la PBU, si bien esta Magistrada en numerosos precedentes ha resuelto acerca de su procedencia en determinadas circunstancias fácticas, innegables razones de economía procesal imponen en la actualidad seguir las pautas establecidas por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Quiroga, Carlos Alberto c/ANSES s/Reajustes Varios”, sentencia del 11.11.14, a cuyos fundamentos corresponde remitirse (considerandos 7, 8, 9 y 10 del fallo citado). Por tales consideraciones se desestima la pretensión deducida en dicho sentido, dejando a resguardo el derecho de  la parte actora en caso de que, al tiempo de la liquidación, queden acreditados los extremos de  hecho necesarios para la procedencia del reclamo, oportunidad en que podrá replantear la cuestión (Conf. Considerando 11 de la sentencia citada precedentemente).

Juzgado 9

En una sentencia del 22.9.2016(16) expresa: Por ello, considerando que la PBU ha sido determinada mediante un procedimiento que contempla los incrementos otorgados a todos los beneficiarios con anterioridad a la sanción de la ley 26.417 y que, con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, la prestación se ve incrementada mediante la aplicación de la metodología establecida por la Res. SSS 6/09, no corresponde hacer lugar al recálculo de la prestación conforme lo solicitado. Sin perjuicio de ello, corresponde estarse a lo resuelto por la Excma. C.S.J.N. in re “Quiroga, Carlos Alberto c/ANSES Sent CSJN 11/11/2014”, según la cual en la etapa de ejecución de la sentencia, el actor deberá acreditar los extremos de hecho necesarios para la procedencia del reclamo, y que la merma aducida es confiscatoria.

Juzgado 10

En una sentencia del 1.2.2017(17) expresa: En este orden diferiré el tratamiento del eventual planteo de actualización de la PBU para el momento en que se practique la liquidación definitiva. En esa oportunidad, el actor deberá en su caso, acreditar los extremos de hecho necesarios para la procedencia del reclamo y que la merma aducida es confiscatoria (Confr. CSJN, “Quiroga, Carlos Alberto c/ANSES” Sent. del  11/11/2014).

A tales efectos, con el objetivo de fijar correctamente el monto total del haber inicial,  las partes deberán incorporar en el cómputo a practicar un cálculo del que resulte la incidencia de la falta de aumento del componente de la jubilación en trato, sobre el total del haber inicial. Con tal propósito y toda vez que el Tribunal Supremo en el precedente antes citado ponderó que las normas que rigen la PBU la vinculan con las variaciones salariales; entiendo que aquéllas al concretar la liquidación definitiva deberán actualizar el valor del MOPRE vigente desde 1997 hasta el momento en que el afiliado adquirió su derecho o hasta su sustitución por el establecido en la ley 26.417, mediante la aplicación analógica del índice propuesto por el mismo tribunal en el precedente Elliff para actualizar las otras prestaciones que integran el haber. Posteriormente, sumarán el resultado obtenido a los montos actualizados de la Prestación Compensatoria y de la Prestación Adicional por Permanencia (en adelante PC y PAP), a las que seguidamente me referiré y finalmente compararán los cómputos realizados para determinar si la actualización indicada genera una quita superior al 15% en el monto total del haber inicial. De ser así, corresponderá realizar el “test de razonabilidad  pretendido y se aprobará el cálculo que refleje sus conclusiones.
 

Comparación de la PBU y el sueldo promedio del RIPTE durante toda la vigencia de la ley 24.241

Una forma simple y efectiva de probar el deterioro de la PBU a lo largo de todo el período 1994/2016, es comparar qué porcentaje del sueldo promedio representó la PBU.
 
Cese 
RIPTE 
PBU 
% PBU/RIPTE 
31.12.1994 
936,83 
157,5 
16,81% 
31.12.1995 
944,4 
187,5 
19,85% 
31.12.1996 
944,4 
190 
20,12% 
31.12.1997 
944,4 
200 
21,18% 
31.12.1998 
944,4 
200 
21,18% 
31.12.1999 
944,4 
200 
21,18% 
31.12.2000 
944,4 
200 
21,18% 
31.12.2001 
944,4 
200 
21,18% 
31.12.2002 
944,4 
200 
21,18% 
31.12.2003 
1040,73 
200 
19,22% 
31.12.2004 
1102,69 
220 
19,95% 
31.12.2005 
1371,54 
220 
16,04% 
31.12.2006 
1672,88 
244,2 
14,60% 
31.12.2007 
2042,46 
310,44 
15,20% 
31.12.2008 
2628,32 
326 
12,40% 
31.12.2009 
3015,95 
390,83 
12,96% 
31.12.2010 
3885,52 
422,91 
10,88% 
31.12.2011 
5280,28 
677,62 
12,83% 
31.12.2012 
6985,82 
888,04 
12,71% 
31.12.2013 
8743,73 
1170,23 
13,38% 
31.12.2014 
11953,5 
1526,75 
12,77% 
31.12.2015 
15800,97 
2031,04 
12,85% 
31.12.2016 
20422,65 
2674,54 
13,10% 
 

 
El haber de la prestación básica universal estaba regulado en el art. 20 de la ley, que disponía que sería equivalente, para aquellos afiliados que acreditaran 30 años de aportes, a 2.5 ampos/mopres, y se incrementaría a razón del 1% por cada año que excediera los 30 y hasta un máximo de 45 años. Por el artículo 4to.de la ley 26.417, que modificó el art. 20 de la ley 24.241, la PBU pasó a ser una suma fija ($326), a partir del primero de marzo de 2009 ($364,10), que no recibe ninguna bonificación por la prestación de más de 30 años de servicios.

En tal sentido, la nueva norma no prevé un cálculo específico de esta prestación (tal como hasta ese entonces se realizaba= 2,5 x AMPO-MOPRE), sino que a partir de marzo de 2009 el monto de la PBU es fijo ($364,10), con la movilidad de los aumentos generales. Esto equivale a tomar una PBU de 200$ al 31.5.2006 y darle todos los aumentos ocurridos entre junio de 2006 y marzo de 2009 ($200 x 1,11 x 1,13 x 1,125 x 1,075 x 1,075 x 1,1169= 364,26), sin el aumento del 10% del 1.9.2004 para los que cobraban menos de $1000.

Lo que se ha hecho es convertir una prestación que estaba atada al módulo de movilidad AMPO-MOPRE, en una prestación de monto fijo al 1.3.2009 y con la movilidad general a partir de esa fecha. Con esta reforma se deja sin actualización la PBU original desde el 1.1.2002/31.12.2006 que, con la doctrina del fallo Badaro que da un incremento del 88,57% en ese lapso (incremento del Indice de Salarios del INDEC), haría que la PBU del 1.1.2007 con el aumento del 13% representara $426,17 (200 x 1,8857 x 1,13= $426,17) y traída hasta el 1.3.2009 llegaría a $618,82 muy superior a los $364,10 fijados en la ley 26.417 y Res. 6/09-SSS. Se prescinde de la doctrina de Badaro, eludiendo el aumento del 88,57% y de esa forma se pone un escollo a la segura badarización de las PBU iniciales, porque ahora la ley no vincula más el monto de la PBU con el AMPO-MOPRE.

Esta reforma desnaturaliza el significado de la PBU, que en su origen representaba el 27,5% del haber medio de todos los trabajadores. Como el AMPO era el promedio de aportes de todos los trabajadores registrados y el aporte representaba el 11% del sueldo, la PBU de 2,5 AMPOS equivalía a 2,5 x 0,11 del sueldo promedio de todos los trabajadores aportantes o lo que es lo mismo el 27,5% de dicho sueldo. Según el RIPTE el sueldo medio de los asalariados aportantes al mes de noviembre de 2016 está en $20.422,65, el AMPO/MOPRE sería $2.246,49 y en consecuencia a esa fecha la PBU debería ser $5.616,23 y no $2.674,54.

Por esas razones creemos que las PBUs posteriores a febrero de 2009, nacen confiscadas y esto es así, ya que la base de este monto fijo de $ 364,10 no es más que la misma PBU anterior a la que se le adicionaron los aumentos generales de junio de 2006 a marzo de 2009, omitiendo el reajuste ordenado en el fallo Badaro. La insuficiente actualización de las prestaciones en el período 1.1.2002/31.12.2006, señalada y reparada por la Corte en Badaro, es plenamente aplicable a la nueva PBU fija porque ésta, con la reforma de la ley 26.417, solo recibió en ese período el 16% de incremento.

Si no se corrigen las incorrectas PBUs nacidas desde el 1.3.2009, se genera una desigualdad entre las PBUs anteriores reajustadas con Badaro y aquéllas que no reciben esta actualización.

Es importante recalcar que el hecho de que una norma establezca un monto fijo, no debe implicar que dicho monto sea incausado, discrecional, basado sólo en la propia voluntad del que lo determina.

Sin duda, la prestación previsional –de la que la PBU es una parte- debe cumplir con la garantía de integralidad del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de allí que el Estado no es libre de fijar cualquier monto para la PBU.

En tal sentido, establecer una prestación profundamente devaluada, no hace más que ratificar que el monto de la nueva PBU fue fijado con absoluta arbitrariedad.

De allí entonces, que si aceptamos la PBU de abril/97 a diciembre/01, fijada en $ 200 y sobre ella aplicamos la evolución del propio índice elegido por ella para la actualización de las remuneraciones (ISBIC febrero 2009 / ISBIC mayo 2003 = 1.213.938,4 / 226.742,3 = 5,3538) y a partir de la ley 26.417, la cadena de aumentos hasta septiembre de 2016 (6,324), la PBU fija al 1.9.2016 debió ser $6.771,49 ($200 x 5,3538 x 6,324)y no la PBU fija de $2.674,54.

La confiscatoriedad que produce la PBU oficial de $2.674,54 (septiembre 2016), respecto de la correcta PBU que debió establecerse al 1.9.2016($6.771,49) es del 60,5%, lo que resulta inaceptable.

No puede dejar de señalarse que esto otorgaría un real armonía al sistema, ya que si las remuneraciones deben ser actualizadas hasta esta fecha (causa “Elliff”), lo mismo debería ocurrir con la porción “fija” del haber previsional.

Al expedirse en el caso Quiroga, Carlos Alberto, la Corte ha expresado que invariablemente ha reconocido la amplitud de facultades con que cuenta el legislador para organizar el sistema previsional, aunque señaló que debían ejercitarse dentro de ciertos límites, es decir, de modo de no afectar de manera sustancial los derechos emergentes de la Seguridad Social (Fallos: 311:1937 y 329:3089, entre otros) o conducir a resultados confiscatorios o arbitrariamente desproporcionados (Fallos: 173:5; 197:60; 278:232; 300: 616; 303:1155; 308:615; 321:2181; 323:4216; 327:478, entre muchos otros). Además, la Corte destacó, en ese fallo, que la Constitución Nacional reconoce el carácter integral de todos los beneficios de la Seguridad Social (Fallos: 328:1602 y 2833), aspecto del que es parte esencial la correcta fijación del monto de los haberes, pues de otro modo no podría mantenerse una relación justa con la situación de los activos.

Cuando se reajusta la PBU con Badaro se puede observar que ésta no declina y mantiene una proporción razonable con el sueldo de los activos.
 
Cese 
RIPTE 
    PBU BADARO            %PBU/RIPTE 
31.12.1994 
936,83 
157,5 
16,81% 
31.12.1995 
944,4 
187,5 
19,85% 
31.12.1996 
944,4 
190 
20,12% 
31.12.1997 
944,4 
200 
21,18% 
31.12.1998 
944,4 
200 
21,18% 
31.12.1999 
944,4 
200 
21,18% 
31.12.2000 
944,4 
200 
21,18% 
31.12.2001 
944,4 
200 
21,18% 
31.12.2002 
944,4 
200 
21,18% 
31.12.2003 
1040,73 
215 
20,66% 
31.12.2004 
1102,69 
240,8 
21,84% 
31.12.2005 
1371,54 
263,4 
19,20% 
31.12.2006 
1672,88 
316,8 
18,94% 
31.12.2007 
2042,46 
478,75 
23,44% 
31.12.2008 
2628,32 
553,26 
21,05% 
31.12.2009 
3015,95 
663,29 
21,99% 
31.12.2010 
3885,52 
839,05 
21,59% 
31.12.2011 
5280,28 
1150,04 
21,78% 
31.12.2012 
6985,82 
1507,15 
21,57% 
31.12.2013 
8743,73 
1986,08 
22,71% 
31.12.2014 
11953,5 
2591,17 
21,68% 
31.12.2015 
15800,97 
3447,06 
21,82% 
31.12.2016 
20422,65 
4539,21 
22,23% 
 

 

Conclusiones

1) En este momento, la mayor  parte de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires han aceptado el criterio de la Corte en el fallo Quiroga, sobre el procedimiento para medir la confiscatoriedad en el cálculo de la PBU reajustada, cualquiera sea la fecha de adquisición;

2) Para fechas de adquisición posteriores a febrero de 2009 se presentan las siguientes posturas:

-  Rechazo del reajuste de la PBU: La Sala III de la Cámara de la Seguridad Social y los juzgados 1, 5 y 7, rechazan el reajuste de la PBU en base a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 26.417, que reformó el artículo 20 de la ley 24.241 y creó una PBU fija, desvinculada del AMPO-MOPRE;

- Aceptación tácita del reajuste de la PBU, aplicando Badaro sobre la PBU histórica de $200, pero difiriendo el análisis del reajuste de la PBU y de la confiscatoriedad para el momento de la  ejecución de la sentencia conforme al fallo Quiroga: Este es el criterio de la Sala I de la Cámara;

- Aceptación tácita del reajuste de la PBU, aplicando los salarios de actividad sobre la PBU histórica de $200, pero difiriendo el análisis del reajuste de la PBU y de la confiscatoriedad para el momento de la  ejecución de la sentencia conforme al fallo Quiroga: Este es el criterio de la Sala II de la Cámara;

- El resto de los juzgados tienen posturas diversas que ya fueron sintetizadas.

Mientras que hace un tiempo el reajuste de las PBUs adquiridas antes de la ley 26.417 era aceptado por las Salas I y III, ahora, para el reajuste de las PBUs posteriores, son las Salas I y  II las que lo aceptan tácitamente, pero difieren su tratamiento para la etapa de ejecución de sentencia.

3) Hasta tanto la Corte se expida sobre el reajuste de las PBUs posteriores a la ley 26.417 el panorama luce con muchos matices y variaciones dependiendo de quién resuelva el tema mediante una sentencia firme.
 

Modificaciones en el software de la revista

Consideramos conveniente advertir al usuario, en el caso que pida el reajuste de la PBU, que la aplicación del criterio de confiscatoriedad del fallo Quiroga puede impedirlo en casos concretos. Por tal razón, cuando ello ocurre, un cartel advierte sobre esta cuestión para que insista o desista del reajuste de la misma.

Notas: