Reajustes por movilidad. Jubilado que obtuvo sentencia según caso “Chocobar”. Demanda de reajuste iniciada por la pensionada. Procedencia. Aplicación de la movilidad de los casos “Sánchez”  y “Badaro”

Causa: “Duran, Nélida c/ANSeS s/Reajustes varios”
Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, Expte. 53105/12, 12/02/19
   

EL DOCTOR LUIS RENE HERRERO DIJO:

La actora apela la sentencia que rechaza la demanda, con fundamento en que se trata de un beneficio de pensión acordado durante la vigencia de la ley 24.241 y no ha cuestionado el artículo 13 de la ley 26.222.

Señala la accionante, que las pensiones derivadas se deben calcular sobre el beneficio del que derivan sin alterar los procedimientos de cálculo de los beneficios originales. No se puede modificar la ley que otorgó el beneficio original, ni el procedimiento de cálculo del mismo, porque con relación a este ya se aplicó la ley vigente al ceso, o a la solicitud del beneficiario original y luego causante de la pensión. Solicita el reajuste del haber de pensión conforme los precedentes Sánchez y Badaro.

El beneficio sobre el que se plantea el reajuste del haber, es el de pensión derivada, de una jubilación- correspondiente al Sr. Héctor Miguel Pacheco adquirida conforme la ley 18.037. El beneficio de pensión fue otorgado a la actora en carácter de cónyuge del causante, por lo que, procede reajustar el haber para que el mismo se ajuste efectivamente a lo que en derecho corresponde y la movilidad posterior no lo sea sobre un monto nominal.

El causante cuenta con una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Debe recordarse que uno de los principios básicos que sustentan al sistema previsional argentino es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, lo responde a la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero respecto del segundo, y a los particulares fines que inspiran el ordenamiento jurídico en la materia (conf. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino" T.I pág.435 ed.1988).

El causante se jubiló bajo el régimen de las leyes 18.037 y adquirió el “STATUS” de jubilado según las previsiones de esta ley que, en lo esencial, procuraba que el beneficiario percibiese una haber previsional que representara, al menos, el 70% del promedio mensual de las remuneraciones actualizadas percibidas durante los tres años calendarios más favorables, continuos o discontinuos comprendidos dentro del período de diez inmediatamente anteriores al cese, siempre que todos los servicios fueren en relación de dependencia. Al haberse desvirtuado la finalidad de esta ley con el paso del tiempo, entiendo que debe reconocerse al titular el derecho a formular una nueva petición de reajuste y al eventual cobro de las diferencias devengadas con posterioridad a la sentencia del expediente administrativo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Boldrin Alejandro Enrique (sent. del 16/9/99), si bien ratifica el instituto de la cosa juzgada en un caso análogo al de autos, reconoce también el derecho del beneficiario que ha sufrido una disminución confiscatoria en su haber jubilatorio, a hacer valer en las instancias correspondientes la imposibilidad material de impugnar un fallo que diera lugar a la modificación del índice ordenado más allá del período no prescripto, como asimismo a ejercer ”el derecho constitucional de efectuar nuevos reclamos frente a la concreción de posteriores perjuicios provocados por la disminución del monto de los haberes jubilatorios (considerando 9).

Con relación a la aplicación del caso Sánchez, conviene señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el pronunciamiento “Sánchez, María del Carmen c/A.N.S.e.S.” efectuó un importante giro jurisprudencial al abandonar la doctrina del caso “Chocobar” donde se había configurado una importante lesión al derecho de propiedad de los jubilados al reconocer sólo en forma parcial su derecho a la movilidad del haber jubilatorio, en abierta contradicción a lo dispuesto por la norma bajo cuyos términos se concedió la prestación.

La aplicación de la doctrina emanada del Supremo Tribunal es, a mi juicio, un deber inexorable de los jueces en su trascendental cometido de afianzar la justicia en el proceso (arts. 28 y 31 de la Constitución Nacional).

Al decir del Supremo Tribunal de la Nación la normativa procesa no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos, sino que en su ámbito específico tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio. Ello no se logra si se rehuye atender a la verdad objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa con decisiva relevancia para la justa decisión del litigio (C.S.J.N. Fallos 302:1611, entre otros).

De esta forma siendo que el causante solicitó el reajuste de su haber en base a la doctrina del caso “Chocobar” imperante en ese momento, y toda vez que con el dictado de la causa “Sánchez, María del Carmen c/A.N.S.e.S.” (sent. del 17/05/05, pub. DT 2.005-A-700) se ha provocado un cambio sustancial en el reconocimiento del derecho a la movilidad del haber, entiendo que corresponde hacer aplicación de dicha doctrina a los presentes actuados.

En razón de lo expuesto, corresponde ratificar la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada extendiendo la consiguiente movilidad del precedente   Sánchez hasta el 30/3/1995.

Para el período posterior, corresponde la aplicación del caso Badaro.

De allí que propicio, declarar la inconstitucionalidad del art. 7.2 de la ley 24.463 y ajustar el beneficio previsional, a partir del 1° de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a cuyo fin, al practicarse liquidación deberán tenerse en cuenta las sumas que pudieran haberse percibido en virtud de los incrementos habidos en dicho período. En caso de que los sucesivos aumentos acordados a los haberes previsionales, arrojasen respecto del actor, una prestación superior, deberá estarse a su resultado.

En lo que se refiere a la movilidad determinada a partir del ejercicio 2007, corresponde aplicar los aumentos otorgados por la ley 26.198, dec. 1346/07 y dec. 279/08, a lo que se suma el método instrumentado por la ley 26.417y cc. y modificatorias.

Tratándose de una pensionada, se aplicará el porcentaje de pensión pertinente.

En tanto la accionada ha opuesto la excepción de prescripción en su escrito de responde, se consideran prescriptos los créditos anteriores a los dos años de la fecha de presentación del reclamo administrativo (conf. Art. 82 de la ley 18037).

Las diferencias se liquidarán con más intereses. Con respecto a la tasa de interés , la imposibilidad legal de utilizar mecanismos de actualización monetaria en períodos de alta inflación, sumado a ello la naturaleza alimentaria que ostenta el crédito previsional reclamado, torna necesario establecer una tasa de interés que compense razonablemente la imposibilidad del uso del dinero, la pérdida de su poder adquisitivo por el transcurso del tiempo y asegure al acreedor la integralidad de su crédito (“idem” CNAT, Acta N°2658 del 8/11/17), lo cual sólo puede lograrse mediante la tasa activa de la cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días, que publica el Banco de la Nación Argentina (v. CFSS, Sala II “Hermida Eduardo c/ ANSeS s/ Reajustes Varios”, sentencia del 2 de mayo de 2016).

Por lo expuesto, propicio: Revocar la sentencia de grado. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 7.2 de la ley 24.463 Declarar prescriptos los créditos anteriores a los dos años previos a la fecha de interposición del reclamo administrativo. Ratificar la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, respecto del causante, aunque extendiendo la consiguiente movilidad del precedente Sánchez hasta el 30/3/1995. Para el período posterior, corresponde la aplicación  del caso Badaro, en los términos señalados.

En lo que se refiere a la movilidad determinada a partir del ejercicio 2007, corresponde aplicar los aumentos otorgados por la ley 26.198, dec. 1346/07 y dec. 279/08, a lo que se suma el método instrumentado por la ley 26.417 y cc. y modificatorias. Aplicar el porcentaje de pensión pertinente. Liquidar intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días que publica el Banco de la Nación Argentina. Se fija el plazo de cumplimiento dentro de los CIENTO VEINTE (120) días hábiles desde que exista sentencia firme en autos- considerando que las actuaciones administrativas se encuentran en poder de la demandada- ( conf. criterio art. 22 de la ley 24.463, modificado por la ley 26.153) Imponer las costas en el orden causado( art. 21 de la ley 24.463). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, por su actuación, en el 15% de la suma que resulte en favor de la actora, por todo concepto. Devolver las actuaciones al Juzgado de origen a sus efectos

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Adhiero a la solución propiciada por el voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: Revocar la sentencia de grado. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 7.2 de la ley 24.463 Declarar prescriptos los créditos anteriores a los dos años previos a la fecha de interposición del reclamo administrativo. Ratificar la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, respecto del causante, aunque extendiendo la consiguiente movilidad del precedente Sánchez hasta el 30/3/1995. Para el período posterior, corresponde la aplicación del caso Badaro, en los términos señalados. En lo que se refiere a la movilidad determinada a partir del ejercicio 2007, corresponde aplicar los aumentos otorgados por la ley 26.198, dec. 1346/07 y dec. 279/08, a lo que se suma el método instrumentado por la ley 26.417 y cc. y modificatorias. Aplicar el porcentaje de pensión pertinente. Liquidar intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días que publica el Banco de la Nación Argentina. Se fija el plazo de cumplimiento dentro de los CIENTO VEINTE (120) días hábiles desde que exista sentencia firme en autos- considerando que las actuaciones administrativas se encuentran en poder de la demandada- (conf. criterio art. 22 de la ley 24.463, modificado por la ley 26.153) Imponer las costas en el orden causado( art. 21 de la ley 24.463). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, por su actuación, en el 15% de la suma que resulte en favor de la actora, por todo concepto. Devolver las actuaciones al Juzgado de origen a sus efectos

Regístrese. Protocolícese. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

La vocalía N° 3 se encuentra vacante ( R.J.N. art. 109)

Nora Carmen Dorado. Luis René Herrero. Jueces de Cámara.