Andrea L. Falcone
 
Plazo de 120 días hábiles para abonar la sentencia: ¿administrativos o judiciales?

El presente trabajo se propone analizar el plazo de 120 días con el que cuenta la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para abonar las sentencias judiciales recaídas en su contra. ¿Se trata de un plazo judicial, que se interrumpe durante las respectivas ferias, o se trata de un plazo a ser contabilizado en días hábiles administrativos?

Durante la vigencia de la Ley 24.463 en su redacción original, su artículo 22 disponía “Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de Seguridad Social serán cumplidas dentro de los noventa (90) días de notificadas, hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera dicho plazo (…)”.

En el año 2006, mediante la Ley 26.153, se modifica su texto a fin de incorporar un plazo máximo para el pago de sentencias judiciales contra la ANSeS, modificando el referido artículo de la siguiente manera: “Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán cumplidas dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles, contado a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente. Si durante la ejecución presupuestaria, se agotara la partida asignada para el cumplimiento de dichas sentencias, el Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer ampliaciones o reestructuraciones presupuestarias con el objeto de asegurar el pago en el plazo indicado.”.

De una lectura rápida se desprende que el plazo de 120 días debe ser contabilizado en días hábiles administrativos. No obstante, la dispar jurisprudencia al respecto nos requiere analizar este aspecto con mayor nivel de detalle.

En primer lugar cabe mencionar que el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados incluyendo un plazo de 120 días CORRIDOS. El Senado modifica el plazo para darle la calidad de días HÁBILES. Es decir, si la intención hubiera sido fijar un plazo en días HÁBILES JUDICIALES, la modificación de Senadores se hubiera efectuado con total claridad a tal efecto.

Por otra parte, cabe mencionar que esta modificación no pasó inadvertida ni fue aceptada de manera lisa y llana por la Cámara de Diputados. De la lectura del debate parlamentario surge la siguiente observación por parte de la Diputada por la Capital Federal, María América González, “Nosotros votamos el proyecto por unanimidad (…) el Senado les dice que deben esperar dos meses más”. Es decir, en ningún momento se mencionan las ferias judiciales de verano e invierno, ni las ferias informáticas que dispone la justicia. Simplemente en el debate suman los días inhábiles administrativos. Por su parte, el Diputado por la Provincia de Formosa, Juan Carlos Díaz Roig, dice “Entiendo que todos queremos que sean días corridos y no hábiles, lo cual puede implicar un plazo máximo de quince días en el cumplimiento de la sentencia”. Nuevamente, no hace mención a feria judicial alguna, y agrega solo los días inhábiles administrativos al plazo corrido, originalmente votado.

El debate continúa acalorado, hasta que, finalmente, se sanciona la ley con 92 votos afirmativos y 51 votos negativos. Se desprende de la votación que el alargamiento del plazo mediante la supresión de los días inhábiles fue motivo de rechazo por una parte importante de la Cámara.

Resulta, entonces, a todas luces improbable que la intención de los legisladores haya sido ir aún más allá e interrumpir los plazos durante las ferias judiciales.

Independientemente de la voluntad del legislador, la normativa es clara. La ley 24.463, en su redacción actual, le otorga a la ANSES un plazo de 120 días hábiles para cumplir la sentencia, a contar desde la fecha en que la misma queda firme y el expediente administrativo se encuentra a disposición del organismo previsional. Ante el incumplimiento por parte de la vencida, el actor se encuentra habilitado a ejecutar la sentencia ante el tribunal que la dictó.

Si bien la ejecución de sentencia se efectúa en sede judicial, no es el juez ni un Código Procesal el que establece el plazo. El mismo fue dispuesto por una ley de la Administración, a ser cumplido por la Administración. Idéntico sería el caso de un contrato entre dos partes, donde se disponga que el deudor deba cumplir con un pago en un determinado momento. Es claro que el plazo para contabilizar el vencimiento será en días hábiles administrativos y no judiciales.

Los plazos hábiles judiciales dispuestos por el art. 152 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultan de aplicación en el caso de actuaciones o diligencias judiciales. La liquidación y el pago de un juicio de reajuste de haberes no revisten el carácter de actuación judicial. Por su parte, la Ley  19.549 de Procedimientos Administrativos en el apartado e) establece que las normas de procedimiento aplicables a la Administración Pública se contará  por días hábiles administrativos. Tratándose entonces de una diligencia administrativa, y no judicial, corresponde sin lugar a dudas contabilizar los plazos en días hábiles administrativos.

Así las cosas, resulta a todas luces incorrecto interpretar que el inicio de la ejecución de sentencia se encuentra supeditado al vencimiento de los 120 días hábiles, interrumpidos por las ferias judiciales, dado que ello resultaría en una actividad legislativa por parte del magistrado, quien decide extender los plazos legales en algunos casos en más de 30 días. La única situación posible en la que se podría extender el plazo sería cuando el vencimiento de los 120 días ocurriera durante una feria judicial. Aun así, el jubilado en una situación de emergencia que lo amerite, podría eventualmente intentar la habilitación de feria.

En síntesis, no resulta correcto considerar que los 120 días sean “hábiles judiciales”, ya que se trata de un plazo otorgado a la Administración, a ser cumplido por la Administración y en forma directa al actor, en tanto, la sentencia no lo obliga a presentar la liquidación, previamente, en la Justicia. Es decir, la totalidad del plazo se desarrolla sin necesidad de intervención alguna del Poder Judicial por lo que el plazo, indudablemente, es de días hábiles administrativos por una ley específica.

Por otra parte, siendo que se trata del pago de una deuda a uno  de los colectivos más vulnerables de la sociedad, el debate parlamentario que dio lugar a dicha ley dejó en claro que el plazo debe ser estrictamente hábil. De contabilizarlo en términos de días hábiles judiciales, esto significaría otorgarle a la ANSeS un plazo de gracia adicional de entre 30 y 45 días para cumplir con la sentencia condenatoria.