Fuerzas Armadas. Remuneraciones. Suplementos creados por el Decreto 1305/12. Carácter remunerativo y bonificable. Prescripción.  Cómputo

Causa: “Gómez, Alfonso y otros c/Estado Nacional - M. de Defensa - EMGE s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, Expte. 45066/17
Juzgado Federal de la Seguridad Social n° 6, 4/6/19
   

VISTOS:

Los Sres. GOMEZ ALFONSO, AGUIRRE JOSE LEOPOLDO y CARRETTO CARLOS MARIO, se presentan a fs. 15 y sgtes., mediante apoderada y demandan al ESTADO NACIONAL- MINISTERIO DE DEFENSA, a fin de solicitar que se les incorporen al concepto sueldo de sus haberes de retiro -con carácter remunerativo y bonificable- las sumas percibidas por la generalidad del personal de igual grado en actividad en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nro. 1305/12 y normas complementarias.

A fs. 29 y sig., contesta demanda la accionada. Tras una negativa genérica, sostiene que los suplementos otorgados por el decreto reclamado, no tienen carácter general ni son percibidos por el total del personal en actividad, sino que sólo son percibidos en determinados casos, tal cual lo prescribe la norma. Entre otros argumentos, se remite a la doctrina sentada por la Corte en la causa “Bovari de Díaz” y “Villegas Osiris”, de fecha 4 de mayo de 2000.

Opone excepción de prescripción. Hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la acción.

Sustanciadas las presentes actuaciones, se encuentra esta causa en estado de dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

I.- La cuestión a resolver radica en determinar si procede reconocer a las personas que se encuentran en situación de retiro o a sus causahabientes, el derecho al cobro de las sumas establecidas por el Decreto Nro. 1305/12 y sus modificatorios, incorporándolos al concepto “sueldo” con carácter “remunerativo” y “bonificable”.

II.- A tales fines, cabe destacar que, de la documentación obrante a fs. 49 surge que los actores resultan ser personal retirado y/o pensionado de una de las Fuerzas Armadas.

III.- En este sentido, corresponde señalar que, entre muchos otros casos, me he pronunciado sobre la temática en análisis en los autos “Albornoz José Andrés c/ Estado Nacional s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” (Expte. Nº 1179/2013) -Sent. del 29/09/2015- como así también en los autos: “ Sumbaño Omar Arturo c/ Ministerio de Defensa - EMGE s/personal militar y civil de las FFAA y de seg” (Expte. 80276/2016), Sent. del 19/12/17 (sentencias que se encuentran a disposición de las partes en nuestra página web www.pjn.gov.ar, Seguridad Social, Juzgado Nº 6, Informaciones Útiles), de aristas similares a la presente causa, por lo que, en aras de una mayor economía procesal, me remitiré a los fundamentos allí expuestos.

No obstante la remisión precedentemente dispuesta y mi criterio adoptado en los precedentes citados “ut supra” no puedo dejar de considerar que recientemente la Excma. C.S.J.N. se ha pronunciado sobre el Decreto Nro. 1305/12 y normas complementarias en los autos: “SOSA CARLA ELIZABETH Y OTROS C/ EN –M DEFENSA- EJERCITO S/ PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG” del 21 de mayo de 2019, lo cual me impone revisar mi postura adoptada en el tema hasta este momento.

En este orden de ideas, corresponde determinar si procede mantener mi entender expuesto en las causas anteriormente aludidas o decidir la adopción de la doctrina resultante del precedente “SOSA”.

Atento ello, habré de tener presente el principio jurisprudencial y doctrinario que impone a los jueces inferiores el seguimiento de los fallos de la Excma. C.S.J.N. En tal sentido, Néstor Pedro Sagües refiere a este “deber moral” como una obligación ética basada en una presunción de verdad (motivación axiológica) y en razones de economía procesal (motivación práctica: impedir trámites recursivos que podrían ahorrarse), del que sólo cabe apartarse si hubiere motivos valederos para hacerlo.

En esta inteligencia y sin perjuicio de las atribuciones con las que cuento, a partir del caso “Itzcovich, Mabel”, del 29.3.2005 y la declaración de inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 24463 (hoy derogado por Ley 26.153), habré de redefinir mi criterio y, por lo tanto, analizaré la procedencia de reproducir la doctrina resultante del fallo de la Excma. C.S.J.N. en el ámbito de la justicia previsional.

En su momento, efectué un análisis sobre los objetivos perseguidos por el Poder Ejecutivo Nacional al dictar el Decreto Nro. 1305/12, uno de los cuales -a mi entender- ha sido, entre otros, la adecuación de la escala salarial a la doctrina resultante de la jurisprudencia de la Excma. CSJN, haciendo uso de facultades que son propias del Poder Ejecutivo. En sentido similar, ver el último párrafo del punto V del dictamen fiscal de la causa “SOSA CARLA ELIZABETH”.

El Decreto en cuestión es -a mi modo de ver- una consecuencia de la doctrina de la Excma. C.S.J.N. en materia salarial, tal como lo reconoce en sus considerandos, y no una causa que llevara a replicar dicha doctrina dando lugar a nuevos incrementos de haberes de retiro por vía de decisión judicial, sin que previamente se constate una confiscatoria desproporcionalidad entre los haberes de actividad y pasividad o la demostración de la no particularidad de los suplementos y/o asignaciones estableciendo su generalidad.

A lo largo de los aproximadamente últimos veinte años, ha sido una constante la circunstancia de que se dedujeran demandas tanto por parte del personal en actividad de las fuerzas armadas, como así también por parte del personal retirado y pensionista de las aludidas fuerzas militares, pretendiendo el reconocimiento del carácter general de los conceptos salariales creados por normas similares o análogas al Decreto Nro. 1305/12 y cctes.

El hecho de que el Máximo Tribunal se haya pronunciado en una causa que involucra personal activo, no resulta menor y tiene una gravitación determinante en la suerte final de las acciones promovidas por el personal retirado.

Luego de una detenida y analítica lectura de las sentencias de primera y segunda instancia, como así también de la dictada por el más Alto Tribunal de Justicia en el precedente SOSA, habré de destacar que las autoridades judiciales para resolver que los suplementos creados por el Decreto Nro. 1305/12 y sus complementarios, tienen carácter remunerativo y bonificable, han estimado que ello es consecuencia de su naturaleza no particular, es decir destacando su generalidad.

Así, tanto los fallos de primera como de segunda instancia desarrollan lo que a su entender son los extremos que deben verificarse tanto cuantitativos como cualitativos para que se determine el carácter general y bonificable de las sumas en cuestión, ordenando la incorporación de los suplementos y compensaciones creados por el Decreto Nro. 1305/12 y sus modificatorios al haber mensual de los actores.

En consecuencia, sin perjuicio de mi criterio en contrario inicialmente sostenido, en aras de una mayor economía procesal, habré de reproducir las consideraciones efectuadas por el Alto Tribunal de Justicia en el caso “SOSA” y, por ello, en tanto y en cuanto la decisión de la Corte beneficie económicamente al personal en actividad, dicho beneficio en su justa medida y proporción deberá reflejarse en los haberes de retiro de conformidad con la normativa de fondo aplicable (v.gr. Ley 19.101 y normas reglamentarias y complementarias).

IV.- En cuanto a las retroactividades adeudadas y ante la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina (conf. Leyes 26994 y 27077), cabe destacar que en el caso de autos, tanto el reclamo administrativo y/o demanda como así también, la excepción de prescripción fueron interpuestos con posterioridad al 3 de agosto de 2015, es decir, luego de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

En virtud de ello, ante la posibilidad de considerar -en el caso de autos- el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina (conf. Leyes 26994 y 27077) vigente a la fecha de interposición de la excepción de prescripción o a la fecha de interposición de la demanda y/o del reclamo administrativo -tal como lo sostuve en causas similares a la presente-, o bien, el que regía a la fecha de entrada en vigencia de las normas objeto de la presente acción, habré de optar por esta última.

En un sentido similar, la Sala II de la Excma. Cámara en los autos “Glosman Adriana Silvia c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios”, (sent. del 7 de junio de 2017) ha considerado que “La prescripción no se declara de oficio, sino que debe ser opuesta por quien intente valerse de ella. Esto no empece a que, una vez invocada, el magistrado este facultado a declarar la prescripción que corresponde con arreglo a los hechos probados y disposiciones aplicables, conforme la regla “iura novit curiae”.

Con esta decisión se pretende resguardar el crédito de naturaleza alimentaria de los actores a la fecha de la vigencia del decreto Nros. 1305/12, pues no se puede soslayar que -a ese momento- el beneficiario contaba con una determinada expectativa en relación a las diferencias retroactivas que entiende le corresponden (ver arts. 7, 2537, 2553, cctes del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina).

Lo precedentemente señalado respeta la situación jurídica consolidada y la normativa vigente a la fecha de dictado de los decretos reclamados (ver Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Nuevamente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las Situaciones Jurídicas Existentes al 01 de agosto de 2015”, editorial La Ley , Tomo La LEY 2015-C, publicado el 02.06.15; Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, editorial La Ley, publicado el 22.04.2015 y Bas, Francisco Junyent , “El Derecho Transitorio. A propósito del artículo 7 del Código Civil y Comercial”, editorial La Ley, Tomo 2015-B, el 27.04.15).

En este sentido, y en consonancia con las directivas brindadas por la Corte Suprema de Justicia acerca de cómo interpretar las normas en materia previsional, de manera que no restrinjan, ni limiten los derechos involucrados (ver Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Litovsky de Gruwald Ana c/ANSeS”, sentencia del 26-10-04), considero que resulta aplicable, al caso de autos, la prescripción establecida por el art. 4027 del Código Civil.

Consecuentemente, conforme la excepción de prescripción deducida por la parte demandada, corresponde computar el plazo de prescripción a partir de la sanción del decreto en cuestión (1.08.12), considerando que la demanda fue interpuesta el 28 de abril de 2015 (ver cargo del escrito de inicio obrante a fs. 25). A las retroactividades que correspondan, se les adicionará el interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina (Conf. C.S.J.N. in re “Ramundo, Juvenal c/Estado Nacional Ministerio del Interior y otro s/Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seg.”, Sentencia del 27/12/2006, “Palmieri, Leonardo Fabio c/ Estado Nacional s/ Ordinario”, Sentencia del 02/10/2012, “Forclaz, Oscar c/ Estado Nacional s/ Ordinario”, Sentencia del 11/02/2014).

V.- En razón del resultado de proceso y por las conclusiones arribadas, he de imponer las costas a la accionada vencida (Conf. art.68 CPCC).

Por lo expuesto, RESUELVO: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta de conformidad con los considerandos que antecedentes 2). La liquidación correspondiente deberá ser practicada por el Instituto de Ayuda Financiera (Cfr. Arts. 1, 2 y cctes. de la ley 22.919 y Dto. 3019/83) en el plazo de 120 días contados desde la efectiva recepción de las presentes actuaciones (Conf. doctrina resultante del art. 22 de la ley 24.463). 3) Costas a la demandada vencida (art. 68 CPCC.); 4) En virtud de lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto Nº 1077/17 (cfr. “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/Acción Declarativa” sent. del 04/09/2018), habré de diferir la regulación de honorarios para la etapa de ejecución y cuando medie liquidación definitiva.- Respecto de los emolumentos correspondientes al letrado apoderado de la demandada, deberá estarse a lo normado por el art.2º de la ley 21.839 y 27.423. Juan Fantini. Juez Federal.