Reajustes por movilidad. Intereses. Ratificación de la tasa pasiva fijada en el fallo “Spitale”. Disidencia. Tasa activa

Causa: “Cahais, Rubén Osvaldo c/ANSeS s/Reajustes varios”
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Expte. 928/05, 18/4/17
 

Considerando:

1°) Que a fs. 141, el Tribunal remitió las actuaciones a la ANSeS para que procediera a liquidar el haber inicial de la prestación y a reajustarla de conformidad con las pautas sentadas en el precedente “Sánchez, María del Carmen” (Fallos: 328:1602 y 2833) y ordenó que una vez gestionado el cobro de las sumas que correspondieran, se devolvieran los autos a los efectos de continuar con el trámite de la causa (confr. caso “Wittall”, Fallos: 328:3097).

2°) Que practicada la movilidad según el primer precedente citado, corresponde expedirse sobre los agravios del actor relacionados con el reajuste de haberes solicitado a partir del año 2002, planteas que resultan procedentes de acuerdo con lo resuelto en la causa “Badaro” (Fallos: 329:3089 y 330:4866), cuyos fundamentos se dan por reproducidos, sin perjuicio de que al practicar la liquidación se descuenten las sumas que pudieran haberse percibido en virtud de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que dispusieron incrementos en las prestaciones en el período indicado:

3°) Que las críticas del jubilado dirigidas a objetar la tasa pasiva de interés, encuentran adecuada respuesta en la causa “Spitale” (Fallos: 327:3721), cuyas consideraciones se dan por reproducidas.

El criterio sentado en el fallo mencionado precedentemente que aplica la tasa pasiva para el cálculo de intereses establecidos en sentencias judiciales ha sido adoptado por el Congreso en el ámbito específicamente previsional al sancionar la ley 27.260, cuyo artículo 6° dispone que las acreencias, constituidas por las diferencias devengadas mes a mes entre el haber reajustado y el haber percibido, incluirán el capital con más los intereses, hasta el efectivo pago, calculados de conformidad con la Tasa Pasiva Promedio que publica el Banco Central de la República Argentina.

Por ello, el Tribunal resuelve: Declarar procedente el recurso ordinario, confirmar la sentencia apelada respecto de la tasa de interés en concordancia con la causa “Spitale” y disponer que la movilidad por el lapso indicado en el fallo “Badaro”, se practique de conformidad con el índice allí fijado, salvo que los incrementos dispuestos por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional durante igual período arrojasen una prestación superior, en cuyo caso deberá estarse a su resultado. Notifíquese y devuélvase. Ricardo Luis Lorenzetti. Elena I. Highton de Nolasco. Juan Carlos Maqueda (en disidencia). Carlos Fernando Rosenkrantz.

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS MAQUEDA

Considerando:

1°) Que a fs. 141, el Tribunal remitió las actuaciones a la ANSeS para que procediera a liquidar el haber inicial de la prestación y a reajustarla de conformidad con las pautas sentadas en el precedente “Sánchez, María del Carmen” (Fallos: 328:1602 y 2833) y ordenó que una vez gestionado el cobro de las sumas que correspondieran, se devolvieran los autos a los efectos de continuar con el trámite de la causa (confr. caso “Wittall”, Fallos: 328:3097).

2°) Que practicada la movilidad según el primer precedente citado, corresponde expedirse sobre los agravios del actor relacionados con el reajuste de haberes solicitado a partir del año 2002, planteas que resultan procedentes de acuerdo con lo resuelto en la causa “Badaro” (Fallos: 329:3089 y 330:4866), cuyos fundamentos se dan por reproducidos, sin perjuicio de que al practicar la liquidación se descuenten las sumas que pudieran haberse percibido en virtud de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que dispusieron incrementos en las prestaciones en el período indicado.

3°) Que el jubilado objeta la aplicación a su crédito de la tasa pasiva de interés fijada por los jueces de la causa de conformidad con el precedente “Spitale” (Fallos: 327:3721). En el mencionado caso, esta Corte Suprema consideró que dicha tasa era “... adecuadamente satisfactoria del menoscabo patrimonial sufrido por la demandante, en el marco de la índole previsional de la relación jurídica en examen, el carácter alimentario de las prestaciones adeudadas y el período de estabilidad del valor de la moneda durante el lapso que corresponde a la deuda reclamada”.

4°) Que este Tribunal no desconoce la trascendencia que las decisiones en materia de movilidad tienen sobre la economía del sistema previsional y el conjunto de las cuentas públicas. Sin embargo, dicha repercusión no puede constituir un obstáculo para el adecuado reconocimiento de los derechos contemplados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional para la clase pasiva históricamente vulnerada y para reiterar y hacer efectiva su especial protección, tal como lo exige la Constitución Nacional desde hace más de sesenta años al consagrar el principio de integralidad e irrenunciabilidad de las jubilaciones.

5°) Que no puede caber duda acerca de la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por el actor, afirmación que encuentra amplísimo justificativo en el reconocimiento de los derechos de la ancianidad establecidos por nuestra Constitución, por la jurisprudencia, la doctrina y por el derecho comparado.

En efecto, este reclamo se inscribe en el movimiento histórico del constitucionalismo social, cuya primera formulación en la encíclica Rerum Novarum indica que el Estado debe intervenir en el manejo de la economía para corregir la injusticia que padecen los trabajadores. En 1919, esta posición obtuvo reconocimiento supranacional en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo al afirmarse en su Preámbulo “que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”.

6°) Que estos derechos surgen de la llamada “cuestión social”, entendida como la que atañe a las condiciones de vida y trabajo de amplios sectores de la comunidad, con el objeto de obtener las prestaciones que dignifiquen el trabajo. Las normas que encuadran esta problemática apuntan entonces a la instauración de un régimen normativo más justo y humano.

Con base en las ideas de justicia y solidaridad, los derechos sociales diseñan una especial cobertura protectora para los sectores más débiles de la sociedad, no solo vinculados con la actividad laboral, sino también los que incluyen a niños, ancianos, mujeres y discapacitados.

7°) Que, en la senda de la Constitución mexicana de Querétaro en 1917, el constitucionalismo social tuvo una profunda raigambre en América Latina. Su desarrollo transformó las necesidades de las comunidades en reivindicaciones populares que fijaron el piso de garantías establecidas en favor de las clases económicamente más frágiles -más desprotegidas- e incorporaron esas aspiraciones sociales en los textos constitucionales.

8°) Que bajo la impronta de la justicia social, la Argentina otorgó jerarquía constitucional a los derechos sociales al reformar su Constitución Federal en 1949. A la luz de este valor comunitario, su texto sujetó el reconocimiento de los derechos sociales a dos principios señeros: por un lado, que la justicia social es un objetivo que se logra por etapas y que no admite retrocesos para avanzar hacia el perfeccionamiento del bienestar del hombre asegurando su dignidad; por el otro, que los derechos del trabajador alcanzan a la totalidad de los habitantes de la Nación (Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente de 1949, p. 312).

9°) Que en este marco de reconocimiento de las reivindicaciones de las clases trabajadoras, la Constitución de 1949 incluyó un decálogo de derechos de la Ancianidad en el apartado III del artículo 37: derecho a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la salud física, al cuidado de la salud moral, al esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad y al respeto.

Al fundar la necesidad de dictar este artículo con el objeto de distribuir más justamente los beneficios del trabajo, Arturo Sampay advertía la necesidad de hacer frente a “la angustiosa ansia contemporánea por una sociedad en la que la dignidad del hombre sea defendida en forma completa. La experiencia del siglo pasado y de las primeras décadas del presente demostró que la libertad civil, la igualdad jurídica y los derechos políticos no llenan su cometido si no son completados con reformas económicas y sociales que permitan al hombre aprovecharse de esas conquistas. Si se sume al hombre en la miseria, le resulta muy difícil la virtud, y si no cuenta con una economía estable que le dé seguridad para el mañana y confianza en el porvenir -el derecho a la seguridad social, como ahora se llama- pierde todo estímulo para ocuparse en la vida pública y está obligado a someterse a la voluntad de quien es económicamente más fuerte, con lo cual queda relegado al margen de la vida social” (Informe del despacho de la mayoría de la Comisión revisora de la Constitución en el debate en general, cumplido por el Dr. Arturo Enrique Sampay (8 de marzo de 1949), ”Las Constituciones de la Argentina (1810-1972)", Editorial Universitaria de Buenos Aires, Tomo I, p. 494).

10) Que la Constitución reformada en 1957 se hizo eco de estas conquistas sociales al acuñar las normas que en el art. 14 bis establecen los derechos de la seguridad social en nuestro país. La idea fundamental que emerge de este texto -al reconocer la movilidad de las jubilaciones y pensiones- es la de procurar a los trabajadores un derecho a reclamar legítima e incuestionablemente al Estado los medios para atender a sus necesidades cuando en razón de su avanzada edad evidencien una disminución de su capacidad de ganancia.

11) Que esta Corte no ha sido ajena a los conceptos que inspiran el constitucionalismo social: hace ya casi cuarenta años, señaló en el precedente “Berçaitz” (Fallos: 289:430) la jerarquía constitucional del principio in dubio pro justitia socialis, según el cual “las leyes, pues, deben ser interpretadas a favor de quienes al serles aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el ‘bienestar’, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad”.

En esa oportunidad, el Tribunal también recordó que es “de equidad y aún de justicia apartarse del rigor del derecho” cuando resultan involucrados los sectores sociales más necesitados; más específicamente, afirmó que “la jubilación constituye la prolongación, después de la cesación regular y definitiva de la actividad social laboral del individuo, de la remuneración, como débito de la comunidad por el servicio que él le ha prestado. La Constitución garantiza ‘jubilaciones y pensiones móviles’ (art. 14 bis). O sea, prescribe que estas prestaciones asistenciales deben ser actualizadas permanentemente para compensar la continua desvalorización que en nuestra época experimentan los signos monetarios perjudicando a los vastos sectores de la sociedad cuyas únicas rentas son entradas periódicas fijas en dinero” (Fallos: 289:430).

También en ese tiempo sostuvo que el campo de los derechos sociales expresa una “concreta concepción del orden socio-político y jurídico, cuyo reconocimiento viene impuesto por la verdad que en sí traduce y porque expresa ajustadamente exigencias del mundo contemporáneo. En ella, los hombres no se piensan aislados y vinculados únicamente por la competencia, sino por sobre todo, como partícipes de una empresa que les es común. La institucionalización de esta realidad y de los valores presentes en la misma, es algo que, como principio, no puede ser sino aprobado, pensando en una democracia social” (Fallos: 286:187).

12) Que este carácter protectorio fue profundizado por el constituyente reformador de 1994 al advertir que el Congreso debe “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen (...) el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de (...) los ancianos (…)” (art. 75, inc. 23).

El debate de la Asamblea Reformadora Constituyente de 1994 es igualmente terminante respecto de la naturaleza eminentemente social del derecho tutelado. Así, el miembro informante del despacho de mayoría de la Comisión de Integración y Tratados Internacionales Juan Pablo Cafiero comenzó por fundamentar la preferente tutela constitucional a “las personas de la tercera edad, a nuestros ancianos, porque son un eslabón débil y una deuda pendiente de nuestra sociedad, razón por la cual le exigimos al Estado la adopción de acciones positivas en la materia”. Seguidamente, el convencional Repetto insistía en la naturaleza social integral del derecho reconocido al sostener que “para los ancianos se debe promover un perfil de vejez autónoma, activa e integrada al medio social” (22a Reunión - 3a Sesión Ordinaria, del 2 de agosto de 1994). El convencional Busti caracterizó a este derecho como el que protege “los derechos a la vida y a la libertad (...) de los ancianos” (23a Reunión - 3a Sesión Ordinaria (continuación) del 3 del mismo mes) .

13) Que en 1994 se introdujo la llamada “cláusula del progreso” de acuerdo a la cual corresponde al Congreso “proveer lo conducente al desarrollo humano” y “al progreso económico con justicia social (.. )” (art. 75, inc. 19).

En el debate, el convencional Auyero advertía sobre la necesidad de “estructurar en el texto la idea del progreso social en la Argentina, con crecimiento económico, estabilidad y justicia social”.

El convencional Cafiero afirmó que debía establecerse entonces que el progreso económico “fuera ‘con justicia social’ por constituir uno de los valores más importantes que la sociedad moderna debe defender”.

Por su lado, el convencional Alfonsín acompañó la propuesta de incluir “la expresión ‘con justicia social’ porque le damos un sentido muy especial a esta Constitución y al país que queremos” (28a Reunión - 3a Sesión Ordinaria del 10/11 de agosto de 1994).

14) Que desde esta perspectiva preferentemente social, no puede caber duda entonces que la incorporación de los derechos de la seguridad social al catálogo de los derechos del trabajador en la Constitución Federal apunta a dignificar la vida de los trabajadores para protegerlos en la incapacidad y en la vejez. La conquista social deviene entonces en una herramienta jurídica que ordena al Estado alcanzar una más justa distribución de la riqueza; garantizar los derechos sociales en su faz previsional y asegurar el derecho a mantener un nivel de vida concordante con la dignidad humana, la salud y el bienestar mínimo a los jubilados de nuestro país, deberes todos ellos que hacen al objetivo preeminente de promover el bienestar general que la Constitución se propone obtener para todos los habitantes.

15) Que es por ello que, frente al planteo efectuado por el actor, esta Corte debe intervenir en la cuestión vinculada con la tasa de interés aplicable a los créditos previsionales para alcanzar un orden acorde a los principios reseñados. Ello pues la premisa constitucional es bien clara: es obligación de la sociedad, representada por el Estado, proteger a los ancianos, y es una obligación fundada en la justicia social.

16) Que en este mismo sentido protectorio, nuestro país ha firmado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores -aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el mes de junio de 2015- que reconoce en su Preámbulo que “la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y poli tica de sus sociedades”. Asimismo, entre los deberes generales la Convención establece que los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias a fin de lograr, progresivamente, la plena efectividad de los derechos económicos, y contempla expresamente el derecho que tiene toda persona mayor a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna (arts. 4°, inc. d y 17).

17) Que en este marco normativo, el deber del Estado y de la sociedad de no desentenderse de sus ciudadanos cuando ya no están en situación de producir ganancias debe quedar plenamente establecido. En consecuencia, se impone la necesidad de aplicar a los créditos previsionales como el de la presente causa, una tasa de interés más elevada que la pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, con el objeto de reflejar la tutela especial a la que se encuentra sujeto uno de los grupos vulnerables que define nuestra Constitución Nacional (art. 75, inc. 23) y, de esta manera, cubrir de forma más adecuada los riesgos de subsistencia de la población de mayor edad o incapacitada para el trabajo.

18) Que, en efecto, no puede dejarse de lado la necesidad de realizar una protección más eficiente de los jubilados en los juicios en que reclaman la vigencia de sus derechos alimentarios, frente a lo cual, en la mayoría de las oportunidades, no logran obtener una respuesta rápida, oportuna y adecuada.

En dicho contexto, la aplicación de una tasa de interés inferior, como la pasiva -confirmada en “Spitale” por este Tribunal-, constituye un incentivo para que persista la conducta disvaliosa de retardar la satisfacción plena de un reclamo de contenido vital y alimentario promovido por personas que transitan por una condición -de adultos mayores- que exige una solución con las características señaladas a los efectos de cumplir con los mandatos que la Constitución Nacional impone a las autoridades de la Nación respecto de los derechos de la seguridad social (arg. acordada 14/2014, punto 3° y Fallos: 339:740).

19) Que, en virtud de las apreciaciones efectuadas y frente a la facultad otorgada en el artículo 10 del decreto 941/91, esta Corte Suprema considera que para los créditos de naturaleza previsional corresponde aplicar la tasa de interés activa publicada por el Banco de la Nación Argentina. Ello, sin perjuicio de que en la etapa de ejecución, el juez considere que corresponda apartarse de dichos réditos por existir períodos comprendidos por las leyes de consolidación.

Por ello, el Tribunal resuelve: Declarar procedente el recurso ordinario, revocar la sentencia en lo que respecta a la tasa de interés, debiéndose aplicar la tasa activa publicada por el Banco de la Nación Argentina en los términos expresados en el considerando 19, y disponer que la movilidad por el lapso indicado en el fallo “Badaro”, se practique de conformidad con el índice allí fijado, salvo que los incrementos dispuestos por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional durante igual período arrojasen una prestación superior, en cuyo caso deberá estarse a su resultado. Notifíquese y devuélvase. Juan Carlos Maqueda.