María Alejandra Guillot
 
Derecho a pensión: implicancia de los alimentos y compensaciones económicas(1)
 
I.- Introducción

El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), que se encuentra vigente desde el 1° de agosto de 2015, contiene innovaciones referidas a las relaciones de familia, que impactan en el derecho a pensión, regulado en la normativa previsional.

Ello ocurre porque esta prestación tiene carácter sustitutivo(2), en el ámbito de la estructura familiar, del ingreso que, en vida, aportaba la persona fallecida. El legislador previó diferentes situaciones frente al desamparo que el deceso provoca, entre las que consideró el acceso al beneficio de pensión por parte de quienes se encontraban unidos por el vínculo matrimonial, o quienes convivían “en aparente matrimonio”; y, en su caso, la concurrencia entre conviviente-cónyuge.

Ahora bien, la realidad da cuenta de la transformación de la familia, que actualmente comprende no sólo a la derivada del matrimonio y las uniones convivenciales (entre personas de igual o distinto sexo), y que, a su vez, pueden conformar una familia ensamblada(3); sino que también incluye a los hogares monoparentales. El derecho no debe ser indiferente a estos cambios, máxime cuando se trata de la seguridad social; y dentro de ella, el derecho previsional, cuyos principios tuitivos y universales afianzan la cobertura de riesgos de subsistencia.

Precisamente, el Código Civil y Comercial reconoce la constitucionalización del derecho familiar y se afianza en el sistema de derechos humanos, desde su título preliminar (artículo 1°). De este modo, amplía su protección más allá de la familia nacida del matrimonio, e incluye, en sus alcances, a las surgidas de uniones convivenciales, a las familias monoparentales y a las ensambladas; estableciendo derechos y garantías en cada caso, siendo concebido, el derecho alimentario, como un derecho humano que surge del sistema internacional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional) (4).

Tanto para el matrimonio –artículo 431– como para las uniones convivenciales –artículo 519–  el Código Civil y Comercial establece un deber de asistencia basado en la solidaridad familiar a partir de la existencia de un proyecto de vida en común; y, si bien reconoce respecto de los esposos –tal como se señaló en los Fundamentos del Anteproyecto– el valor axiológico de la cohabitación y del deber moral de fidelidad, su incumplimiento no tiene efectos jurídicos debido a que el divorcio pasa a ser incausado, al eliminarse los motivos subjetivos de ruptura del vínculo.

De este modo, el Código deja de lado el concepto “culpa” (que estaba arraigado en el viejo Código Civil para valorar las consecuencias de la separación o el divorcio, especialmente cuando se trataba de las obligaciones alimentarias) y, en cambio, establece alimentos y las pautas para su fijación, mientras los cónyuges hagan vida en común o estén separados de hecho (artículo 432). Una vez divorciados, esta obligación puede subsistir por acuerdo de partes o ante dos supuestos excepcionales (artículo 434), atento la valorización del principio de autosuficiencia.

Como una nota distintiva entre la familia matrimonial y la familia convivencial, hay que precisar que en el Código vigente no existe una obligación alimentaria para los convivientes, cuando cesa la unión.

También en el Código Civil y Comercial se incorpora la figura de la compensación económica ante la ruptura de la pareja, con fundamentos en la solidaridad familiar porque se considera que el matrimonio o la unión convivencial no tienen que ser causa fuente de enriquecimiento o empobrecimiento de un cónyuge o conviviente, a costa del otro. Se prevé la posibilidad que los cónyuges y los convivientes acuerden o el juez establezca, compensaciones económicas que aminoren un desequilibrio económico manifiesto (artículos 441 y 524, respectivamente).

Asimismo, el Código Civil y Comercial derogó la figura de la separación personal, de escasa aplicación práctica(5).

El nuevo paradigma normativo de la familia impacta necesariamente en la pensión, cuyo carácter sustitutivo es apreciado, conforme conceptos contenidos en la normativa específica: culpa, alimentos regulados en función de ella, divorcio sancionatorio y separación personal; que fueron derogados por el Código Civil y Comercial, al dar preponderancia a la autonomía de la voluntad, la igualdad y el principio de autosuficiencia.

Existe una tensión derivada de las posibles contradicciones entre las normas aplicables a la pensión y el Código Civil y Comercial,  además de un vacío legal en el derecho de la seguridad social en cuanto al reconocimiento de otras estructuras familiares tales como los hogares monoparentales, las familias ensambladas, las derivadas de uniones convivenciales o matrimoniales entre personas del mismo sexo; circunstancias éstas que pueden producir situaciones de inequidad e inseguridad jurídica cuando la Administración o el Juez apliquen la normativa vigente, al caso concreto.

De allí que urge una armonización entre el derecho previsional vigente y el Código, en la que prevalezca este último, cuyas directrices responden a una realidad de la familia, con perspectiva de derechos humanos.

Si bien el derecho previsional es especial, no pueden pasarse por alto sus fundamentos axiológicos, que son netamente tuitivos respecto de la prestación alimentaria de pensión, que protege a la familia del causante.

Precisamente por ello, nada más alejado de sus principios, que una visión sesgada y recortada de la realidad, que el Código Civil y Comercial ha normado con una finalidad protectora máxima. Así, por ejemplo, no resulta razonable verificar la conformación y requisitos de una unión convivencial a la luz de una normativa especial que fue formulada cuando todavía no existía su regulación en un marco general (como sí ocurre hoy) y por esto mismo obedece a la ideología de la época, donde era impensado el matrimonio o una convivencia entre dos personas del mismo sexo, o que la violencia de género fuera una causal válida de interrupción de la vida en común.

En el presente trabajo se analizarán las implicancias del derecho alimentario y las prestaciones compensatorias reglados en el Código Civil y Comercial, respecto al acceso al beneficio de pensión.  Se focalizará en la ruptura matrimonial, la concurrencia entre ex-cónyuge y conviviente, los alimentos y las prestaciones compensatorias. Para facilitar su comprensión se hará previamente una referencia al derecho alimentario entre cónyuges, a las compensaciones económicas y a la normativa previsional referida al derecho a pensión.
 

II.- Derecho alimentario entre cónyuges y compensaciones económicas

En el Libro Segundo del Código –Relaciones de Familia– el Título I se refiere al Matrimonio y dentro de éste se regulan los derechos y deberes derivados de su celebración –Capítulo 7, entre los que se encuentra la prestación alimentaria (artículos 432 al 434). En el Capítulo 8 se introduce la figura de la compensación económica (artículos 441 y 442).

El Título III legisla respecto de las uniones convivenciales, y en su  Capítulo 4 se establecen los efectos del cese de la convivencia, donde se menciona el derecho a la compensación económica, de modo similar al supuesto del divorcio (artículos 524 y 525).

II.- a) Alimentos entre cónyuges:

El artículo 432 CCyC determina la existencia de una obligación alimentaria recíproca entre los esposos, durante la vida en común y durante la separación de hecho.

Una vez efectuado el divorcio, la prestación alimentaria entre los ex cónyuges es excepcional y únicamente resulta obligatoria en los supuestos previstos expresamente en el artículo 434 CCyC o en caso que las mismas partes así lo convengan(6).

Las reglas supletorias que rigen esta obligación, en cuanto sean compatibles, son las relativas a los alimentos entre parientes; de allí que el alimentado debe acreditar su necesidad, su falta de recursos o la imposibilidad de obtenerlos y la posibilidad del alimentante, de proveerlos.

El artículo 433 CCyC fija determinadas pautas a tener en cuenta para la cuantificación de los alimentos durante la vida en común y la separación de hecho, entre ellas:
 

También en el artículo 433 se establecen las causales de cese de la obligación alimentaria entre cónyuges:
 

Por aplicación del principio de autosuficiencia y del postulado de “igualdad de oportunidades”  se procura que cada uno de los cónyuges pueda sostenerse por sí mismo en el nuevo proyecto de vida que emprenda, sin que exista una dependencia económica del otro, para evitar las situaciones desagradables que el sometimiento económico genera. En este sentido, se afirma que no se propicia un abandono del esposo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, sino que la prestación alimentaria queda reservada a las situaciones excepcionales previstas en la norma(7).

El artículo 434 CCyC prevé dos supuestos de alimentos post divorcio:
 

De acuerdo al carácter restrictivo de la obligación alimentaria, el quantum de la cuota es fijado para cubrir las necesidades de subsistencia, y se tienen en cuenta la edad y estado de salud de ambos esposos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo por parte de quien solicita alimentos, así como la atribución de la vivienda familiar (artículo 433, incisos b, c y e, CCyC).

La norma estipula un lapso para la obligación alimentaria, ya que no puede extenderse más allá del número de años que duró el matrimonio; por lo que se extinguen al vencimiento del plazo por el que se estipularon; y no procede a favor del que recibe una compensación económica, por cuanto son excluyentes entre sí.

En cuanto al cese, el artículo 434 CCyC reitera las causales del artículo 433 del mismo cuerpo legal.

El Código ha cambiado de modo significativo la prestación alimentaria con posterioridad al divorcio, por lo que, una vez dictada la sentencia que pone fin al vínculo matrimonial, el deber alimentario entre los ex cónyuges se debilita, pero no desaparece ya que deben socorrerse ante situaciones excepcionales: falta de recursos propios suficientes e imposibilidad razonable para procurárselos por sí mismo; sin embargo no procede si quien pretende el derecho alimentario percibió la prestación compensatoria en los términos de los artículos 441 y 442 CCyC(8).

II.b) Prestaciones Compensatorias

Esta novedosa figura utilizada en el derecho comparado –prevista como un efecto del divorcio y también como un resultado posible en relación al cese de las uniones convivenciales–, es delineada en el Código Civil y Comercial como una herramienta que promueve la responsabilidad familiar, cuando existe una desigualdad patrimonial causada por la asignación de roles y responsabilidades en la pareja matrimonial o convivencial, que pueden llevar, por ejemplo, a postergaciones y renuncias de desarrollo personal y profesional. Se persigue “compensar” el perjuicio económico que la ruptura de la pareja provoca a uno de sus miembros, pero no busca igualar patrimonios ni tampoco garantizar el nivel de vida que se tenía mientras estaban juntos; se expresa mediante una prestación de contenido económico(9).

La compensación económica en el divorcio está regulada en los artículos 441 y 442 CCyC, donde se establece que puede consistir en:
 

La renta por un tiempo indeterminado sólo es admisible entre cónyuges y es excepcional, además excluye el reclamo alimentario (artículo 434 CCyC).

Se especifican distintas modalidades de pago: en dinero, con el usufructo de determinados bienes, o conforme lo acuerden las partes o lo decida el magistrado.

Se fijan, asimismo, las pautas para su procedencia mediante una enumeración que no es taxativa y que el juez debe tener en cuenta, cuando las partes no se han puesto de acuerdo en el convenio regulador del divorcio (fuente convencional): estado patrimonial de cada uno de los esposos al inicio y a la finalización de la vida matrimonial, la dedicación de cada uno a la familia y a la crianza de los hijos, la edad y el estado de salud de los cónyuges e hijos, entre otros.

Esta prestación no está relacionada con la culpa o la inocencia en el divorcio, y como tal tres condiciones fácticas deben reunirse para su procedencia:
 

El artículo 442 CCyC contiene un plazo de caducidad de seis meses para reclamar la compensación económica, que debe contarse a partir del dictado de la sentencia que decreta el divorcio; y por el que se procura que las cuestiones patrimoniales sean resueltas al momento del divorcio y no mucho tiempo después.

Recientemente, se ha indicado que “La ex cónyuge tiene derecho a percibir una compensación económica en los términos del artículo 441 del Código Civil y Comercial de parte de su ex marido, toda vez que a partir del cese de la convivencia conyugal de 27 años, su situación patrimonial se vio gravemente desmejorada, a diferencia de lo que ocurrió con el otro cónyuge, quien tuvo un buen pasar, provocándose, así, un desequilibrio que tuvo causa adecuada en la ruptura del vínculo; máxime al tener en cuenta que durante la vigencia del matrimonio, la mujer puso bienes propios –casa de veraneo y hogar conyugal– al servicio de la dinámica familiar” (conf. CNCiv, Sala I, “M.L., N. c/D.B., E.A. s/fijación de compensación”, sentencia del 31 de mayo de 2019(11)).

En este caso, en el que se confirmó lo decidido en la anterior instancia, es también interesante y enriquecedor el abordaje desde la perspectiva de género –elemento crucial para dilucidar, con equidad, estas cuestiones–, efectuado por la magistrada actuante.  Así puntualizó, con agudeza, que: “En definitiva, de las pruebas de autos se deduce que la división de roles entre los cónyuges M.L. y D.B., basada en estereotipos de género, encuentra causa adecuada en el matrimonio y provoca que, tras su ruptura, la posición económica de la mujer sea claramente inferior a la del hombre, y su capacitación laboral y posibilidad de acceso al empleo resulte escasa, máxime teniendo en cuenta que la Sra. M.L. cuenta en la actualidad con 70 años” (conf. sentencia dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 92, en los mismos autos, de fecha 17/12/2018).

Asimismo, en otro pronunciamiento se señaló que “… tal como exige el art. 441 CCN, para que se ponga en marcha este mecanismo, debe haberse producido un desequilibrio económico manifiesto, sin importar el estado de necesidad de uno u otro, pero que llevan a un grado de desigualdad de oportunidades y en la inserción para afrontar la vida después de la ruptura, en forma independiente, cada uno de ellos … Lo equitativo y razonable no es aquí la búsqueda de una nivelación o igualación patrimonial entre las partes, sino la recomposición del correspondiente a uno de ellos por el “empobrecimiento” –generalmente por la frustración o postergación del crecimiento propio, pérdida de chances u oportunidades y ayudas que hubiere brindado– a la par y vinculado al ‘enriquecimiento’ del otro, durante la convivencia” (conf. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, “G., M.A. c/D.F., J.M. s/alimentos”, sentencia del 25 de octubre de 2016).

En las uniones convivenciales, la compensación económica está reglada en los artículos 524 y 525 CCyC, y es similar a la regulada para el matrimonio; con la excepción de que no procede la compensación por tiempo indeterminado, ya que existe un límite temporal: no puede ser mayor a los años de duración de la convivencia. También, ante la muerte o ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los convivientes, el otro puede presentarse en el juicio sucesorio y pedir la compensación a los herederos del causante.

Se presentan diferencias entre el derecho alimentario y las compensaciones económicas porque, pese a que éstas se apoyan en la solidaridad familiar, no tienen naturaleza asistencial y sí patrimonial, al corregir situaciones de desigualdad.

Además, como se indicó, existe una incompatibilidad entre las prestaciones económicas y los alimentos con posterioridad al divorcio (artículo 434 CCyC), porque no se pueden reclamar si ya se ha recibido una compensación; exclusión que revaloriza el principio de autosuficiencia y destaca lo restrictivo del derecho alimentario post divorcio.

Las principales distinciones pueden resumirse en que las compensaciones económicas no atienden a la subsistencia sino que buscan enmendar el desequilibrio patrimonial que se manifiesta por el enriquecimiento injusto del obligado al pago; es decir que ponderan, en el caso particular, cuánto afectó al desarrollo económico de cada uno de los cónyuges o convivientes, tanto el matrimonio como el divorcio en un caso y la convivencia y su cese, en el otro. A diferencia de los alimentos, no tienen en cuenta una situación de necesidad ni tampoco pueden ser modificables, ya que atienden a las circunstancias precisas al momento de la ruptura de la pareja.
 

III.- Derecho a pensión: normativa previsional vigente respecto a los cónyuges y convivientes

El beneficio de pensión, que se otorga a los causahabientes (beneficiarios) cuando fallece la persona a cuyo cargo se encontraban, tiene carácter sustitutivo de los ingresos que, en vida, aportaba el o la causante al grupo familiar; por ello se intenta paliar, con esta prestación, el estado de necesidad derivado de la falta del sostén económico. CFSS, Sala I, “Larralde, Adriana c/ANSeS s/pensiones”, sentencia del 25/04/2011).

Debe tenerse presente que el derecho pensionario de los causahabientes surge en virtud de un título que otorga la ley, por lo que se es continuador  legal por derecho propio y no por carácter hereditario (conf. doctrina de la CSJN, “Salgueiro, Élida Josefa c/ANSeS s/reajustes por movilidad”, sentencia del 3/12/02) (12).

El artículo 53 de la Ley 24.241 –que rige actualmente– define los derechohabientes que acceden a la pensión, entre los que se encuentran el viudo, la viuda y los convivientes. Cuando se refiere a la concurrencia entre cónyuge y conviviente, le atribuye a la culpa y a los alimentos, un rol preponderante. Dispone, en lo pertinente, que: “En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante:
 

... En los supuestos de los incs. c) y d) se requerirá que el o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos años cuando exista descendencia reconocida por ambos convivientes. El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.”

Por su parte, el vigente artículo 1º de la Ley 17.562 –B.O. 5/12/1967, según la modificación introducida por la Ley 23.263– establece: “No tendrán derecho a pensión: a) El cónyuge que, por su culpa o por culpa de ambos, estuviera divorciado o separado de hecho al momento de la muerte del causante, excepto cuando el divorcio hubiera sido decretado bajo el régimen del art. 67 bis de la Ley 2.393 y uno de los cónyuges hubiera dejado a salvo el derecho a percibir alimentos”.

En el texto de la norma se han subrayado las referencias tanto a los alimentos como a la culpa, así como también la necesidad de acreditar un período de cinco años de convivencia para acceder al beneficio.

Se reitera la necesidad de superar las discordancias existentes entre el sistema previsional actualmente vigente y la ley civil general, integrando aquél con el Código, para soslayar las contradicciones y omisiones que perjudican a quienes peticionan este tipo de derechos alimentarios y que, a continuación, serán reseñadas.
 

IV.- La pensión frente a los alimentos y prestaciones económicas regulados en el Código Civil y Comercial

Existen diferentes situaciones a considerar, para el otorgamiento del beneficio de pensión,  según se trate de las parejas unidas por el vínculo matrimonial o que integran una unión convivencial. A fin de determinar más claramente el análisis, se contrapondrán la normativa previsional vigente y los preceptos del Código Civil y Comercial, en cada una de ellas.

IV.a) Separación de hecho:

En este caso, la subsistencia del vínculo matrimonial juega a favor del cónyuge supérstite en el ámbito de la normativa previsional vigente de la mano del concepto “culpa“: se presume su inocencia mientras no se demuestre categóricamente lo contrario, aun cuando se trate de casos en que se concurre con el o la conviviente. De este modo, al cobrar relevancia las causales subjetivas de la ruptura matrimonial y dejarse de lado el carácter sustitutivo de la prestación, en muchas oportunidades ha obtenido el beneficio alguien que no dependía económicamente del causante y hasta ha llegado a coparticipar (en partes iguales), con la persona que sí convivió hasta que ocurrió su deceso y, por ende, estaba realmente bajo su amparo.

El Código Civil y Comercial regula el deber alimentario de los cónyuges separados de hecho y por ello, conforme estas pautas, si el causante otorgaba alimentos existe un estado de necesidad derivado de su deceso, que haría procedente la pensión.

En este sentido, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, armonizó la normativa previsional con los preceptos del Código Civil y Comercial y examinó el derecho a pensión de los cónyuges separados de hecho, desde el carácter sustitutivo del beneficio pretendido: “Una vez reivindicado el carácter sustitutivo del beneficio pretendido (pensión), resta analizar si en el caso de autos se han arrimado elementos de prueba fehacientes sobre la situación de desamparo que produjo a la actora, el deceso del cónyuge de quien se había separado años antes, que justifique que el sistema previsional concurra a suplir el aporte económico interrumpido como consecuencia de esa muerte. La respuesta negativa se desprende… pues en sede administrativa quedó claro que la mentada separación se produjo ‘sin mediar asistencia alimentaria’, desde que la actora se sostuvo merced a su propio trabajo (ver su declaración y la de dos testigos … de las actuaciones incorporadas digitalmente) y esa evidencia no se modificó en sede judicial, desde que no se produjo prueba alguna al respecto, siendo que esa carga procesal pesaba sobre la parte actora (artículo 377 CPCCN)” (conf. CFSS, Sala III, “Torres Fortunata c/ANSeS s/pensión”, sentencia del 29 de octubre de 2018).

Cabe acotar que, en el Código Civil y Comercial, la obligación alimentaria recíproca que abarca el período de la separación de hecho (artículo 432) está orientada por el principio de autosuficiencia (se pondera el tiempo de cohabitación y el de separación); sin embargo, esta variable no es contemplada para el otorgamiento de la pensión en el derecho previsional vigente.

Puede ocurrir que, iniciado el trámite de divorcio, el cónyuge separado de hecho aun perciba alimentos por parte del alimentante y ocurra el deceso de éste, sin haberse arribado a una sentencia. Así, si los alimentos han sido pautados por determinado tiempo por aplicación del principio de autosuficiencia, la percepción de por vida del beneficio resulta contrario a aquél. Si ya se dictó sentencia, y los alimentos no se convinieron o no fueron peticionados en vida del causante, no corresponde el otorgamiento de la pensión al ex cónyuge supérstite.

IV. b) Divorcio:

En el caso del ex cónyuge divorciado, para franquear el acceso a la pensión en los términos del artículo 1° de la Ley 17.562 y artículo 53 de la Ley 24.241, se tienen en cuenta dos elementos: la culpa y los alimentos, valorados de acuerdo a la letra del código civil derogado.

Ahora bien, como se resaltó, el Código Civil y Comercial deja de lado la culpabilidad al regular un divorcio incausado; y respecto de los alimentos, el elemento que incide es la vulnerabilidad (obligatorios) y la autonomía de la voluntad (voluntariamente pactados). Por ello, el derecho previsional debe adaptar su normativa a este nuevo paradigma.

Si el art. 432 CCyC regula que con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria sólo se debe en los supuestos previstos (art. 434 CCyC, en situación de vulnerabilidad) o por acuerdo entre las partes; el derecho previsional debe integrarse en consonancia. Cuando el causante pagaba alimentos (o estos habían sido reclamados en vida por invocación del artículo 434 CCyC) la pensión debe abonarse al ex cónyuge teniendo en cuenta las condiciones regladas en el Código; circunstancias éstas que una normativa armonizadora debe contemplar.

IV. c) Concurrencia ex cónyuge-conviviente:

Asimismo, cabe tener en cuenta que el texto del artículo 53 de la Ley 24.241, que otorga a los convivientes(13) el derecho a pensión, condiciona su acceso a la acreditación de la vida en común por un lapso de cinco años, que se reduce a dos cuando hay hijos en común; y en este punto también existen diferencias con el Código Civil y Comercial, ya que éste fija, un período no inferior a dos años, sin distinguir cuando hay descendencia en común o no (artículo 510 CCyC, inciso 3).

En la concurrencia conviviente-ex cónyuge pueden presentarse diversas situaciones conforme el artículo 53 de la Ley 24.241: a) si el cónyuge supérstite es culpable de la separación personal o del divorcio, no hay coparticipación en el beneficio; b) si el cónyuge supérstite no es culpable de la separación personal o del divorcio, existe coparticipación en el beneficio cuando el causante contribuía al pago de alimentos o estos habían sido demandados judicialmente y en caso que el causante haya dado motivo a la separación personal o al divorcio.

Existe una cierta prevalencia del vínculo formal –matrimonial– en el espíritu de la regulación previsional, que obliga a examinar la “culpa” y la “inocencia” en la ruptura matrimonial y también la existencia de alimentos o su reserva; y, en base a ese resultado, se otorga la pensión. Desde esta postura, resalta una vez más la falta de consideración de la realidad de quien verdaderamente dependía (en menor o mayor medida) del aporte del causante, y que su ausencia provoca un desajuste económico en el presupuesto del núcleo familiar.

La culpa es el elemento predominante tenido en cuenta para analizar el acceso a la pensión por parte de la persona que se encuentra separada de hecho o divorciada del causante y concurre con el conviviente, por ello la normativa actual se presenta regresiva con respecto al Código Civil y Comercial.

El organismo de gestión previsional –Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS)– dio un paso adelante en los casos de concurrencia en la pensión de conviviente y cónyuge separado/a de hecho a partir del Acta de Interpretación del Comité de Coordinación, de fecha 7/4/2014, en la que se distinguen dos elementos a considerar en el caso concreto: el vínculo matrimonial inexistente en los hechos y el desentendimiento real entre cónyuges(14).

Un régimen jurídico armonioso es aplicable al caso concreto sin titubeos y proporciona seguridad jurídica; por ello se requiere una necesaria coordinación y adaptación de la normativa referida a la pensión –artículo 53 de la Ley 24.241 y artículo 1° de la Ley 17.562– a las pautas generales del Código Civil y Comercial.

IV- d) Prestaciones Compensatorias y Pensión

Las prestaciones compensatorias, por su misma naturaleza patrimonial y no asistencial, no son susceptibles, a diferencia de los alimentos, de generar derecho a pensión del ex cónyuge o del conviviente, al producirse el deceso del obligado al pago.

No obstante ello, cuando las compensaciones económicas excepcionalmente son otorgadas por tiempo indeterminado –circunstancia que de por sí excluye un ulterior reclamo alimentario–, ante el fallecimiento del ex cónyuge obligado, el supérstite podría, en principio, reclamar el derecho a pensión.

Cabe tener presente que los convivientes han sido excluidos del derecho a obtener una prestación compensatoria por tiempo indeterminado; por ende no existe para ellos la posibilidad de solicitar la pensión aduciendo esta circunstancia.
 

Colofón

En consonancia con los propios fundamentos de la seguridad social, que tutelan a la persona y a su núcleo familiar, se requiere que, con premura, la normativa previsional sea armonizada con los lineamientos contenidos en el Código Civil y Comercial, que se apoyan en los derechos humanos.

Los profundos cambios de la dinámica familiar regulados en el Código, en especial lo referido al divorcio y los alimentos, el reconocimiento de las uniones convivenciales, las prestaciones compensatorias, la eliminación de la separación personal, entre otros; son realidades a las que el derecho previsional no puede permanecer indiferente, más que se trata de acceder a un beneficio de carácter alimentario como es la pensión.

 
Notas: