María Victoria De Luca
 
Tratamiento judicial del decreto 1305/12 y sus implicancias en la política salarial del personal militar

La política salarial del personal militar ha sido materia de conflicto durante el transcurso de los últimos años debido a las distintas interpretaciones que se han realizado respecto de las normas que regulan las remuneraciones del personal en actividad y su incidencia sobre las remuneraciones del personal retirado.

Las discrepancias interpretativas existentes en la actualidad radican en que, por un lado, si bien es cierto que la regulación de la política de ingresos de los militares constituye materia que debe considerarse librada a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, conforme lo establece el artículo 99° inc. 1° de la Constitución Nacional, no puede soslayarse que los artículos 53, 54 y 74 de la ley 19.101 garantizan el “Principio de Proporcionalidad” que debe existir entre el haber del personal en actividad y el del personal en situación de retiro. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido este principio en los precedentes “Bilotte, Eduardo c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” (B 2385 XXXIX) (Sent. del 15 de noviembre de 2005) y “Midón, Osvaldo Luis y otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” (M 2364 XXXVIII) (Sent. del 19 de agosto de 2004).

Este principio legal establece que los aumentos generalizados de haberes que se otorguen al personal en actividad deben ser computados a los efectos del haber de retiro. El art. 74 de la Ley antes citada explícitamente dispone que el haber de retiro se compone con el “…cien por ciento de la suma de los conceptos de sueldo y suplementos generales a que tuviera derecho a la fecha de su pase a situación de retiro…”

Es en razón de este Principio que la remuneración de un militar en actividad y la de un retirado debería ser la misma y la diferencia entre una y otra debería estar dada únicamente por las asignaciones familiares, los suplementos particulares y las compensaciones, tal como lo establece el citado artículo.

No obstante ello, la normativa que dispuso aumentos para el personal militar en actividad durante los últimos años dio lugar a que los retirados pudieran considerarse también con derecho a percibir estos aumentos en virtud del mencionado Principio de Proporcionalidad. Ello, toda vez que las normas en cuestión han creado suplementos particulares o adicionales transitorios que, sin perjuicio de la naturaleza con la que fueron creados, en razón de su efectiva aplicación, podían considerarse trasladables al haber de retiro.

Es decir, si bien es cierto que la regulación legal existente para el personal en actividad resultaba suficientemente clara, la misma normativa podía llegar a resultar cuestionable en cuanto a su aplicación. De esta manera, el personal en situación de retiro, comenzó a cuestionar también la generalidad, carácter salarial, alcance, etc…

En virtud de ello, desde el año 2005 se generó un alto nivel de litigiosidad en el Fuero de la Seguridad Social dado que el personal pasivo comenzó a reclamar el blanqueo de distintos suplementos y adicionales otorgados al personal en actividad en el entendimiento de que se trataban de aumentos encubiertos de remuneraciones, constituyendo este accionar una violación a las disposiciones del artículo 74 de la Ley 19.101.

En la actualidad, esta situación se vuelve a producir a partir de la sanción del decreto 1305/12.

Para poder entender el escenario que presenta este decreto, es necesario remitirse, en primer lugar, al año 2005.

En aquel momento, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el decreto 1104, modificado por los decretos 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 que otorgaba al personal en actividad, un adicional transitorio no remunerativo y no bonificable del 23 % del haber bruto mensual. Luego de distintas interpretaciones, con el precedente “Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/ amparo” (S 301 XLIV) (Sent. del 15 de marzo de 2011) la Excma. Corte reconoció el carácter general de los adicionales transitorios establecidos por los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09. Asimismo, dispuso que dichos incrementos fueran abonados con carácter remunerativo y bonificable dentro del concepto “sueldo” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley 19.101.

En efecto, como consecuencia del fallo “Salas, Pedro Ángel” se garantizó a todo el personal militar retirado al menos un 23 % de aumento en su haber bruto mensual.

Asimismo, los alcances del fallo antes citado fueron aclarados por el Alto Tribunal en los autos “Armanino, Eduardo Juan José c/ Estado Nacional- M° de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” (A. 1026. XLV) (sent. del 18 de octubre de 2011).

En virtud de esta nueva jurisprudencia, los jueces del Fuero de la Seguridad Social unificaron sus criterios en cuanto a pronunciarse favorablemente en las demandas incoadas por el personal retirado.

Asimismo, el 17 de abril de 2012, la Corte dictó el precedente “Zanotti, Oscar Alberto c/ M° de Defensa Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” (Z. 115. XLVI) estableciendo nuevos parámetros para liquidar los aumentos, y con posterioridad, se pronunció mediante el fallo “Stieben, Luis Manuel y otros c/ EN- M° de Seguridad- GN- Dto. 1104/05 y 752/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” (S. 850 XLVIII) (sent. del 1 de octubre de 2013) habida cuenta que resultaba dificultoso para los organismos liquidadores practicar las liquidaciones en la etapa de ejecución de sentencia aplicando el fallo “Salas” de conformidad con el precedente “Zanotti”.

En el precedente “Stieben” la Corte reconoció que si bien en el fallo “Salas, Pedro Ángel y otros” se declaró el carácter remunerativo y bonificable de los conceptos antes analizados, no se estableció cual debía ser el método de cálculo a seguir, por lo que resolvió definitivamente que los lineamientos para practicar las liquidaciones de las retribuciones del personal militar serían de conformidad con el precedente “Zanotti, Oscar Alberto” antes citado.

Con posterioridad, el Alto Tribunal dictó el fallo “Ibáñez Cejas, José Benedicto y otros c/ EN- M° de Defensa- FAA- Dto. 1104/05 y 751/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” (I. 120 XLVIII) (Sent. del 4 de junio de 2013) en virtud del cual, aclaró que las liquidaciones que se practiquen con motivo de los fallos citados en ningún caso podrían arrojar, como resultado, sumas inferiores a la que los actores hubiesen debido percibir por estricta aplicación de los decretos en cuestión.

Se puede afirmar que, hasta aquí, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció parámetros claros y precisos para regular la política salarial del personal militar, armonizando, de esta manera, los intereses del personal militar en actividad con los del personal que se encontraba en situación de retiro y logrando una correcta aplicación de los artículos 53, 54 y 74 de la Ley 19.101.

Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 1305 el 31 de julio de 2012, que fue luego modificado por los decretos 245/13, 855/13, 614/14, 968/15 y 716/16.

Estos decretos modifican el sistema normativo del personal militar de manera sustancial.

A partir de este momento, se vuelven a generar confusiones al momento de practicar las liquidaciones de haberes del personal militar. Las pautas y lineamientos que la Corte había determinado hasta aquel entonces, ya no resultaban tan claras y definidas.

El decreto 1305/12 suprime, por un lado, todos los adicionales transitorios creados por el artículo 5° de los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1058/08 y 751/09, como así también deja sin efecto las compensaciones no remunerativas y no bonificables otorgadas al personal militar retirado de las Fuerzas Armadas en virtud de los decretos 1994/06, 1163/07, 1653/08, 753/09, 2048/09 y 894/10 que habían sido conferidas al personal pasivo a fin de compensar la diferencias salariales existentes entre éste y el personal en actividad debido a los distintos aumentos oportunamente otorgados a este último.

Por otro lado, crea dos suplementos: El “Suplemento por Responsabilidad Jerárquica” y el “Suplemento por Administración de Material”.

A su vez, establece una suma fija transitoria para el personal que, por aplicación de este decreto percibiera una suma inferior a la que venía percibiendo con anterioridad a la sanción de la norma.

De conformidad con el texto del decreto y teniendo en cuenta la modificación instituida por el decreto 245/13, el primer suplemento no puede ser percibido por más del 35 % de los totales de cada Fuerza Armada ni generalizarse por grado y el segundo puede ser otorgado como máximo al 55 % de los efectivos totales de cada Fuerza Armada y al 70 % de los efectivos de un mismo grado”.

Se puede observar que, de las disposiciones de estos dos decretos, surge que los suplementos establecidos por el decreto 1305/12 fueron creados con carácter particular.

No obstante ello, en virtud de la aplicación que se le dio a los mismos, el personal militar retirado se consideró con derecho a percibirlos en el entendimiento de que los suplementos establecidos por el decreto en cuestión son percibidos por la generalidad del personal militar en actividad.

Es decir, sus fundamentos radican en que todo el personal militar en actividad percibe alguno de los suplementos que establece el decreto o, en su defecto, percibe la suma fija transitoria y que, por lo tanto, se trata de un aumento de sueldo al personal en actividad que, por consiguiente, debería ser percibido también por el personal retirado, en razón de su carácter salarial.

En virtud de ello, el personal militar retirado comenzó a reclamar por ante el Fuero de la Seguridad Social que se le reconozca el derecho a percibir los beneficios creados por el decreto 1305/12, con carácter remunerativo y bonificable.

Conforme lo dispuesto en los artículos 53, 54 y 74 de la ley 19.101, el personal retirado reclama, en la actualidad que dichos beneficios sean trasladados a sus haberes de retiro por la regla de la proporcionalidad antes mencionada.

De esta manera se volvieron a iniciar nuevamente una gran cantidad de litigios.

En este sentido y a los fines determinar la pretendida generalidad, algunos Juzgados del Fuero de la Seguridad Social comenzaron a analizar la naturaleza de la suma fija transitoria que establece el artículo 5° del decreto 1305/12.

Según el texto de la norma, se trata de una especie de “adicional transitorio” que se otorga a todo aquel militar que, por aplicación de las disposiciones del decreto, perciba una retribución mensual bruta, inferior a la que venía percibiendo con anterioridad a la sanción del mismo.

Por otro lado, el mismo artículo dispone que  “…dicha suma, que no podrá estar sujeta a ningún tipo de incremento salarial permanecerá fija hasta su absorción, la que se producirá por cualquier incremento en las retribuciones incluyendo los correspondientes a los ascensos del personal”.

Es decir, dado que el “sueldo” es un derecho adquirido, y habida cuenta que el decreto elimina todos los aumentos otorgados con fundamento en los decretos 1104/05 y 1994/06 y sus modificatorios, el fundamento de la suma fija transitoria es que el militar no cobre menos de lo que cobraba antes de la sanción de la norma. Sin embargo, el decreto establece que dicha suma fija transitoria no será susceptible de incrementarse con los futuros aumentos. Permanecerá fija, y los aumentos posteriores se distribuirán entre los distintos rubros que componen el Haber. Así, si el futuro aumento se incluye en el sueldo y de ahí se repotencian los restantes rubros (antigüedad, jerarquía, etc…), al permanecer inamovible la suma fija transitoria, ésta se tornará ilusoria y desaparecerá.

No obstante ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 855/13 que convirtió a esa suma transitoria en una suma fija permanente, ello significa que la misma no sería absorbida por ningún incremento en ninguna de las retribuciones, definiéndose como general para todas las categorías.

Es en razón de este último decreto que el personal militar retirado considera que todo el personal militar en actividad percibe alguno de los beneficios creados por el decreto, ya sea el “Suplemento por Responsabilidad Jerárquica”, el “Suplemento por Administración de Material” o bien, la suma fija transitoria establecida por el artículo 5° que, a partir de la sanción del decreto 855/13 tendría carácter permanente.

Hasta aquí, hicimos un análisis normativo y establecimos cuál es el fundamento que un retirado de las Fuerzas Armadas tiene para reclamar judicialmente los beneficios del decreto 1305/12 y sus modificatorios.

Ahora bien, haciendo un análisis de las sentencias de los diferentes Juzgados de la Seguridad Social, podemos afirmar lo siguiente:

Por un lado, existe un criterio mayoritario que dispone hacer lugar a los reclamos, con fundamento en la generalidad de estos aumentos.

Ello, toda vez que considera que, en total, el 90 % del personal en actividad recibirá un aumento encubierto que tendrá como piso el suplemento por administración de material y como techo, el suplemento por responsabilidad jerárquica y, por otro lado, el 10 % restante se beneficiará con la “suma fija”, considerada también como “Suplemento por Cambio de Situación Escalafonaria”, conforme lo dispuesto por el decreto 5592/68.

Es decir, la mayoría de los jueces sostienen que el personal en actividad percibe el “Suplemento por Responsabilidad Jerárquica” o el “Suplemento por Administración de Material” o bien el adicional transitorio que, según este criterio mayoritario, ya no se tornará ilusorio, tampoco desaparecerá y, en efecto, sí permanecerá fijo como un aumento propiamente dicho, habida cuenta las disposiciones del decreto 855/13 antes mencionadas. Es decir, considera que el carácter transitorio de esta suma duró poco tiempo y ahora posee carácter de permanente.

Oportunamente, otro de los fundamentos fue el fallo dictado por la Sala I de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social en los autos “Rodríguez Luis Alberto y otros c/ Caja de Ret. Jub. y Pen. Pol. Fed s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg” (Sent. N° 127.892 del 18 de marzo de 2009). En este precedente la Cámara estableció que “…el importe referido se otorga a la generalidad de los agentes comprendidos en el ámbito de aplicación, debiendo entenderse que, cuando el legislador utilizó la palabra “generalidad”, lo hizo con el alcance de “mayoría” o “casi totalidad” de los individuos u objetos que componen una clase o un todo. Esta “cláusula de garantía” establece que lo que percibe la generalidad de los activos deben también percibirlo los pasivos que se encuentren en las mismas condiciones, pues en caso contrario se vulneraría el principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 de la C.N….”. Es decir, de conformidad con los porcentajes establecidos por el decreto 245/13, si bien los suplementos no son percibidos por el 100 % del personal en actividad, lo percibe la mayoría de un grupo determinado, por lo que, con fundamento en el precedente antes señalado, corresponde que también los perciban aquellos retirados que se encuentran en las mismas condiciones que ese grupo.

A su vez, algunos juzgados se expidieron favorablemente con fundamento en la doctrina sentada por la Cámara Federal de la Seguridad Social en los autos “Mahmud, Jacinto c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina y otro” (Sent. del 29 de octubre de 2009)” al expedirse respecto de la naturaleza del suplemento por “Funciones Ejecutivas”. En dicho precedente, la Alzada estableció que se reunían condiciones de generalidad y uniformidad y agregó que se estaba encubriendo en realidad aumentos salariales de carácter general.

También se refirieron al criterio sentado por la Corte en los autos “Torres, Pedro c/Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina” (T 133 XXXIII) (Sent. del 17 de marzo de 1998) en donde se determinó que el otorgamiento de los suplementos establecidos por el decreto 2744/93 ha tenido connotaciones salariales.

Por otro lado, el criterio minoritario entiende que no existe la mencionada generalidad, dado que no considera al adicional transitorio como un aumento de sueldo, sino como un piso para llegar a compensar lo que el agente venía percibiendo antes de la sanción del decreto en cuestión y dejó de hacerlo, por motivo de su aplicación.

Se trata simplemente, para este criterio, del estricto seguimiento del fallo de la Corte “Ibáñez Cejas”, como así también de la aplicación del fallo “Salas, Pedro Ángel” al personal militar en actividad, de conformidad con una nueva escala salarial.

No entiende que se trate de suplementos generales toda vez que el beneficiario percibirá el “Suplemento por Responsabilidad Jerárquica” o el “Suplemento por Administración de Material” o bien, tendrá garantizado que no percibirá un salario inferior al que venía percibiendo en virtud del adicional transitorio. En consecuencia, no existe generalidad para este criterio.

A su vez, reafirma esta postura la doctrina sentada por el Alto Tribunal en los autos “D’amore Carlos Alberto c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina y otro” (Sentencia del 07/03/06).

La Excma. C.S.J.N. en este fallo determinó que el hecho de que un alto porcentaje del personal en actividad perciba a una fecha determinada los suplementos en cuestión, no resulta determinante ni suficiente para reconocerle el carácter general.

Asimismo, este criterio sostiene, respecto de la suma fija establecida por el decreto 855/13 que la parte actora utiliza como fundamento para argumentar la procedencia del reclamo, que la misma no implicó un aumento en el haber del personal activo, sino que, por el contrario, pretendió garantizar al personal militar la no disminución de su haber mensual teniendo en cuenta la nueva escala salarial determinada por el decreto 1305/12, ajustándose nuevamente a los lineamientos establecidos por la Corte en los autos “Ibáñez Cejas” antes citado, independientemente de su carácter fijo o transitorio.

Por último, este criterio remite a la doctrina sentada por el Alto Tribunal in re: “Bovari de Díaz, Aída y otros c/Estado Nacional- Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seguridad” y “Villegas Osiris G. y otros c/ Estado Nacional- Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seguridad” (ambos del 4 de mayo del 2000). En estos fallos, la Corte Suprema oportunamente se expidió respecto de la naturaleza particular de los suplementos creados por el decreto 2769/93. Estos suplementos eran: “Responsabilidad por cargo o función”, “Mayor exigencia de vestuario”, “Vivienda” y “Adquisición de textos y demás elementos de estudio”. Siguiendo este orden de ideas, el decreto 1305/12 suprimió los suplementos establecidos por el decreto 2769/93 y creó los suplementos “Responsabilidad jerárquica” y “Administración de material”. Lo que se deduce, en consecuencia, es que estos dos suplementos vinieron a sustituir a los suplementos por “Responsabilidad por cargo o función”, “Mayor exigencia de Vestuario” y por “adquisición de textos y demás elementos de estudio” dispuestos por el decreto 2769/93. En virtud de este razonamiento, este criterio considera que los suplementos creados por el decreto 1305/12 poseen la misma naturaleza particular que los creados por el decreto 2769/93 y por lo tanto, el accionante no logra demostrar que el Juzgado deba apartarse de los lineamientos dispuestos por la Excma. Corte en la jurisprudencia antes citada.

Es en razón de dichos argumentos y habida cuenta que el decreto 1305/12 por un lado crea dos suplementos y un adicional transitorio y, por el otro lado, suprime suplementos y compensaciones, la postura minoritaria entiende que la parte actora no logra demostrar el quiebre de la proporcionalidad que debe existir entre el haber del personal militar en actividad y el del retirado, máxime cuando dicha norma también actualiza la escala salarial.

Cabe destacar también, que, además de los criterios sentados por los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal también se han expedido respecto del reclamo en cuestión.

Estos últimos también concluyeron que los suplementos creados por el decreto 1305/12 y la suma fija transitoria tienen carácter general, y que, por lo tanto, deben ser incorporados al haber mensual y abonados a los actores.

El principal fundamento de dichos Juzgados radica en que ante la entrada en vigencia del citado decreto, quienes no resulten beneficiados con el otorgamiento de alguno de los dos suplementos, verán disminuido su haber mensual indefectiblemente y, en consecuencia, se les otorgará el adicional previsto en el artículo 5°.

Además, al remitirse a las pruebas producidas en los expedientes, observan que en varios grados de la Fuerza, el 100 % del personal perciben uno u otro suplemento, mientras que en otros, quienes lo perciben superan ampliamente el 90 % del total y que sólo dos grados no alcanzan el 90 %. No obstante ello, señalan que es significativo en todos los grados el número del personal que percibe la suma fija transitoria. En efecto, cabe resaltar que estos Juzgados aplican el criterio de “Igualdad entre iguales” antes mencionado.

Luego de haber efectuado un análisis sobre las distintas repercusiones que el decreto 1305/12 genera en las retribuciones del Personal Militar y sobre los distintos criterios que tienen los Juzgados al respecto, cabe cuestionarse si se esta produciendo nuevamente la misma situación que en su momento se originó con la sanción de los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1058/08 y 751/09. El interrogante gira en torno a si se está generando una situación similar a la que el propio decreto 1305/12 quiso eliminar al dejar sin efecto los aumentos otorgados por dichas normas.

Si bien es lógico este razonamiento, es necesario destacar que el decreto 1104/05, otorgado como adicional transitorio, representó un piso mínimo de aumento, garantizado a todos en el 23 % del salario mensual. Se trató de una suma fija bien definida. Por el contrario, la suma transitoria creada por el decreto 1305/12, no es más que una compensación para todas aquellas personas que se vieran perjudicadas por el cambio de estructura salarial y, a diferencia del adicional transitorio creado por el decreto 1104/05, esta última no se encuentra definida ni establecida en porcentaje alguno.

Este razonamiento lleva a considerar, en caso de que la sentencia sea favorable, cuál será o cómo se determinará la suma que corresponda liquidar al actor en la etapa de ejecución.

No obstante ello, existe una doctrina mayoritaria que entiende que se reedita el escenario del decreto 1104/05 porque el adicional transitorio dispuesto por el decreto 1305/12 no es más que un monto necesario para llegar a la suma oportunamente establecida por el primero y eliminada por aplicación del segundo. En este sentido, ambos adicionales compartirían la misma naturaleza. Debido a ello, esta doctrina entiende que, como el adicional creado por el decreto 1104/05 y sus modificatorios fueron reconocidos como “generales” en virtud del fallo “Salas”, de la misma manera, deberían considerarse los beneficios establecidos por el decreto 1305/12.

Independientemente de los criterios antes citados y teniendo en cuenta el cumplimiento de una sentencia favorable, habrá que analizar la manera en que se llevará a cabo la etapa de ejecución, toda vez que la posibilidad de realizar una liquidación con una base de cálculo clara y objetiva, no será una tarea sencilla habida cuenta que, como se mencionó anteriormente, no estamos frente a una suma fija bien definida.

La política salarial del personal militar ha sufrido varias transformaciones a través de los últimos años. Las distintas normas que se dictaron no sólo han creado y eliminado suplementos, compensaciones y adicionales transitorios sino que también fueron determinando nuevas escalas salariales, circunstancia ésta que, en determinadas situaciones, genera un escenario poco claro.

Por ejemplo, en caso de que un agente no perciba suplemento alguno de los establecidos por el decreto 1305/12, no necesariamente puede ver reducido su haber por la aplicación de la norma y, consecuentemente, ser acreedor de la suma establecida por el artículo 5° del decreto. Ello, toda vez que, al ajustarse la escala salarial en el listado anexo al mismo decreto, es probable que no se reduzca su haber sino que, por el contrario, el mismo aumente. En consecuencia, llegada la etapa de ejecución, en los casos en donde se admita la demanda, será necesario analizar cada situación en particular.

Cabe señalar que al momento, ni la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social ni la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación se han expedido respecto de la norma en análisis.

No obstante ello, corresponde poner de resalto que existe un dictamen de la Procuración General de la Nación, respecto del personal en actividad, que fue emitido en los autos “Sosa Carla Elizabeth c/ EN- Mº Defensa- Ejército s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seg.” (CAF 46478/2013/1/RH1) el 16 de marzo de 2017, que le permitirá pronunciarse a la Excma. C.S.J.N., quien en definitiva será quien tenga la última palabra, brindando soluciones en cuanto al decreto 1305/12, ya que una vez resuelto el tema salarial del personal en actividad, se aclarará también la situación del personal retirado.

Son varios los interrogantes que hasta ahora se plantean en torno a esta  normativa y se espera que los mismos, puedan ser resueltos por un nuevo y único criterio unificador establecido por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que determine finalmente la naturaleza de los beneficios creados por el decreto 1305/12 y que, asimismo, disponga los lineamientos necesarios a los fines liquidatorios, confiriendo seguridad, definición y precisión tanto para el personal militar en actividad como para el que se encuentra en situación de retiro y garantizando, de esta manera, la aplicación plena del antes referido Principio de Proporcionalidad.