María Victoria De Luca
 
Situación jurídica de los veteranos de Guerra de las Islas Malvinas

Los reclamos judiciales iniciados por los Veteranos de Guerra de Malvinas constituyen uno de los reclamos actuales más importantes del Fuero Federal de la Seguridad Social.

Esto se debe a que se hallan involucrados distintos factores tales como la relevancia histórica del Conflicto Bélico de 1982, sus implicancias sociales, el reconocimiento honorífico de quienes participaron en él y el carácter heroico de los hechos bélicos que se llevaron a cabo.

Es por ello que resulta conveniente tratar, de manera pormenorizada, la evolución normativa, los reclamos judiciales y el desarrollo jurisprudencial pertinente.

Cabe destacar que las distintas normas y la jurisprudencia aplicable fueron evolucionando favorablemente durante el transcurso de los años.

No obstante ello, las demandas judiciales aumentaron de forma considerable toda vez que, en muchos casos, la normativa involucrada no da respuesta, por ejemplo, a la retroactividad que al interesado le correspondería percibir, a los intereses adeudados o bien, puede ocurrir que se encuentre controvertido el carácter de Veterano de Guerra del actor. En estos supuestos, el reclamante necesariamente debe recurrir a la Justicia a fin de que se le reconozca judicialmente tal calidad para así poder acceder a los beneficios que las leyes confieren.
 

NORMATIVA APLICABLE

A los efectos de lograr una mayor comprensión sobre los distintos reclamos vinculados con los Veteranos de Guerra, resulta necesario, en primer término, abordar las distintas normas que regulan la materia:

El artículo 76 de la Ley 19.101 para el Personal Militar (B.O. 19 de julio de 1971) prevé distintos supuestos, según los cuales, se fija un haber de retiro o una indemnización, distinguiendo si se trata de personal militar o de soldados conscriptos.

Así el artículo 76, inciso 2) de la Ley se aplica al personal superior y subalterno del cuadro permanente que pase a situación de retiro por inutilización producida por actos de servicio. Este inciso dispone distintos métodos de cálculo del haber de retiro que resultará en un mayor o menor monto según si el grado de incapacidad determinado es mayor o menor al sesenta y seis por ciento (66 %). De esta manera, el apartado a) fija el haber de retiro por incapacidad menor al sesenta y seis por ciento (66 %) y el apartado b) lo fija por incapacidad mayor al sesenta y seis por ciento (66 %), en cuyo caso, el haber de retiro se incrementa un quince por ciento.

Por otra parte, el artículo 76, inciso 3) de la Ley establece para el personal militar superior, subalterno, de alumnos y de conscriptos una indemnización a percibir por única vez según sea el caso.

El artículo 76, inciso 3) apartado b) dispone dicha indemnización para el personal superior y subalterno del cuadro de la reserva (no procedente del cuadro permanente) que, estando incorporado y que como consecuencia de actos del servicio, resultare con una disminución para el trabajo en la vida civil menor al sesenta y seis por ciento (66 %) que le impida continuar prestando servicios en actividad.

En idéntico sentido, el artículo 76, inciso 3) apartado c) confiere esta indemnización de pago único para el personal de alumnos y de conscriptos que, al ser dado de baja, y que, como consecuencia de actos de servicio, presente una disminución menor al sesenta y seis por ciento (66 %) para el trabajo en la vida civil.

Por otro lado, el artículo 78 inciso 3) de la Ley antes citada prevé que el personal de alumnos y de conscriptos que, como consecuencia de actos del servicio, resultare con una disminución para el trabajo en la vida civil mayor al sesenta y seis por ciento (66 %), gozará de un haber que, en el caso particular de los soldados conscriptos, será de la totalidad del haber mensual y suplementos generales correspondientes al grado más bajo de la jerarquía de suboficial con dos años de servicios simples militares.

El artículo 1º de la Ley 22.674 (B.O. 16 de noviembre de 1982) confiere un subsidio extraordinario a toda aquella persona que resultare con una inutilización o disminución psicofísica permanente, como consecuencia de su intervención en el Conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, previa comprobación de las circunstancias que determinaron los hechos.

El artículo 2º de la norma citada dispone que el monto a liquidar en concepto de subsidio extraordinario será el que resulte de multiplicar el haber mensual del grado de Teniente General o equivalentes, vigente a la fecha de efectuarse la liquidación, por el coeficiente Diez (10).

Asimismo, el artículo 5º establece que las disposiciones contenidas en la norma se aplicarán con carácter retroactivo a partir del 2 de abril de 1982.

La Ley 23.109 (B.O. 1° de noviembre de 1984) acuerda distintos beneficios a los ex soldados conscriptos que hayan participado en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Les confiere beneficios de salud, trabajo, vivienda, educación y recursos.

El artículo 1º de esta norma específicamente establece que: “....Tendrán derecho a los beneficios que acuerda la presente ley los ex soldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Asimismo, esta norma impone al Estado Nacional la obligación de efectuar una Convocatoria Nacional a los Veteranos de Guerra, a fin de determinar las incapacidades por ellos padecidas.

El artículo 1º de la Ley 23.701 (B.O. 9 de octubre de 1989) sustituye el texto del art. 11 de la Ley 23.109 y establece que “....Las personas mencionadas en el artículo 1º y los oficiales, suboficiales y civiles que han participado en las acciones bélicas referidas en el mismo artículo, que carecieren de vivienda propia, tendrán derecho a prioridad, en igualdad de condiciones con el resto de los postulantes, en los diversos planes de vivienda que implemente el Banco Hipotecario Nacional, el Instituto Provincial de la Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda…”.

El artículo 1º del Decreto N° 509/88 (B.O. 16 de mayo de 1988), reglamentario de la Ley 23.109, dispone que “...se considerará veterano de guerra a los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1.982, participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y el espacio aéreo correspondiente. Cada Fuerza Armada asignará según sus registros, la calificación de veterano de guerra.”

El artículo 1° de la Ley 23.848 (B.O. 19 de octubre de 1990) otorga una pensión vitalicia a los ex-soldados combatientes conscriptos que participaron en efectivas acciones bélicas de combate, en el conflicto del Atlántico Sur, y civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, debidamente certificado por la autoridad competente que determine la reglamentación.

El Decreto N° 2634/90 (B.O. 21 de diciembre de 1990) establece que la certificación a la que alude el artículo 1° de la Ley 23.848 será instrumentada a través del Ministerio de Defensa. A su vez, el artículo 1° del decreto antes mencionado dispone que “...el Ministerio de Defensa proporcionará... el listado completo de las personas comprendidas en el art. 1º de la ley 23.848, elaborado en base a la información que suministrarán cada uno de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad... El listado de referencia deberá ser certificado por la autoridad que determine el Ministerio de Defensa...”. Esta norma determina también que la pensión establecida por el artículo 1º de la Ley 23.848 será abonada desde la fecha de solicitud.

El Decreto N° 1736/93 (B.O. 23 de agosto de 1993) centraliza la tramitación de los beneficios previsionales que integran el denominado sistema no contributivo en la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El artículo 1º de la Ley 24.310 (B.O. 24 de enero de 1994) otorga una pensión graciable vitalicia cuyo monto mensual será equivalente al haber mensual y suplementos generales correspondientes al grado más bajo de la jerarquía de suboficial, con dos años de servicios militares en el grado, a los ciudadanos argentinos que sufrieron incapacidades con motivo de las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

Asimismo, según las disposiciones del artículo 2º, este beneficio será compatible con otros que eventualmente gozare u obtuviere el agraciado, excepción hecha de aquellos que en el orden nacional le hubieran sido otorgados por su participación en el Conflicto Bélico de 1982 y con motivo de su incapacidad. Es este supuesto, la norma dispone la posibilidad de optar por continuar percibiéndolo o ampararse en la presente ley.

El Decreto N° 1550/94 (B.O. 16 de septiembre de 1994) confiere, a partir el 1° de septiembre de 1994, un suplemento excepcional mensual a las prestaciones establecidas por la Ley 23.848, hasta completar el haber mensual del beneficio en la suma de pesos doscientos ($ 200).

La Ley 24.652 (B.O. 28 de junio de 1996) modifica la denominación “Pensión Vitalicia” establecida por la Ley 23.848 y la prestación comienza a referirse como: “Pensión de Guerra”. Establece también su método de cálculo la que será equivalente al cien por ciento (100%) de la remuneración mensual, integrada por los rubros “sueldo” y “regas”, que perciba el grado de cabo del Ejército Argentino.

El artículo 1º de la Ley 24.892 (B.O 9 de diciembre de 1997) extiende el beneficio establecido por las Leyes 23.848 y 24.652 al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria y no gocen de derecho a pensión alguna en virtud de la Ley 19.101 y sus complementarias y que hubieren estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

El Decreto N° 1244/98 (B.O. 28 de octubre de 1998) establece un beneficio mensual para el personal que acredite la condición de Ex Combatiente en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

La Ley 25.210 (B.O. 29 de diciembre de 1999) dispone que los beneficiarios de las Leyes 23.848, 24.652 y 24.892 continuarán en la órbita del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados como así también que las organizaciones de Veteranos de Guerra tendrán los mismos derechos y obligaciones que las organizaciones de jubilados y pensionados.

El Decreto N° 1357/04 (B.O. 6 de octubre de 2004) determina que la Administración Nacional de la Seguridad Social tendrá a su cargo el otorgamiento, liquidación y pago de las pensiones no contributivas otorgadas a los Veteranos de Guerra y a sus derechohabientes y establece el monto de dichas pensiones así como también la compatibilidad con cualquier otro beneficio previsional. A su vez, mantiene, para los Veteranos de Guerra, la prestación de los programas médico-asistenciales que les brinda el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

El artículo 1º del Decreto N° 886/05 (B.O. 22 de julio de 2005) establece que “Las pensiones no contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur a que se refieren la Ley Nº 23.848, su modificatoria y complementaria y el artículo 1º del Decreto Nº 1357/04, pasarán a denominarse “Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur”.

A su vez, el artículo 2° sustituye el artículo 3º del Decreto Nº 1357/04 y dispone la compatibilidad del cobro de la pensión de guerra instituida por la Ley Nº 23.848, su modificatoria y complementaria, con cualquier otro beneficio de carácter previsional permanente o de retiro otorgado en jurisdicción nacional, provincial o municipal, con la percepción de otro ingreso, con el subsidio extraordinario instituido por la Ley Nº 22.674 o con las pensiones graciables vitalicias otorgadas por las Leyes 23.598 y 24.310.

El artículo 3° sustituyó el artículo 1º de la Ley N° 24.892 por el siguiente: “Extiéndese el beneficio establecido por las Leyes Nº 23.848 y Nº 24.652 al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, esta última en tanto no se hubieran dado las situaciones a que se refiere el artículo 6º del Decreto Nº 1357/04, y que hubieran estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur."

Cabe destacar que el artículo 7º del Decreto 886/05 dispone que, a los efectos de la percepción de las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en situación de retiro deberá desistir de las acciones y del eventual derecho que tuvieren a percibir el complemento instituido por el Decreto Nº 1244/98.

El Decreto N° 1105/04 (B.O. 6 de octubre de 2004) reconoce la histórica “Compensación por Inestabilidad de Residencia” creada por el Decreto Nº 2000/91, y su modificatorio, y el “Adicional” previsto por el Decreto Nº 628/92 como parte integrante de la remuneración computable a los fines de la liquidación de la hoy denominada “Pensión Honorífica”.

El artículo 1º de la Ley 27.329 (B.O. 13 de diciembre de 2016) crea un régimen previsional especial de carácter excepcional para los ciudadanos que cumplan con la condición de Ex Soldados Conscriptos Combatientes que hubieren participado en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el Teatro de Operaciones Malvinas (T.O.M.) o hubieren entrado en efectivas acciones de combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S.), y los civiles, que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares y entre las fechas antes mencionadas.
 

RECLAMOS JUDICIALES

Sentadas las normas que rigen la materia, es posible abocarse -con mayor exactitud y con un mejor conocimiento sobre el tema- al tratamiento a los distintos reclamos iniciados ante la Justicia Federal de la Seguridad Social:

- Certificación del Carácter de Veterano de Guerra

En primer término, se impone tratar las demandas vinculadas con el reconocimiento del carácter de Veterano de Guerra toda vez que la certificación de tal calidad, emanada de autoridad competente, constituye un requisito sustancial e imprescindible a fin de obtener los beneficios que las leyes confieren a los Ex Combatientes de Malvinas.

Suele ocurrir que, en algunos casos, es muy delgada la línea divisoria existente entre las personas que estuvieron en el área de afectación y las que no. Es por ello que no siempre la Fuerza Armada respectiva reconoce dicho carácter lisa y llanamente. Por lo tanto, en estos casos, resulta necesario declararlo judicialmente.

A tales efectos, es importante establecer, en primer término, cuáles son los requisitos para ser considerado “Veterano de Guerra”.

En este sentido, cabe señalar que así se define a todo el personal de oficiales, suboficiales y soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que hayan participado en las acciones bélicas llevadas a cabo en la jurisdicción del TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) y directamente en la jurisdicción del TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur), dentro del período temporal comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Es decir, si bien a los fines de ser calificado como Veterano de Guerra, cada Fuerza Armada cuenta con normativa propia y específica que estipula los requisitos que deben cumplirse, conforme a lo dispuesto por las Leyes 23.848, 24.892 y 23.109 y a los Decretos Nros. 2634/90 y 509/88 antes citados, existen tres parámetros objetivos que el reclamante debe cumplir para revestir carácter de Veterano de Guerra, a saber: una pauta temporal, una pauta geográfica y la acción bélica o de combate propiamente dicha.

La pauta geográfica consiste en que el militar o soldado conscripto debió haber desarrollado funciones dentro de la jurisdicción del TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) o directamente en la jurisdicción del TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur).

El TOM (Teatro de Operaciones de Malvinas), creado mediante Decreto Secreto Nº 675/82, comprende las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y se creó como comando estratégico operacional para la recuperación de las Islas Malvinas a partir del día 2 de abril de 1982. Concretada la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, el Comando Militar dispuso la desafectación del Teatro de Operaciones Malvinas, la transferencia de su responsabilidad al Teatro de Operaciones Atlántico Sur y la extensión de su jurisdicción a los espacios marítimos y aéreos correspondientes, para garantizar la defensa de todo el litoral Atlántico. Su vigencia se extendió desde el 2 de abril hasta el 7 de abril de 1982.

Por otro lado, el TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur), creado por el Decreto Secreto Nº 700/82, comprende la Plataforma Continental, Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y el espacio aéreo y submarino correspondiente y fue creado, luego de haberse desactivado el TOM (Teatro de Operaciones Malvinas), como comando estratégico operacional para la defensa. Su vigencia se extendió desde el 7 de abril hasta el 14 de junio de 1982.

Cabe señalar que también se determinó la existencia del TOS (Teatro de Operaciones Sur) cuya jurisdicción comprendía el territorio continental al sur del paralelo 42º y tuvo como objeto disponer la existencia de la Comisión de Trabajo designada por la Junta Militar para analizar la previsión del empleo del Poder Militar para el caso Malvinas cuyo enfoque político-militar era especificar los posibles modos de acción. Permaneció vigente durante todo el período en que duró la Guerra.

Es decir, a los fines de cumplir con el requisito geográfico, el actor debe demostrar judicialmente haber desplegado funciones dentro del TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) o dentro del TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur). De lo contrario, en principio, y según la letra de la norma, no podrá ser calificado como Veterano de Guerra si permaneció en el territorio continental, aunque haya sido movilizado al TOS (Teatro de Operaciones Sur).

En cuanto a la pauta temporal, la Ley exige que el personal militar o soldado conscripto haya cumplido funciones dentro de la zona afectada durante el período comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Finalmente, como última pauta relevante para revestir el carácter de Veterano de Guerra se exige el requisito de “Acción Bélica o de Combate”.

En este aspecto, el accionante debió haber desarrollado “acciones bélicas equiparables a haber entrado efectivamente en combate”. Esto implica que no solo basta con haber actuado dentro del TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) o dentro del TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur) durante el período temporal indicado, sino que debe acreditarse, además, que el personal militar o soldado conscripto fue movilizado a alguna de esas jurisdicciones desplegando -efectivamente- acciones de guerra contra las Fuerzas Británicas.

Este triple orden de requisitos fue ratificado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Gerez Carmelo Antonio c/ Estado Nacional – Mº de Defensa s/impugnación de resolución administrativa –proceso ordinario” (G.123. XLIV.), sentencia del 9 de noviembre de 2010.

Este fallo comprende a un suboficial retirado de la Armada Argentina que no percibía haberes ni gozaba de ningún beneficio jubilatorio, pensión o subsidio por concepto alguno y quien se encontraba desocupado y a cargo de su familia.

El actor reclamaba el cobro de la hoy denominada Pensión Honorífica creada por la Ley 23.848, y sus modificatorias Leyes 24.343, 24.652 y 24.892.

En este precedente, el Máximo Tribunal ha efectuado un minucioso análisis de la normativa atinente al reconocimiento del carácter de Veterano de Guerra y ha establecido la necesidad de cumplir con los tres requisitos antes mencionados, a saber: Pauta Temporal, Ámbito Geográfico y Acción Bélica.

Con posterioridad, se expidió nuevamente el 19 de mayo de 2015 en la causa “Gerez Carmelo Antonio” antes citada. En este nuevo pronunciamiento, el Alto Tribunal, reiteró los tres parámetros exigibles pero no definió el concepto de “Acción Bélica”.

Asimismo, la Excma. Corte se pronunció en los autos “Arfinetti Víctor Hugo c/ Estado Nacional- Ministerio de Defensa- Ejército Argentino y otro s/ Acción Declarativa de Certeza” (A. 468. XLVII.) sentencia del 7 de mayo de 2015.

En este caso, el actor era un ex soldado conscripto y los beneficios por él perseguidos eran los establecidos por la Ley 23.109.

En dicho precedente se estableció que, para revestir la condición de “Veterano de Guerra”, es necesario acreditar, principalmente, la efectiva “Acción Bélica” dentro del conflicto. Así, el Máximo Tribunal determinó que “la participación en Acciones Bélicas” constituye un requisito ineludible a los fines de considerar quienes son beneficiarios y quienes no lo son, y destacó la exigida distinción de aquellos soldados conscriptos que “participaron en acciones bélicas” y de los que no lo hicieron. Concluyó que si los actores no tuvieron dicha participación, carecería de sentido determinar si los ámbitos geográficos establecidos por la Ley 23.109 y su Decreto Reglamentario N° 509/88 coinciden o no.

Con posterioridad, se expidió en la causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/ Est. Nac.  (Mrio. De Defensa) s/ Diferencia salarial –medida cautelar” (A. 195. XLIX.), sentencia del 15 de diciembre de 2015.

En este pronunciamiento, se encontraban involucrados intereses de suboficiales y de personal civil de la Armada Argentina que reclamaban el otorgamiento de los certificados que acreditaran su condición de Veteranos de Guerra a los efectos de que se les confiriera la asignación creada por el Decreto N° 1244/98 y la pensión instituida por el Decreto N° 1357/04.

Mediante este precedente, la Corte ratificó la doctrina sentada en la causa “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas en cuestión de reivindicar y otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el Conflicto Bélico, además de colocar en un pie de igualdad a los agentes militares y civiles de las Fuerzas Armadas que, al haber estado destinados en la zona de despliegue continental, no poseen el carácter de Veteranos de Guerra de Malvinas.

Más recientemente, el Máximo Tribunal se pronunció en los autos “Vilchez Héctor c/ Estado Nacional s/ Acción meramente declarativa” (FMP 041051493/2011/CS001), sentencia del 19 de febrero de 2019, remitiéndose a las consideraciones oportunamente sostenidas en los fallos “Álvarez, Omar Ángel y otros” y “Arfinetti Víctor Hugo” antes citados.

Hasta aquí, como corolario de este análisis jurisprudencial, cabe concluir que si bien el carácter que revisten los actores y los beneficios por ellos perseguidos difieren en los distintos casos, lo cierto es que de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes mencionados se desprende la necesidad de acreditar la existencia de los tres requisitos en todos los supuestos, destacando -primordialmente- la verificación de acciones bélicas o de combate.

No obstante ello, cabe ponderar la relevancia del precedente “Agüero Javier Antonio y otros c/ Estado Nacional s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg”, sentencia del 29 de diciembre de 2016, dictado por la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

En este fallo, la Cámara Federal de la Seguridad Social, sin desconocer el criterio sentado por el Máximo Tribunal en la causa “Arfinetti Víctor Hugo c/ Estado Nacional- Ministerio de Defensa- Ejército Argentino y otro s/ Acción Declarativa de Certeza”, destacó -en el caso particular- que los accionantes habían desplegado actividades específicas, concretas y determinadas emplazadas al servicio directo del Conflicto Bélico, sin perjuicio de haber sido movilizados a la zona de despliegue continental.

En efecto, quedó demostrado mediante la prueba producida en la causa que los actores habían sido destinados a la ciudad de Punta Quilla -Provincia de Santa Cruz- y que dicho lugar fue precisamente el único afectado al dispositivo de sanidad y evacuación de heridos durante el Conflicto Armado.

Por consiguiente, la Alzada infirió que los accionantes no solo fueron movilizados a esa ciudad sino que, además, fueron partícipes de aquellas actividades específicas. Es decir, participaron activa y directamente en los dispositivos de evacuación de heridos y abastecimiento de insumos y materiales a las Islas.

Asimismo, la Excma. Cámara equiparó las actividades llevadas a cabo por los actores desde el continente,- a saber: logística, apoyo, evacuación de heridos y abastecimiento a las Islas Malvinas-, a las desarrolladas por quienes “Entraron Efectivamente en Combate”.

Para así resolver, calificó a la logística militar como parte integrante de la guerra, habiendo cumplido siempre un rol fundamental en las campañas y operaciones militares.

En este sentido, la Sala I del Fuero precisó que “…para que aquella equiparación prospere deben existir como mínimo fuertes indicios de carácter cierto que justifiquen razonablemente apartarse de la literalidad de la normativa ya señalada.”

La doctrina sentada por este fallo es de particular relevancia dado que la Cámara Federal de la Seguridad Social puso especial énfasis en la naturaleza e importancia de las actividades llevadas a cabo por los actores como sostén necesario de las acciones bélicas, sin perjuicio de no encontrarse geográficamente la ciudad de Punta Quilla -zona a la que fueron movilizados- dentro de la jurisdicción del TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur).

En similar sentido, se ha pronunciado el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 10 en los autos “Calderón Mario Octavio c/ Estado Nacional- Min. de Defensa- F.A.A. s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 26 de abril de 2018.

La particularidad de este precedente radica en que el actor había sido desplegado a la Base Aérea Militar de San Julián, en la Provincia de Santa Cruz, desempeñando funciones de encargado de la Sala de Armas, con la responsabilidad de distribuir el armamento que provenía de “ABASPAL” (Abastecimiento Palomar).

En efecto, el demandante no había entrado efectivamente en combate, como lo exige el art. 1º de la Ley 23.848, sino que había sido destinado a la Zona de Despliegue Continental.

Debido a ello, la cuestión planteada imponía analizar si su colaboración había sido fundamental para la cadena de combate.

Así, la Magistrada hizo lugar a la demanda y reconoció el derecho del actor a que se lo reconociera como Veterano de Guerra dado que había quedado demostrado que las funciones que llevó a cabo durante el Conflicto Armado fueron directas, activas y determinantes.

En tal orden resolvió que: “…la función desempeñada por el accionante durante la guerra, si bien no consistió en combatir al enemigo directamente con armas, no fue menos importante, trascendente o necesaria militarmente ya que la logística de aprovisionamiento de armamento es imprescindible para la batalla...”.

Cabe resaltar que el accionante había formado parte del apoyo logístico de los Sistemas de Armas que operaban desde la base aérea militar desde donde partían y adonde llegaban los aviones que entraban directamente en combate.

Por ello, no caben dudas de que cumplió tareas de logística, con el consiguiente peligro de ataque inminente a la base, convirtiéndose así en eslabón fundamental de la Guerra, sin el cual hubiese sido imposible el ataque y la defensa militar realizada por vía aérea.

Asimismo, es importante mencionar el precedente “Moreno Carlos Horacio c/ Estado Mayor General de la Fuerza Aérea s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 4 de abril de 2019, también dictado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 10.

En este caso, el Juzgado admitió la demanda del actor quien, en su carácter de personal militar de la Fuerza Aérea Argentina, se había desempeñado como Verificador de Radioayudas en la Base Aérea Militar Río Grande -Provincia de Tierra del Fuego- y en Río Gallegos -Provincia de Santa Cruz-, ubicada en la Zona de Despliegue Continental, fuera de la Zona de Combate.

Es decir, el demandante había cumplido tareas de logística determinantes para hacer efectivo el combate en una zona de riesgo, no obstante haber sido destinado a la Zona de Despliegue Continental.

Sin embargo, la relevancia de este caso radica en que, además de la importancia de las funciones por él realizadas, quedó demostrado en la causa que, que al haber formado parte de la tripulación del avión Guaraní II VR 15 con el que se realizaron tareas de verificación radioeléctrica de las radioayudas de las Bases de Despliegue de la Fuerza Aérea Sur, había sobrevolado el espacio aéreo correspondiente a la plataforma continental, entrando geográficamente en el TOAS, al menos en una oportunidad.

Es por ello que, en los supuestos en que se encuentre cuestionado el carácter Veterano de Guerra de un militar de la Fuerza Aérea, es necesario examinar con mayor precisión el requisito geográfico dado que, independientemente de haber sido movilizado con su unidad a la Zona Continental, lo cierto es que -debido a las funciones propias de la Fuerza Aérea Argentina- pudo haber entrado, eventualmente, en Zona de Conflicto.

En tal sentido, las Resoluciones 855/06 y 466/07, dictadas por el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, sustentan esta postura dado que definen los conceptos “Combatiente”, “Excombatiente”, “Acción Efectiva de Combate”, “Fuerza Aérea de una parte en Conflicto” y “Espacio de interés de un Componente Aerospacial” y determinan, para el personal de la Fuerza Aérea Argentina, que la “Acción Efectiva de Combate” realizada por una Fuerza Aérea de una parte en conflicto es llevada a cabo por un grupo heterogéneo de personal asignado a un Comando Estratégico Operacional (CEO), reconocido por la Resolución 540/85 del Señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, siendo éste parte indivisa de un sistema que produce un resultado bélico concreto aún sin estar, necesariamente, en contacto directo con el enemigo.

A su vez, desde la perspectiva de la importancia de las funciones y de la logística necesaria para hacer efectivo el combate, corresponde analizar también la situación del personal civil de las Fuerzas Armadas.

Tal como se mencionó previamente, cabe recordar que el precedente “Álvarez, Omar Ángel” involucró no solo a suboficiales de la Armada Argentina sino también a personal civil de dicha Fuerza.

En este sentido el artículo 1° de la Ley 23.848, según texto de la Ley 24.652, claramente establece respecto del personal civil que, a los fines de obtener la prestación, se debe acreditar haber cumplido funciones de servicio y/o apoyo en el TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) o en el TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur) entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Asimismo, la Ley 27.329 que crea el Régimen Previsional especial de carácter excepcional para los ciudadanos que cumplan con la condición de ex soldado conscripto combatiente comprende a los civiles, que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares y entre las fechas antes mencionadas”.

Es decir, la normativa establece que, a los fines de obtener los beneficios que otorgan las leyes, el personal civil debe demostrar haber realizado “Funciones de Servicio y/o Apoyo” dentro del TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) o dentro del TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur) mientras duró el Conflicto Bélico.

Es decir, en estos casos no se requiere haber desplegado acciones bélicas sino, únicamente, acreditar la “Función de Servicio y/o Apoyo” como también la pauta geográfica y la temporal.

En el fallo “Álvarez, Omar Ángel y otros c/ Est. Nac.  (Mrio. De Defensa) s/ Diferencia salarial –medida cautelar” antes referido, el Alto Tribunal aplicó la normativa en cuestión, revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda considerando que el personal civil accionante había cumplido funciones en la zona de despliegue continental que no se encontraba contemplada a los fines de obtener los beneficios demandados.

La Excma. Corte Suprema de Justicia remarcó, en dicho precedente, que los actores no estuvieron destinados a una zona que se hallare incluida dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. En efecto, no se encontraba cuestionado el hecho de que los actores hayan realizado tareas de “Apoyo y/o de Servicio” pero, ciertamente, dichas funciones debieron haberse realizado dentro de la zona de combate, circunstancia que no había ocurrido en el caso y que impidió el judicial reconocimiento del carácter de Veterano de Guerra de los actores.

Mención aparte merece el fallo “Puñalef, Isabel y otros c/Estado Nacional- Ministerio de Defensa s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 3 de abril de 2017, dictado por Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 6.

En esta causa, las actoras se habían desempeñado como personal civil de enfermería del Ejército Argentino en el Hospital Regional “Dr. Manuel Sanguinetti”, ubicado en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Este fallo tiene características muy particulares y reviste una relevancia trascendental dado que las actoras eran personal civil femenino que solicitaba el reconocimiento del carácter de Veteranas de Guerra y la consecuente reparación integral por los hechos vividos en el Conflicto Bélico de 1982.

El Magistrado les reconoció el carácter de Veteranas de Guerra de Malvinas, haciendo hincapié en las tareas de apoyo y/o servicio que ellas realizaron dentro del Hospital de Comodoro Rivadavia, destacando la labor de contención que realizaban respecto de los heridos y enfermos que eran trasladados día y noche al Hospital por haber sufrido heridas propias de las acciones bélicas. Asimismo, remarcó que el apoyo y la contención que las accionantes habían brindado eran no solo de índole física sino también psicológica.

No cabe duda de que las actoras realizaron tareas de apoyo y/o servicio durante el Conflicto Bélico, circunstancia que surgía acreditada en el expediente como así también resultaba indubitable el sistema de evaluación, de tratamiento y de apoyo general que brindaba el Hospital de Comodoro Rivadavia.

No obstante ello, el Hospital, objetivamente, no se encontraba dentro de la zona de afectación toda vez que se hallaba ubicado en la Provincia de Chubut, ciudad de Comodoro Rivadavia, es decir, en la zona continental, cuestión que, en principio, implicaría el rechazo de la demanda por no cumplir con el requisito geográfico exigido también para el personal civil.

Sin embargo, el propio Ejército Argentino, en un informe producido en el expediente, consideró al Hospital de Comodoro Rivadavia como ubicado geográficamente dentro del TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur), equiparándolo a otras unidades del Ejército que fueron trasladadas a las Islas Malvinas.

Esta circunstancia determinante llevó al Juez a reconocer el carácter de Veteranas de Guerra de las actoras toda vez que no solo se encontraban cumplidas la pauta de servicio (Tratándose de personal civil) y la pauta temporal sino también la pauta geográfica requerida.

Cabe concluir en este punto que, a fin de obtener judicialmente la pertinente certificación del carácter de Veterano de Guerra, es necesario acreditar la existencia de los requisitos de “Acción Bélica”, “Pauta Geográfica” y “Pauta Temporal” exigidos a los soldados conscriptos y al personal militar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad así como también los requisitos de “Pauta Geográfica”, “Pauta Temporal” y “Funciones de Servicio y/o Apoyo dentro del TOM y dentro del TOAS” -en los casos del personal civil-.

No obstante ello, cabe dejar a salvo un criterio más amplio vinculado a las acciones concretas y específicas que el personal militar o los soldados conscriptos pudieron haber llevado a cabo sin haber entrado efectivamente en combate ni haber sido destinados a la zona de conflicto, pero que fueron determinantes y necesarias para que la logística y las estrategias de Guerra pudieran funcionar correctamente y para que las acciones bélicas pudieran desplegarse de manera efectiva.

En razón de ello, se impone evaluar, en cada caso, las condiciones subjetivas para determinar el carácter de Veterano de Guerra del actor.

El sentido y finalidad de las normas y de la jurisprudencia aplicable consiste en otorgar el reconocimiento y reparación integral a aquellos soldados conscriptos y personal de las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad que hayan participado, de manera efectiva, concreta y activa, en la Guerra de las Islas Malvinas, ya sea entrando en combate contra las Fuerzas Británicas o bien, efectuando tareas de servicio, apoyo o logística en dichas jurisdicciones.

- Subsidio Extraordinario Ley 22.674

La Ley 22.674 prevé una compensación económica para toda aquella persona que hubiera resultado incapacitada psicofísicamente como consecuencia de las acciones de guerra llevadas a cabo durante el Conflicto Bélico del Atlántico Sur. Se trata de una compensación que se otorga a quienes combatieron en las Islas Malvinas en concepto de reparación del daño sufrido.

Es por ello que, a efectos de reclamar este Subsidio Extraordinario, luego de obtener la certificación que acredite el carácter de Veterano, es necesario verificar la existencia de la inutilización o disminución psicofísica, así como también el porcentaje de incapacidad y la relación de causalidad existente entre el daño y los actos de servicio cumplidos durante la Guerra de Malvinas.

En sede administrativa, los Veteranos solicitan la conformación de una Junta Superior de Reconocimientos Médicos a fin de ser examinados. Luego, previa comprobación de los requisitos exigidos, el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza respectiva les otorga el beneficio.

Sin embargo, suele ocurrir que no se les reconozca patología alguna o, en caso de comprobarse una determinada incapacidad, puede suceder que no se verifique la aludida relación de causalidad o bien, que se encuentre controvertido el porcentaje de incapacidad.

En consecuencia, los interesados concurren a la Justicia a fin de que se revise ese porcentaje de incapacidad así como también que se determine judicialmente la vinculación entre las consecuencias psicofísicas y los hechos desarrollados durante el Conflicto Bélico.

Una vez comprobados dichos extremos mediante un informe realizado por un perito oficial designado al efecto o por el Cuerpo Médico Forense, los jueces hacen lugar a las demandas y disponen el otorgamiento del beneficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley 22.674 que establece que las disposiciones la norma se aplican retroactivamente al 2 de abril de 1982, hecho generador en el que tuvo participación el actor.

Es considerable la jurisprudencia que existe en la materia y que los jueces citan a fin de resolver la controversia.

Es así que la Excma. Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal –Sala III-, resolvió en los autos “Gramajo, Andrés c/ La Nación E.M.G.A.”, sentencia del 3 de marzo de 1993 que “El haber obrado las condiciones del servicio como factor coadyuvante en el desencadenamiento de la enfermedad es suficiente para que se respete la relación causal (C.S., 03/03/87, “Burqueño”, L.L. 1987-C-146) y cualquier duda sobre su incidencia como concausa debe resolverse en favor de quien prestando el servicio militar obligatorio, resultó damnificado en cumplimiento del deber sin haber elegido por su voluntad los riesgos que tal situación puede experimentar (Fallos: 306:1276 y 155 esta Sala 28/03/87. “Pérez” 03/03/89 “Romero”).

A su vez, la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal estableció en el plenario “González Óscar Omar” del 15 de febrero de 1983 que “en el caso de una enfermedad que incapacite a un conscripto, basta la probabilidad en grado razonable de que las exigencias de la vida militar hayan influido en el agravamiento de la afección que padecía con anterioridad a la incorporación, para admitirlas como concausa”.

La Cámara Federal de la Seguridad Social -Sala II- en los autos “González Néstor Edgardo c/ Estado Nacional- Ministerio de Defensa”, sentencia del 6 de noviembre de 2003, dispuso también que “Probado que la circunstancia de haber participado en el conflicto bélico con el Reino Unido de Gran Bretaña en 1982 actuó como concausa de la enfermedad que el actor padece en la actualidad, el haber obrado dichas condiciones de servicio como factor coadyuvante en el agravamiento de la enfermedad es suficiente para tener por acreditada la relación causal (cfr. C.S.J.N., sent. del 03.08.93, “Gramajo”; ídem, sent. del 22.06.99, “Rolin, Alejandro c/ E.N.-E.M.G.E.”).

Asimismo, la jurisprudencia ha entendido que el fin tuitivo que persigue la norma lleva a entender que el Subsidio Extraordinario debe considerarse al 2 de abril de 1982 y hasta su efectivo pago.

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social también estableció que el Subsidio Extraordinario debe pagarse desde que se produjo el “hecho generador”.

Así se ha pronunciado la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social en los autos “Gramajo, Héctor Horacio c/ Estado Nacional- Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg”, sentencia del 20 de octubre de 2005.

En dicho precedente, la Alzada entendió que “…Tanto respecto de los haberes de pensión, de los subsidios, como en general de las indemnizaciones que concede la ley para el personal militar, deben considerarse los motivos por los cuales se otorgan, en tanto la norma tiene en cuenta que las incapacidades se producen por un hecho que, en virtud del principio de causalidad, generará una consecuencia. Por ello, estando reconocido que el “hecho generador” y causal de la incapacidad ha sido el conflicto bélico con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cabe concluir que los efectos perniciosos de las vivencias del titular se detectaron y reconocieron con vinculación a los episodios bélicos…”. “…En consecuencia, corresponde rechazar la prescripción opuesta por la demandada -que pretende se extienda solo a los cinco años anteriores del reclamo administrativo-, y disponer que las sumas que en definitiva resulten, se abonen desde que se produjo el “hecho generador” en el que tuviera participación el reclamante”.

Con posterioridad, el Superior también reconoció que “…los efectos perniciosos de las vivencias del accionante guardaban relación con los episodios bélicos, y ponderó que su reclamo no consistía en obligaciones de carácter salarial, sino que se vinculaban con una protección tuitiva del Estado en beneficio de los disminuidos psíquica y físicamente  por  intervenir en la contienda bélica del Atlántico Sur”  (cfr.  C.F.S.S., Sala I “Lemos,  José  Rodolfo c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las Fuerzas  Armadas y de Seguridad", sentencia del 12 de marzo de 2013.

Con similar criterio se expidieron distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, tal como surge de los autos “Silvero, José Isidoro y otros c/ Estado Nacional (Adm. Central) Mº de Defensa s/ Juicios de conocimiento”, sentencia del 4 de octubre de 2005 (Sala I), de los autos “Giménez, Carlos Martín c/ Estado Nacional- Mº de Defensa- EMGE s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seguridad”, sentencia del 14 de febrero de 2007 (Sala III), de los autos “Barrios, Juan Carlos c/ Estado Nacional- Mº de Defensa- EMGE) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seguridad”, sentencia del 7 de junio de 2007 (Sala II) y de los autos “Cabral, Gladys Catalina y otros c/ E.N. - Mº de Defensa s/ retiro militar”, sentencia del 30 de abril de 1999 (Sala IV).

Cabe destacar que, en la actualidad -en muchos casos- el Estado Nacional efectivamente liquida y abona administrativamente el Subsidio Extraordinario conforme a lo previsto por el artículo 2º de la Ley 22.674 siempre que el peticionante hubiera solicitado la conformación de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos a fin de ser examinado y previa comprobación de los requisitos antes señalados.

- Intereses Subsidio Extraordinario Ley 22.674

Si bien, en un principio, la mayoría de las demandas vinculadas con el Subsidio previsto por la Ley 22.674 solo tenían como objeto el reconocimiento del derecho del actor a que se liquide y abone exclusivamente el capital del beneficio, con posterioridad, se comenzó a reclamar también el reconocimiento judicial de los intereses.

Ello, toda vez que, tal como se señaló precedentemente, en algunos supuestos, la Fuerza abona el capital correspondiente pero no liquida interés alguno en instancia administrativa, al menos, por el momento.

Por lo tanto, frente a las disposiciones del artículo 5º de la Ley 22.674 que ordena la aplicación retroactiva de sus disposiciones al 2 de abril de 1982, se fueron deduciendo demandas de otra naturaleza en las que los accionantes comenzaron a reclamar el pago de los intereses, alegando que el hecho de haber aceptado un pago “parcial” no puede constituir óbice alguno para reclamar una suma que es de carácter imprescriptible a la luz de la jurisprudencia y del propio texto de la norma.

Consecuentemente, en la actualidad, los reclamos judiciales varían entre aquellas personas que solicitan el pago del Subsidio Extraordinario para la satisfacción del daño propiamente dicho y aquellas personas que lo han percibido y solo pretenden el pago de las diferencias retroactivas al 2 de abril de 1982.

- Beneficios de las Leyes 19.101 y 24.310

Es necesario abordar de manera conjunta las demandas iniciadas con fundamento en estas normas debido a la vinculación existente entre los beneficios por ellas creados.

Los artículos 76 y 78 de la Ley 19.101, en sus diferentes incisos, disponen el derecho del personal militar o de los soldados conscriptos, según el caso, a una indemnización o a un haber de retiro, siempre que se encuentre acreditado un determinado grado de incapacidad y la relación de causalidad entre éste y el daño producido.

Por otro lado, la Ley 24.310 establece una Pensión Graciable vitalicia para todos los ciudadanos argentinos que sufrieron incapacidades con motivo de las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

La jurisprudencia ha ampliado el número de beneficiarios de la Ley 24.310 a partir de una correcta interpretación del bien jurídico tutelado por ésta, al entender que el listado incluido en el Anexo 1° no constituye un numerus clausus taxativo. Por lo tanto todo aquél que se encuentre en la situación legal prevista por el articulado de la norma en cuestión tiene derecho a que le sea acordado el beneficio.

En este sentido, se ha expedido la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, en los autos “Silvero, José Isidoro y otros c/ Estado Nacional -Adm. Central Mº de Defensa s/ juicios de conocimiento”, sentencia del 4 de octubre 2005, antes citados.

La Pensión Graciable instituida por la Ley 24.310 y los beneficios creados por los artículos 76 y 78 de la Ley 19.101 también deben ser analizados en el marco de una relación de causalidad entre la incapacidad del actor y los actos de servicios prestados bajo las órdenes de la Fuerza demandada.

Es importante destacar que existe una relación intrínseca entre ambos beneficios toda vez que, por aplicación de la Ley 19.101, los ex soldados conscriptos incapacitados en menos del sesenta y seis por ciento (66 %), en un principio, no resultan ser beneficiarios de haber de retiro alguno, sino solo de una indemnización de pago único. Es por ello que el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.310, otorgándole el derecho a un “Haber” a todos los incapacitados en la guerra de las Islas Malvinas.

Consecuentemente, aquel Ex Soldado Conscripto incapacitado en menos de un sesenta y seis por ciento (66 %) tendrá derecho a una indemnización en virtud del artículo 76, inciso 3) apartado c) de la Ley 19.101 como así también a una pensión graciable en razón de la Ley 24.310.

Ahora bien, las disposiciones del artículo 2° de la Ley 24.310 prevén la incompatibilidad de este beneficio con cualquier otro otorgado con motivo de la participación en el Conflicto Bélico de 1982 y debido a una incapacidad determinada, sin perjuicio de señalar que la norma confiere la posibilidad de optar entre uno u otro.

De lo contrario, si un Ex Soldado Conscripto resulta incapacitado en más de un sesenta y seis por ciento (66 %) gozará de un haber de retiro en los términos del artículo 78 inciso 3) de la Ley 19.101, y no será procedente la percepción de la Pensión Graciable dispuesta por la Ley 24.310 en virtud su incompatibilidad con cualquier otro beneficio derivado de los hechos de Malvinas, salvo que el peticionante opte por éste en detrimento del primero.

Asimismo, en el caso del Personal Militar, si reviste el actor una incapacidad superior al sesenta y seis por ciento (66 %) y ya gozaba de un haber de retiro, dicho Haber puede ser incrementado en un quince por ciento (15 %) en virtud de lo dispuesto por el artículo 76, inciso 2º apartado b).

- Retroactividad de la Indemnización Ley 19.101 y de la Pensión Ley 24.310

Al momento de reclamar judicialmente la retroactividad por la indemnización prevista en la Ley 19.101 o por la Pensión Graciable creada por la Ley 24.310, se impone analizar dos cuestiones.

En primer término, cabe precisar que si bien existe una vinculación entre ambos beneficios, lo cierto es que la naturaleza jurídica de los dos es distinta, circunstancia que impide liquidar la retroactividad en cada caso utilizando los mismos parámetros.

En tal sentido, resulta necesario aclarar que el beneficio previsto por la Ley 19.101 se trata de una indemnización de pago único que no se devenga en períodos sucesivos sino por una sola vez por lo que, sin perjuicio de mencionar que en determinados casos ha sido aplicable el instituto de la prescripción, jurisprudencialmente se ha ponderado garantizar los beneficios de la seguridad social, ordenando su determinación a la fecha de baja de los reclamantes, esto es al 14 de junio de 1982, fecha de finalización del hecho generador en el que éstos tuvieron participación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley 19.101, salvo que de la prueba producida en la causa haya quedado demostrada la fecha de baja efectiva del demandante.

En este orden de ideas también se ha pronunciado la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, en los autos “Silvero, José Isidoro y otros c/ Estado Nacional -Adm. Central Mº de Defensa s/ juicios de conocimiento”, sentencia del 4 de octubre 2005 antes citado.

De lo contrario, la Pensión Graciable creada por la Ley 24.310 se encuentra efectivamente sujeta al instituto de la prescripción debido a su naturaleza previsional. Ello, toda vez que se trata de una prestación devengable mes a mes, por lo que la retroactividad que corresponda necesariamente se encuentra limitada por aquella.

Por último y estrictamente en relación con los beneficios de la Ley 19.101, corresponde mencionar que la normativa citada, en cuanto se refiere al personal militar, resulta aplicable exclusivamente a los agentes que son objeto de retiro obligatorio por inutilización producida por actos de servicio.

Ahora bien ¿Qué ocurre en los casos en los que el peticionante solicita que se le conceda voluntariamente la baja de la Fuerza, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 19.101?

El cuestionamiento radica en si corresponde reconocer judicialmente a los actores el derecho a la percepción de los beneficios creados por el artículo 76 de la Ley 19.101, toda vez que el retiro no fue de carácter obligatorio, sino voluntario, teniendo en cuenta que el pedido de retiro voluntario constituye un acto emanado de la propia voluntad, y que, conforme la teoría de los “actos propios” el mismo puede ser causa eficiente de efectos jurídicos.

En tal inteligencia se ha expedido la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Sánchez, Alfonso c/ Minetti y Cía. Ltda. S.A.”, sentencia del 7 de abril de 1949.

En este fallo, el Máximo Tribunal resolvió que “…la solicitud de retiro voluntario no puede ser entendida como una renuncia a hacer valer los derechos resultantes de una nueva revisación médica… pues ello significaría apartarse de la interpretación restrictiva que debe imperar en materia de renuncias, ello sin perjuicio de destacar que en cuestiones previsionales los beneficios son irrenunciables”.

En idéntico sentido, se ha pronunciado la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social -Sala I- en los autos “Pereyra Jorge Alberto c/ Estado Nacional- Min. De Defensa- EMGE s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 24 de junio de 2011.

- Cómputo de los adicionales transitorios creados por los Decretos Nros. 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 en los distintos beneficios de los Veteranos de Guerra

Cabe señalar que, de manera eventual, también se han suscitado casos en donde la parte actora requirió judicialmente la consideración de los adicionales transitorios establecidos por los Decretos Nros. 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 a fin de determinar la base de cálculo de los beneficios creados por las Leyes 22.674, 19.101 y 24.310.

Las demandas que persiguen la reliquidación del Subsidio Extraordinario dispuesto por la Ley 22.674, teniendo en cuenta los aumentos previstos por los Decretos antes citados, no resultan procedentes debido a que el Subsidio en cuestión, tal como se describió con anterioridad, se trata de una compensación extraordinaria que tiene como fin indemnizar a quienes sufrieron un perjuicio directo como consecuencia del conflicto bélico de 1982, es decir, resulta ser un monto indemnizatorio de pago único que no se devenga mes a mes.

En este sentido, se han desestimado este tipo de reclamos judiciales conforme a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Acosta, Mario c/ Estado Nacional (Estado  Mayor General del Ejército) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad” (A. 261. XXXII.), sentencia del 14 de octubre de 1997 y “Aguilar, Mario Alfredo y otros c/ Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad (A)” (A. 224. XXXII.), sentencia del 14 de octubre de 1997.

En dichos precedentes, el Alto Tribunal destacó que “…por no tratarse el subsidio extraordinario previsto por la ley 22.674 de un haber de pasividad que reemplace al haber de actividad, sino de una compensación extraordinaria, resulta inaplicable en la especie la doctrina de esta Corte expuesta en diversos precedentes que aceptaron el carácter remunerativo de distintas asignaciones concedidas a la generalidad del personal militar en actividad, así como, por consiguiente, la posibilidad de su incorporación en la base de cálculo para la determinación del haber de los retirados y pensionados”.

Asimismo, en los fallos antes citados, el Máximo Tribunal concluyó que “... en la materia en litigio, …el  haber  mensual del personal militar está comprendido exclusivamente por los rubros sueldo y reintegro de gastos de servicio”, agregando además que ”... la naturaleza del  subsidio  regulado  por  la ley 22.674 -que, en rigor, no es más que una compensación extraordinaria que lleva por fin el representar una expresión de solidaridad respecto de quienes resultaron directamente perjudicados por el conflicto bélico que motivó  su  intervención (ver  la  nota al P.E.N. acompañando el proyecto de la ley 22.674)- hace inaplicable al caso lo resuelto en los precedentes de la C.S.J.N. ... por ejemplo, los de Fallos 312:787;  316:1749;  317:180,  y  el  correspondiente  a la causa “Cavallo,  Luis  E.”  (sent.  del  28.03.95)",  puesto  que  “... resultan  totalmente  ajenas  a  la  materia  regulada por la ley 22.674,  por  lo que no ha de trazarse ningún vínculo de analogía entre aquellos casos y el sub examine”.

Cabe mencionar que dicha solución jurisprudencial, es diametralmente opuesta a la adoptada en aquellos históricos casos en los que los actores solicitaban el reajuste de sus pensiones de guerra, pretendiendo, en el caso de los militares, la equiparación de su pensión con el haber de un cabo del Ejército Argentino.

En aquellas causas, peticionaban que se les reconocieran los códigos 62 y 63 (Decretos Nros. 2000/91, 2115/91, 628/92, 2701/93) como parte integrante de la remuneración.

La Justicia efectivamente hacía lugar a esta clase de demandas toda vez que la Pensión de Guerra, hoy denominada “Pensión Honorífica”, se trataba de una prestación devengable mes a mes y no de una compensación de carácter extraordinaria como es el caso del subsidio dispuesto por la Ley 22.674.

En dichos reclamos se aplicaba el precedente “Clara, Luis Juan Bartolomé y otros c/Est. Nac. Pen. Asis. s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.” (C. 1291. XLI.), sentencia del 20 de junio de 2006 (CSJN). El Máximo Tribunal en este fallo sostuvo que “…el haber de la pensión de guerra debe equipararse con la remuneración de un cabo del Ejército Argentino que está integrada exclusivamente por los rubros “sueldo” y “regas”, teniendo en cuenta  que la compensación por inestabilidad de residencia creada por el decreto 2000/91 y la asignación prevista por el decreto 628/02 deben considerarse como parte integrante…”.

En igual sentido se aplicaba la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en el precedente “Kasansew, Nicolás y otros v. Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente –Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales” (K. 312. XL.), sentencia del 28 de noviembre de 2006. En este fallo, se resolvió que: “…De los antecedentes parlamentarios que precedieron a la sanción de la ley 24.652 surge que la voluntad legislativa no fue la de conceder una pensión graciable, sino una pensión retributiva de los actos de servicio específicamente cumplidos por sus beneficiarios en la Guerra del Atlántico Sur. Una solución contraria, mediando reconocimiento legal de la verdadera naturaleza de tales complementos, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto 1490/02, importaría privar a los beneficiarios de la pensión de guerra de la pauta de estabilidad diseñada por el legislador, al elegir el haber mensual de cabo de ejército como referencia del quantum de la prestación.”.

Con posterioridad, se sancionó el decreto Nº 1105/07. En virtud de esta norma se regularizó la situación, reconociendo el Estado Nacional a las asignaciones percibidas bajo los códigos 62 y 63 como parte integrante de la remuneración computable a los fines de la liquidación de la hoy denominada “Pensión Honorífica”. En virtud de la entrada en vigencia de esta norma, las causas iniciadas con fundamento en este reclamo se comenzaron a declarar abstractas.

En este orden de ideas y según la línea jurisprudencial antes reseñada, no es posible admitir el cómputo de asignaciones o adicionales transitorios devengables mes a mes como parte integrante de la base de cálculo del Subsidio Extraordinario creado por la Ley 22.674 en virtud de tratarse éste de una compensación extraordinaria de naturaleza resarcitoria y no de una prestación devengada y percibida mensualmente.

Atento a la naturaleza jurídica antes tratada, la solución adoptada jurisprudencialmente respecto de la indemnización prevista por la Ley 19.101 es idéntica a la aplicada en los casos del Subsidio Extraordinario dispuesto por la Ley 22.674.

En consecuencia, se rechazan las demandas por tratarse ambos beneficios de una indemnización de pago único.

De lo contrario, a los fines de resolver el planteo respecto de la inclusión de los adicionales transitorios en la Pensión Graciable establecida por la Ley 24.310, la solución es equiparable a los antiguos reclamos que versaban sobre integrar los rubros 62 y 63 en las pensiones de guerra.

Por ello, en los casos en donde se solicita incorporar los aumentos antes referidos a la pensión creada por la Ley 24.310, los planteos son admisibles, toda vez que dicha norma importa una prestación devengable en períodos sucesivos y, por lo tanto, se aplican analógicamente los precedentes dictados por el Alto Tribunal in re: “Clara, Luis Juan Bartolomé y otros c/Est. Nac. Pen. Asis. s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.” (C. 1291. XLI.), sentencia del 20 de junio de 2006 y “Kasansew, Nicolás y otros v. Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente –Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales” (K. 312. XL.), sentencia del 28 de noviembre de 2006, citados precedentemente.

- Reconocimiento Histórico de la Pensión Honorífica Ley 23.848

Finalmente, corresponde abordar uno de los últimos reclamos iniciados en materia de Veteranos de Guerra.

Se trata de obtener el Reconocimiento Histórico de la Pensión Honorífica establecida en el artículo 1º de la Ley 23.848 (T.O. por la Ley 26.452) desde el 2 de abril de 1982 y no desde la fecha de la solicitud, tal como lo prevé el artículo 5º del Decreto Reglamentario Nro. 2634/90, cuya inconstitucionalidad se pretende judicialmente toda vez que la parte actora considera que dicho decreto excede la potestad reglamentaria.

Cabe resaltar que estas demandas se caracterizan por su carácter “novedoso” dado que, hasta el momento, la citada “Pensión Honorífica” no había sido objeto de controversia más allá de la cuestión relativa al reconocimiento de la calidad de Veterano del actor y el consecuente reconocimiento del derecho a su percepción. Sin embargo, en estos supuestos, el objeto del litigio no es “El reconocimiento de la Pensión Honorífica” sino “El reconocimiento de la calidad de Veterano de Guerra del actor”.

La parte actora funda su reclamo en distintas actas de negociación celebradas el 6/10/2008, 19/11/2008 y 26/11/2008 entre la ANSeS y una Comisión Negociadora en representación de los soldados conscriptos, mediante las que las partes se comprometieron a continuar con las negociaciones tendientes al efectivo pago del reconocimiento de la deuda histórica de la Pensión Honorífica.

Considera que estas actas son interruptivas de la prescripción en los términos del art. 82 de la Ley 18.037 dado que ambas partes, en dichas fechas, asumieron un compromiso en concreto.

No obstante ello, la Administración Nacional de la Seguridad Social, al contestar las demandas, sostiene que las actas citadas no fueron más que cartas de intención que solo dan cuenta de la búsqueda de una solución respecto a este reclamo.

En primer término, es necesario destacar que, a diferencia de la Ley 22.674 que expresamente reconoce la existencia del derecho al Subsidio Extraordinario creado para los Veteranos de Guerra a partir del 2 de abril de 1982, el Decreto 2634/90 específicamente prevé una limitación temporal respecto de la procedencia de la Pensión.

Es decir, el reconocimiento de los intereses del Subsidio Extraordinario previsto por la Ley 22.674 surge de una prescripción legal. No sucede lo mismo con la Ley 23.848, cuyo Decreto Reglamentario estipula, de manera explícita, que su percepción será desde la fecha de su solicitud.

En tales condiciones, cabe advertir lo dispuesto por los artículos 3º y 7º del Código Civil y del Código Civil y Comercial de la Nación que disponen que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición expresa en contrario, como es el caso del Subsidio creado por la Ley 22.674.

Ahora bien, dado que se trata de un reclamo relativamente nuevo, no existe hasta la fecha jurisprudencia considerable que trate la cuestión.

Sin embargo, si bien existen juzgados que admiten el reclamo, a falta de una norma que reconozca el derecho al cobro retroactivo pretendido y considerando que la Ley 23.848, y su modificatoria Ley 24.652, se aplican para el futuro, generalmente la Justicia suele rechazar estas demandas.

En tal sentido, se pronunció la Sala I de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social en los autos “Haidar Daniel Emilio y otros c/ Anses s/ Pensiones” (Expte. Nº 86.431/10), sentencia del 5 de junio de 2017.

Allí, la Alzada revocó la sentencia de grado y rechazó la demanda instaurada que había declarado la inconstitucionalidad del art. 5º del Decreto 2634/90.

Para así resolver, consideró que “…tratándose de una pensión graciable vitalicia, la que acuerda la ley 23.848 y por ello, ajena a las que se otorgan en el ámbito del sistema previsional, la determinación de los requisitos a cumplir para su otorgamiento es un acto de política legislativa, que el art. 75, inc. 20, de la Constitución Nacional, atribuye al Congreso de la Nación.”

Es decir, la Alzada marcó una diferencia entre la Pensión Graciable Vitalicia otorgada por la Ley 23.848 y las pensiones que se otorgan en el ámbito de la Seguridad Social y ponderó que, en estos últimos supuestos, la autoridad otorgante cuenta con un margen amplio de discrecionalidad.

Asimismo, respecto de las Actas de Negociación celebradas la Sala I advirtió, en el fallo antes citado, que se trata de “…solo gestiones llevadas a cabo entre la Comisión Negociadora de Ex Combatientes con autoridades de la ANSeS, efectuadas con el objeto de avanzar en la conciliación del conflicto suscitado, que no han concluido en un acuerdo positivo que diera fin al mismo y que generara un derecho consolidado a favor de los accionantes”.

En esta inteligencia, la Excma. Cámara dejó sentado su criterio en cuanto a que las Actas oportunamente celebradas solo generaron un derecho en expectativa que, en modo alguno, puede considerarse una situación jurídica consolidada a favor de la parte actora.

En idéntico sentido, se expidió recientemente la Sala I en los autos “Escudero Antonio Walter y otros c/ Anses s/ Pensiones” (Expte. 7813/10), sentencia del 9 de agosto de 2018, en donde revocó también la demanda incoada.

A su vez, cabe destacar que la Sala II de la Cámara del Fuero sostiene el mismo criterio.

En los autos “Culotta Juan José y otros c/ Anses 5s/ Pensiones” (Expte. Nº 104.618/10), sentencia del 12 de diciembre de 2018, la Sala antes referida confirmó la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 6.

En dicho pronunciamiento, la Alzada no solo resaltó el “Principio de Irretroactividad de las Leyes” sino también que las Actas celebradas entre la ANSeS y los ex soldados conscriptos combatientes de Malvinas “…acordaron la constitución de una comisión de trabajo entre las partes y la posible evaluación de una posible fecha de reconocimiento, pero que al final, no se concretaron con el dictado de una norma que contemple lo decidido” y, a su vez, precisó que “las firmas de dichas actas no implica, necesariamente, la modificación de la fecha de pago de las pensiones no contributivas previstas por la ley 23.848”.

Por último, la Sala III, en los autos “Sosa Jorge Daniel y otros c/ Anses s/ Prestaciones Varias” (Expte. Nº 53.981/12), sentencia del 18 de octubre de 2018, revocó la sentencia apelada y remarcó el “Principio de Irretroactividad de las Leyes” así como también el carácter de “Pensión Graciable” que reviste el beneficio previsto por la Ley 23.848.

Así, consideró que “…si hubiera sido intención del legislador otorgarle efecto retroactivo, ello debería haber sido consignado en términos positivos e indubitables en el texto de la misma.” y que “…el beneficio previsto en la ley 23.848 tiene carácter de pensión graciable y por lo tanto la determinación de los parámetros o requisitos a cumplir para su otorgamiento es un acto de política legislativa del Congreso Nacional.”.

En virtud de lo desarrollado en este punto, cabe inferir que si bien existen juzgados que admiten las demandas iniciadas a efectos de obtener el reconocimiento histórico de la Pensión Honorífica prevista por la Ley 23.848, lo cierto es que -en términos jurisprudenciales-, no es factible que, en definitiva, estos reclamos judiciales puedan tener acogida favorable.
 

Conclusión: Finalidad de las normas que regulan la materia

En materia de retiros y pensiones militares debe ensayarse una hermenéutica que se conforme a los fines propios que aquellos persiguen y que se vinculen con la protección merecida a quienes, prestando servicios obligatorios en alguna de las tres Fuerzas Armadas, por acto mismo del servicio, resulten disminuidos para el trabajo en la vida civil. En tal sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Levenbuk, Carlos”,  sentencia del 8 de mayo de 1980.

En virtud de ello, el conjunto de normas y antecedentes jurisprudenciales aquí desarrollados denotan el propósito del Estado Nacional de establecer un reconocimiento íntegro a la acción heroica que llevaron a cabo aquellas personas que participaron en el Conflicto Bélico del Atlántico Sur, garantizando, mediante la aplicación sistemática de las normas, la reparación de los daños sufridos. Ello, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y según lo estipulado en los Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional establecidos en el artículo 75 inciso 22º del mismo Cuerpo Legal que regulan los derechos y beneficios de la Seguridad Social los que, a todas luces, resultan ser de carácter integral e irrenunciable.

Es así que, si bien muchos ciudadanos participaron de una u otra manera en la Guerra de Malvinas, la normativa aplicable tiene por objeto reconocer particularmente a aquellas personas que participaron de manera activa y concreta en la zona geográfica afectada y que, heroicamente, ejecutaron acciones de guerra defendiendo los intereses de la Nación Argentina, en especial a aquellos Ex Combatientes que resultaron heridos e incapacitados con motivo de los actos bélicos desplegados en las Islas Malvinas, otorgándoles bienestar y protección suficiente.