María Cecilia Fernández
 
La normativa del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en materia de jubilaciones y pensiones

El presente artículo tiene por objeto exponer cómo el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación permite resolver una cuestión problemática hasta la fecha, en relación con el destino de retroactivos de procesos de reajuste de haberes previsionales o haberes de beneficios que han quedado pendientes de cobro a la fecha de fallecimiento de quien en vida fuera actor o solicitante, cuando hay derechohabientes previsionales y herederos forzosos que no revisten el carácter de derechohabientes previsionales.

Las normas que a mi modo de ver entran en juego son:

• La Ley 14.370 que establece quiénes son las personas con derecho a pensión (art. 17) y cómo se perciben los haberes devengados por el causante (art. 20),

• Los artículos 53 y 54 de la Ley 24.241 que dispone quiénes gozarán de la pensión en caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad y,

• Los artículos 464 y 465 del Código Civil y Comercial de la Nación que enumeran los bienes propios y los bienes gananciales.

Hasta ahora, la doctrina y la jurisprudencia del fuero de la seguridad social se han inclinado por reconocer a favor de los derechohabientes previsionales, el derecho a percibir las sumas retroactivas devengadas a favor de un beneficiario, ya sea en un juicio de reajuste, o en el caso de que haya solicitado un beneficio que no llegó a cobrar, excluyendo a otros herederos, aun forzosos.

Tal doctrina ha sido adoptada en casos tales como “Feijóo de Esteva, Emilia c/Anses”, “Manduca, Luis c/Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Herrasti, Soledad v. Instituto Municipal de Previsión Social, Fallos 319:655” y “Salgueiro, Elida Josefa c/ANSeS s/reajustes por movilidad” (sent. del 03-12-02, pub. en Rev. J. y P. nº 76, pág. 544) y más recientemente en el fallo Villareal Ramón Antonio de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Ahora bien, analizando la cuestión poniendo en juego los artículos mencionados, es posible afirmar que desde la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la solución de los haberes devengados y no percibidos por el causante no puede ser otra que su consideración como bienes gananciales.

Esta postura en nada contradice los conceptos por los cuales se vino resolviendo de otro modo, sino que aclara lo que hasta ahora era sujeto a interpretación y dejaba, al menos a mi modo de ver, algunas dudas en términos de justicia.

Así, el artículo 464 del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) dispone lo siguiente: “CAPITULO 2 Régimen de comunidad SECCION 2ª Bienes de los cónyuges: ARTICULO 464.- Bienes propios. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges: ñ) el derecho a jubilación o pensión, y el derecho a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad y, en general, todos los derechos inherentes a la persona;” (La negrita me pertenece).

En este sentido, esta norma posterior y de carácter especial, por cuanto se refiere especialmente a las jubilaciones y pensiones, viene a completar el plexo normativo en materia de haberes devengados e impagos que se establece en las Leyes 14.370 y 24.241.

Sin bien el término “cuota” no parece ser el más feliz, ya que usualmente se utiliza para referirse a otras clases de percepciones dinerarias periódicas, el hecho de que se encuentre en el inciso que refiere a las jubilaciones y pensiones da la pauta de que el legislador ha querido ocuparse también de los “haberes”.

Podría decirse que el carácter ganancial es asignado a las cuotas alimentarias, sin embargo no existe un punto y coma o alguna señal gramatical que señale que la primera parte del inciso está escindida de la segunda.

Esta forma de ver la cuestión se condice con la sostenida en la jurisprudencia actual en cuanto a que el beneficiario con derecho a pensión no tiene el derecho en su carácter de heredero del causante sino que es llamado por la ley personalmente, por cuanto el inciso transcripto así lo reconoce de manera expresa cuando le da el carácter de propio al derecho a pensión.

Sin embargo, en una norma que hasta ahora no teníamos, se dispone que los haberes que se devengaron durante la comunidad, son gananciales.

La Ley 340, antiguo Código Civil de la Nación, no establecía nada respecto del tema, por lo que la letra del artículo 20 de la Ley 14.370 resultaba ser la normativa específica aplicable al caso, junto con el artículo 54 de la Ley 24.241 en tanto establece la transmisión hereditaria de las cuentas de capitalización.

Más allá del concepto de lo que puede entenderse por “haberes impagos” de la Ley 14.370, los principios generales del derecho de la seguridad social permitían dilucidar la cuestión como se hizo en los precedentes mencionados.

Sobre todo en el caso Villareal, el dictamen fiscal al que los jueces de la Sala III adhirieron, resalta la inaplicabilidad de las reglas de derecho civil a cuestiones de seguridad social, por ser esta una rama del derecho con postulados autónomos.

Ahora bien, no es un dato menor la fecha del dictado de esa resolución judicial, 6 de noviembre de 2014, cuando aún estaba vigente el viejo código civil que nada decía del tema que trato en este artículo.

Ya sea que se interprete el concepto de “haberes impagos” de la Ley 14.370 como aquellos que el causante nunca llegó a percibir por haber tramitado su beneficio y no haberlo cobrado nunca o haber tenido derecho a solicitar un beneficio y no haberlo hecho, o se extienda la noción a los haberes reajustados pendientes de cobro, lo cierto es que hay una norma posterior a la mencionada y con aplicación específica, que determina cómo deben repartirse esos haberes impagos.

En nada lesiona esta interpretación la cuestión relativa a “[que] En el régimen previsional, el derecho a la pensión establece una prestación a favor de determinados familiares del causante a los que la ley objetivamente considera que estarían a su cargo y que la muerte de aquél les ocasiona un desequilibrio económico o la privación de su medio de subsistencia.” (Dictamen fiscal causa Villareal Ramón), por cuanto los derechohabientes previsionales percibirán la pensión durante todo el tiempo que la ley les acuerda, situación que mantiene incólume su situación económica.

Sin embargo, sí se lesiona el derecho de los herederos forzosos cuando no se reconoce el derecho a percibir parte de las sumas retroactivas devengadas e impagas a favor del causante.

Ello así en tanto si bien el derecho civil no puede aplicarse a los beneficios de la seguridad, tampoco debe suceder a la inversa, creándose una causal de desheredación que no existe en la normativa de derecho sucesorio.

Sin perjuicio de ello creo que esa discusión ha quedado atrás con la interpretación normativa que propongo, en la que los bienes gananciales se reparten como lo dice el código civil, y las pensiones se otorgan y se comparten como lo dicen las normas de la seguridad social.

El hecho de que el derechohabiente previsional sea investido en carácter de tal por la ley y como resultado del ejercicio de un derecho propio, resulta una solución muy sabia en tanto evita que quien se encontraba por algún motivo íntimamente vinculado económicamente al causante, no necesite tramitar el expediente de sucesión, pudiendo percibir la pensión con el trámite administrativo habitual.

Aquellos herederos que por su situación no se encontraran a cargo del causante o no fueran investidos del carácter de derechohabientes previsionales, sí, en cambio, deberán realizar el proceso sucesorio para determinar cómo se reparte la porción que les corresponde, si es que existe.

Supongamos por ejemplo que una mujer casada con un hijo mayor de edad no incapacitado, inicia un proceso de reajuste de haberes para actualizar su jubilación y fallece antes de poder cobrar las sumas devengadas como consecuencia del proceso judicial.

Si se interpreta la normativa de forma integrada, todas las sumas devengadas desde los dos años previos a la interposición de la demanda y la fecha de su fallecimiento, corresponderían en un cincuenta por ciento a su esposo y en un cincuenta por ciento a su hijo, por cuanto la comunidad con su esposo existió hasta que ella falleció.

Así, y por el carácter de bien propio que tiene el derecho a pensión, su esposo sólo deberá acreditar en el expediente que tiene derecho a pensión, por lo que podría continuar con el juicio y cobrar lo que le corresponde sin más, en cambio su hijo deberá acreditar que tiene el carácter de heredero para hacer lo propio, por lo que deberá tramitar la sucesión.

Por su parte, todos los haberes posteriores al fallecimiento de la actora corresponden en un cien por ciento a su esposo por ser ya haberes de pensión y no haberes de jubilación, ejerciendo así el esposo su derecho pensionario.

Idéntica solución resulta aplicable a los intereses devengados por la sumas impagas, en tanto el artículo 465, inciso d) del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge, devengados durante la comunidad son gananciales.

Si interpretamos a los intereses como el fruto civil del dinero en los términos del artículo 233, tercer párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, el reparto de los montos generados en concepto de intereses, deben seguir la misma suerte que la causa que los origina.

Supongamos otro caso, en el que no haya viudo sino dos hijos, uno derechohabiente previsional y el otro no.

El reparto de los haberes impagos o los montos retroactivos de los procesos de reajuste pueden repartirse con el mismo criterio que el enunciado más arriba, es decir, poniendo como hito para la consideración de los montos a distribuir, la fecha de fallecimiento del causante.

Ello así por cuanto el artículo 2426 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que “Los hijos del causante lo heredan por derecho propio y por partes iguales”.

Conjugando esta norma con la que instituye al derecho a pensión como derecho propio y teniendo en cuenta lo manifestado más arriba respecto de la diferenciación que hace el legislador en lo relativo al derecho de pensión o jubilación por un lado y de las cuotas que se devengan por el otro, resultaría una solución justa que ambos hijos obtuvieran su parte de los montos que se devengaron hasta la muerte de la madre.

El derechohabiente previsional podrá gozar de su beneficio sin necesidad de hacer el trámite sucesorio durante todo el tiempo que la ley le acuerde, mientras que el otro deberá realizar el proceso sucesorio a fin de poder percibir los montos que le corresponden de acuerdo a su porción legítima, es decir que para este caso sería el cincuenta por ciento de los haberes devengados hasta la muerte del causante.

Si la causante del ejemplo hubiese sido una afiliada en actividad que fallece, el derechohabiente previsional resultaría ser el único beneficiado por cuanto no habría haberes devengados para repartir al momento del fallecimiento.

Cabe, como última reflexión, definir a partir de cuando podría entenderse que corresponde la aplicación de esta normativa.

Creo que tanto el artículo 7 de la Ley 26.994, como el art. 7 del anexo primero de la misma ley, son claros estableciendo el primero la entrada en vigencia de la normativa a partir del 1 de agosto de 2015, y el segundo disponiendo como eficacia temporal de la nueva normativa “[que] A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.”

Por lo tanto resulta indiferente si el momento en el que se generó el crédito fue anterior a la vigencia de la nueva normativa, por cuanto esta es específicamente aplicable, desde su vigencia, a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes.

Como conclusión estimo que una interpretación integral de la ley civil y de la ley previsional puede llegar a ofrecer soluciones más justas en materia de distribución de montos provenientes de beneficios previsionales.