Conflicto negativo de competencia. Reclamo de reajuste de haberes e impugnación de las deducciones por impuesto a las ganancias. Competencia del fuero de la Seguridad Social

Causa: “Cabral, Martín Alfredo c/ANSeS s/Reajustes varios”
Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, Expte. 60391/12, 18/9/17

VISTO:

El conflicto negativo de competencia suscitado entre el Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera de la Seguridad Social Nº 5, y el Juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 6;

Y CONSIDERANDO:

Que conforme se desprende de autos, el actor inicia demanda ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 5, cuyo titular se declara incompetente en lo que refiere al planteo relativo al impuesto a las ganancias y remite las actuaciones a la Justicia en Contencioso Administrativo Federal.

A su turno, dicho magistrado también declara su falta de aptitud jurisdiccional para conocer en los presentes actuados y los remite nuevamente al Juzgado de origen, atento a que el Juzgado Federal de la Seguridad Social fue el que primero previno, razón por lo cual su titular eleva las actuaciones a esta alzada.

Con relación al tema en cuestión, cabe señalar que el art. 24 del decreto-ley 1285/58 (texto-ley 17.116) dispone que: “La Corte Suprema de Justicia conocerá… 7ª De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que dichas cuestiones o conflictos se planteen entre jueces nacionales de la primera instancia en cuyos casos serán resueltos por la cámara de que dependa el juez que primero hubiese conocido. Decidirá asimismo sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia”.

De lo expuesto precedentemente surge que se configuran en autos los supuestos establecido por el Decreto Ley 1285/58,- Organización de la Justicia Nacional- artículo 24 inciso 7), para que entienda este tribunal, en tanto es alzada del Juzgado Federal de la Seguridad Social que previno.

Ahora bien, en orden a la aptitud jurisdiccional de este Tribunal para entender en el planteo de inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la ley 20.628, introducido en la demanda, es pertinente recordar que el art. 5to del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece lo siguiente: “La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado…”

En el presente caso, el actor solicita en la demanda el reajuste de su haber previsional por considerar que el mismo se encuentra erróneamente calculado, y también la movilidad posterior con ajuste a lo establecido por la Corte Suprema de justicia de la Nación en diversos precedentes. Manifiesta asimismo que la prestación de la que es titular no puede ser pasible de ningún tipo de imposición tributaria que desnaturalice su carácter integral e irrenunciable, razón por la cual solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 79 inc. “c” de la Ley 20.628, agravio este último que motivo el presente conflicto negativo de competencia.

Ahora bien, respecto a este planteo, cabe señalar que la posible afectación de diversos principios constitucionales como consecuencia de una quita confiscatoria o muy significativa sobre el haber de una persona en situación de pasividad (en el caso, en concepto de impuesto a las ganancias), le impone al Juez de la Seguridad Social el deber constitucional y legal de velar por su intangibilidad e irrenunciabilidad (C.N. art. 14 bis: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable.”), en el marco de su competencia por razón de la materia que le asigna expresamente la ley (v. CPCCN, art. 5, primer párrafo, citado).

Asimismo, el Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado al respecto, lo siguiente: “…En materia previsional, como regla, ha de estarse a la sustancia de la pretensión y su finalidad última: la integralidad e irrenunciabilidad de los derecho...” (Fallos 331:2006).

No existe la menor duda que la pretensión de la actora atañe de manera directa al derecho de la seguridad social al estar en juego -como se señalara- la integridad de su haber previsional. El accionante no cuestionó en su demanda únicamente la razonabilidad o legalidad de un tributo o gabela -lo cual sí ameritaría el conocimiento del juez con competencia en materia tributaria- sino la posible afectación del poder adquisitivo de su haber previsional por causa de un cargo o gravamen que tacha de inconstitucional por confiscatorio.

Ahora bien, el vínculo que existe entre el derecho prestacional y su concreción económica razonable deviene inescindible, por lo que cuando un factor exógeno lo alterara y un magistrado fuese convocado por su titular para restablecerlo en su integridad, éste no podría resignar su competencia sin riesgo de incumplir un deber funcional primario atinente a la potestad jurisdiccional que ejerce por mandato constitucional y legal sobre una materia jurídica específicamente contemplada por la Ley Suprema (C.N. art. 75 inc. 12).

El principio de especialidad se constituye -de tal guisa- en la única matriz jurídica en la cual debe moldearse la decisión jurisdiccional en todo tipo de conflicto o cuestión de competencia por razón de la materia, más aún en las casos justiciables que involucran al derecho de la seguridad social que cuenta con marcada protección convencional y constitucional (v. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XVI; Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 22 y 25; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 17 y 26; Constitución Nacional, artículos 75 inc. 12 y 23).

Es oportuno citar en este lugar las ajustadas reflexiones del ministro Juan Carlos Maqueda vertidas en la causa “Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento”, sobre una cuestión jurídica –de estrecha vinculación con el “sub discusio”- todavía no suficientemente dilucidada por la doctrina y la jurisprudencia: “Respecto de los órganos creados por la Constitución que integran el gobierno federal –señala el Ministro Maqueda- rige el “principio de especialidad” que implica, a diferencia de lo que ocurre con las personas, que, en principio, cada órgano puede y debe ejercer exclusivamente las competencias y atribuciones asignadas por la ley Fundamental. Este concepto se integra con las ideas de delimitación e indelegabilidad: cuando la Constitución asigna funciones a un órgano del Estado, es éste, y no otro, quien debe asumirlas y ejercerlas” (Fallos 326: 4816).

En el supuesto de autos, no hay dudas que es el juez de la seguridad social el que debe velar por la protección de cualquier prestación vinculada a esta materia cuando, como en el caso, su poder adquisitivo fuera afectado por una quita que el actor tachara de inconstitucional, de tal suerte que resultaría, en principio, vedada cualquier abdicación competencial que implicara derivar la solución de un caso concerniente al derecho de la seguridad social, a un juez con competencia ajena a esta materia. Si ello sucediera, la protección convencional y constitucional sobre estos derechos sensibles o menesterosos de protección –como los denomina el gran jurista platense Roberto O. Berizonce- se esfumaría de manera irremediable.

Por las razones expuestas y lo prescripto en forma categórica por el artículo 5°, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, citado más arriba, propongo declarar la competencia de la Justicia de la Seguridad Social para conocer en la presente causa.

En síntesis, en atención a la jurisprudencia citada, y oído que fuera lo dictaminado por el Ministerio Público, corresponde remitir las presentes actuaciones al Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 5 para que entienda en los presentes actuados.

Por lo expuesto, y oído que fuera lo dictaminado por el Ministerio Público, el Tribunal RESUELVE: 1) Remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 5, para que continúe con el trámite regular de la causa. 2) Comunicar el presente decisorio -mediante oficio de estilo- al Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nª 6; 3) Regístrese; 4) Notifíquese y oportunamente, remítanse.

El Dr. Emilio Lisandro Fernández no firma por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN). Nora Carmen Dorado. Luis René Herrero. Jueces de Cámara.