Horacio N. Acebedo
 
Economía Procesal, un principio perdido en el fuero de la Seguridad Social
Nota al fallo “Martínez, Graciela Leonor c/ ANSeS s/pensiones
 
Ésta no es una nota crítica contra el fondo de lo resuelto, ya que coincido plenamente con la solución que da y los fundamentos de la sentencia, hoy en trámite de apelación porque la Anses ya la recurrió, sino contra la forma. Aclaro que, como letrado del caso, lo que decidió la jueza es lo que propugné. Pero no puedo dejar de expresar mi preocupación por el abandono del principio de economía procesal que hace la Dra. Saino al pronunciarse.

Me explico: la defunción del causante se produjo el 1 de julio de 2.013, cuando aún estaba en vigencia el Código de Vélez Sársfield. Como la Anses, para denegar la pensión solicitada por Martínez, se fundó en el Código Civil y Comercial que entró a regir el 1 de agosto de 2.015, lo primero que planteé fue justamente que sus normas no eran aplicables, atento a los arts. 161 inc. b de la Ley 24.241, 7 del propio C. C. y C. y  3 del Código Civil derogado. La sentenciante refiere este planteo respecto a la ley aplicable que hice en la demanda, en el segundo párrafo de sus Vistos.

Pero, en lugar de resolver el caso sobre algo tan sucinto como decir que no siendo aplicable la normativa del Código Civil y Comercial, debía aplicarse la ley anterior, que resolvía en base a la culpa de la separación si el peticionante tenía derecho a percibir pensión, hace extensas -y bien fundamentadas- consideraciones para dar la razón a la actora. Y ésta es mi crítica, porque estoy convencido de que es cierto aquello de Gracián, “lo bueno, si breve, dos veces bueno”; emprender el camino más largo de las interpretaciones, cuando la mera aplicación de la normativa nos brinda la solución correcta, es, para mí, un error.

El Fuero de la Seguridad Social adolece del gravísimo defecto de la lentitud, que es espantoso en la medida en que debe resolver casos alimentarios, que son reclamos de ancianos, inválidos y hasta de menores de edad. Las sentencias, en nuestra materia, se distinguen por ser más que extensas, a veces fundamentadas ad nauseam, con párrafos interminablemente largos. No me opongo a que se fundamente las sentencias correctamente, por el contrario; pero no estoy de acuerdo con  escribir mucho más que lo indispensable, porque termina confundiendo tanta aclaración. Amplísimas consideraciones dan lugar a debates de iguales longitudes, que pueden dar pie a impugnaciones y -lo que es peor- recursos de apelación y extraordinarios que llevan añares.

En este caso Martínez hallamos este defecto. Se podría haber resuelto diciendo que la ley aplicable al asunto disponía que si el culpable de la separación del matrimonio era el causante, la viuda conservaba su derecho a pensión. Estando esa culpa probada, con estos pocos renglones terminaba la sentencia.

Al no adoptarse esta tesitura, la sentenciante tuvo que escribir varias páginas -impecables por lo correctas, debo decir- pero que indudablemente le insumieron más tiempo que el que habría llevado la vía directa. En nuestra materia el tiempo es, literalmente, vida, ya que las necesidades de nuestros justiciables son de vida o muerte, y aún, en muchos casos, que se les reconozcan sus derechos hace la diferencia entre vivir o sobrevivir, entre subsistir o gozar de la existencia, que estar en este mundo no les resulte un sufrimiento sin fin.

Termino estas cortas reflexiones (para aplicar lo de Gracián con el ejemplo) esperando que mi crítica sea tomada como lo que quiero que sea, constructiva.