Colegio de Abogados de Santa Fe
 
Corolario y Reflexiones del panel sobre reajuste de haberes del Congreso Santafesino de Seguridad Social
(5 y 6 de octubre de 2017)
 

1.- El proceso administrativo-judicial de reajuste de haberes sigue siendo lento y de duración incompatible con la naturaleza alimentaria del juicio y la edad de los litigantes.

2.- La utilización del proceso ordinario -derivado de la nefasta Ley 24.463-, resulta igualmente incompatible con este tipo de juicios, siendo imperioso reiterar lo recomendado en anteriores congresos, en relación a la necesidad de una reforma del procedimiento que ordene la aplicación del proceso sumarísimo.

3.- La promesa de la ANSeS de no recurrir en lo sucesivo las sentencias de Cámara (Resolución 203/16), fue rápidamente dejada de lado ante el planteo de reemplazar el índice ISBIC -del fallo “Elliff” por el índice RIPTE previsto en la ley de “Reparación Histórica”. En este orden, y en primer término, preocupa que el organismo se ubique fuera del orden jurídico, incumpliendo en los hechos una norma emanada de la propia ANSeS. En segundo lugar, las tres Salas de la Excma Cámara Federal de la Seguridad Social y varios Juzgados del interior del país, ya se han manifestado en contra de esta postura, con sólidos argumentos que compartimos y al cual nos remitimos. Por tal motivo, exhortamos a nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación a emitir un fallo ejemplar, ratificando la jurisprudencia vigente.

4.- Es imperioso que este decisorio del más Alto Tribunal se emita con celeridad, para evitar demoras e incertidumbres que atentan contra nuestra clase pasiva. De lo contrario, la justa composición de los haberes se verá desplazada por un criterio economicista (lo que ya ocurrió en otros fallos como el del caso “Chocobar”), evidenciando un sometimiento del Poder Judicial a la oferta de ajuste en los haberes de los beneficios que surge de la Ley  27.260, que por otra parte  es de aceptación voluntaria.

5.- De aceptarse el planteo de la ANSeS, se vería seriamente afectada la seguridad jurídica de nuestros jubilados y pensionados. Debe advertirse, que muchos de quienes prosiguieron o iniciaron un proceso de reajuste de sus haberes lo hicieron motivados en la gran diferencia entre la propuesta de la Ley 27.260 y los resultados de una sentencia de reajuste. Prefirieron sacrificar años de espera (es decir tiempo que es el bien más preciado para ellos), a cambio de un haber digno. Resultaría un escándalo no solo jurídico sino también moral y social, no mantener la jurisprudencia pacífica y someterlos a un juicio de años para obtener, en definitiva, el mismo resultado  que si hubiere aceptado la oferta de la ley. De esta manera, el carácter optativo de las propuestas del programa se convertirán en obligatorias en la práctica.

6.- Las sentencias firmes deben ser liquidadas por la ANSeS dentro del término legal de 120 días hábiles (art. 22, Ley 24.463) y no puede demorarse su pago mediante el ofrecimiento  de una oferta en el marco del programa de la ley 27.260.

En este orden, resulta preocupante la actitud de la ANSeS  que está realizando ofertas a quienes son titulares de sentencias de reajuste firmes, ya que las mismas no pueden ser objeto de transacción por tratarse de derechos que no están en litigio ni revisten duda (art. 1641, Código Civil y Comercial).

7.- El proceso de ejecución de sentencia contra la ANSeS, cuando el plazo legal se encuentra vencido, debe adecuarse a las normas previstas en los arts. 499 y ss del CPCCN, ya que su “ordinarización” no encuentra sustento legal y constituye un premio para la administración morosa, quien de este modo dilata el pago de las sentencias. También resulta inadmisible seguir utilizando la tasa pasiva de interés conforme la doctrina emanada del fallo “Spitale” de la Excma. Corte, ya que el mismo es válido para periodos  de nula inflación, debiendo aplicarse la tasa activa de interés a los efectos de evitar que se “licue” la deuda y termine siendo más beneficioso para el Estado incumplidor pagar fuera de término.

8.- Resulta necesario impetrar a los servicios jurídicos de las UDAI de la ANSeS, la inmediata formación de los expedientes de liquidación de sentencias y su remisión a la gerencia de sentencias judiciales. Se evidencia una excesiva demora en remitir las actuaciones administrativas a liquidar una vez recibidas de la Justicia.

9.- Con respecto a las liquidaciones de las sentencias, sigue existiendo un alto porcentaje de casos donde no se respeta la jurisprudencia imperante (por ejemplo descuento de ganancias sobre retroactivos,  o  no se  respeta los dos años previos al reclamo, entre otros).

10.- Se propicia solucionar la excesiva demora en las liquidaciones de sentencias por Ley 24.016 (caso “Gemelli”),y la engorrosa tramitación de las causas.

Por lo que se propone se implemente un mecanismo ágil de intercambio de datos entre los ministerios de educación u organismo pertinente de las provincias y el área de liquidación de sentencias de ANSeS. Preocupa además que no se cumpla con la restitución lisa y llana de la movilidad dispuesta en Ley 24.016 (art. 7), ya que los haberes quedan congelados hasta tanto se inicie un proceso de ejecución de sentencia o un reclamo administrativo al efecto.

11.- Por fin, se propone terminar con el desigual trato que reciben los ex afiliados a la Capitalización (art.16, CN), respecto a los del Reparto, en las siguientes situaciones: