Acumulación de beneficios. Jubilación civil y retiro policial. Requisitos. Exigencia de autorización para el desempeño de cargos fuera del ámbito policial. Inconstitucionalidad de la Circular ANSES 67/11

Causa: “Abelenda, Irma Josefa c/ANSeS s/Prestaciones varias”
Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, Expte. 44788/14, 30/10/18
   

VISTO Y CONSIDERANDO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de grado en cuanto al rechazo de la demanda incoada.

La recurrente cuestiona la sentencia, solicita la declaración de inconstitucionalidad de la circular ANSeS 67/2011, a fin de obtener el beneficio previsional que le fuera denegado.

Conforme resulta de la demanda, la actora inicio ante el organismo el trámite previsional a los fines de obtener beneficio de jubilación, solicitado con anterioridad al dictado de la Circular 67/2011. En el caso, se señala, se había obtenido resolución denegatoria del citado organismo. Destaca en dicha presentación, que el motivo del rechazo a la solicitud del beneficio se debió a la ausencia de la autorización por parte de la superioridad que jerárquicamente lo haya tenido como subordinado dentro del ámbito policial en el que se desempeñó la actora.

El juez de grado rechaza la demanda, entiende que la peticionante no se encuentra en una situación de desamparo por la seguridad social toda vez que ya percibe un retiro policial. Por ende, concluye que la administración de fondos públicos previsionales debe realizarse con un uso racionalmente criterioso y eficiente a efectos de garantizar el financiamiento previsional.

Ahora bien, ceñida la cuestión a resolver, cabe señalar que la Circular 67/11 (ANSES GP) establece que “...resulta procedente computar servicios civiles a efectos de obtener un beneficio a través del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), -cuando se encuentren acreditados los extremos legales que establece la Ley 24.241-, invocando servicios de carácter autónomos (mediante determinación de deuda autónoma, formulada a través del SICAM) o relación de dependencia; previa acreditación por parte del peticionante de la posibilidad legal de haber realizado la actividad que denuncie, mediante la autorización de la superioridad que jerárquicamente lo haya tenido como subordinado, al tiempo de la prestación.”

Ello tendría su correlación en lo normado por el artículo 9 de la ley Ley 21965 cuyo inc. e) La no aceptación ni desempeño de cargos, funciones o empleos ajenos a la actividad policial, sin autorización expresa y previa de la autoridad competente.

Por consiguiente, la evaluación de la referida Circular ha de enderezarse fundamentalmente en determinar si ANSES cuenta con atribuciones para dictarla y subordinar el otorgamiento de beneficios a la misma.

Las prestaciones previsionales de las fuerzas armadas y de seguridad no están incluidas en el régimen de reciprocidad jubilatoria, por lo que se justifica admitir la acumulación de los haberes hasta el tope legal establecido, cuando se tiene derecho a un retiro, en el caso policial, y a una jubilación civil en razón de haber acreditado los requisitos exigidos respectivamente por cada uno de los sistemas, como única manera de respetar el enunciado de jerarquía constitucional que ordena resguardar la integridad del haber de pasividad a fin de no lesionar el derecho de propiedad de los interesados (en similar sentido este Tribunal se ha expedido en los autos “Álvarez, David Fermín c/ Caja de retiros Jubilaciones y pensiones de la Policía Federal s/Inconstitucionalidades Varias”, Sent. Del 18/04/2016).

Ahora bien, descontado que es procedente la existencia de un beneficio civil y un retiro militar o como en el caso policial, debe determinarse la importancia en el ámbito de ANSES de exigir la autorización policial fehaciente para el desempeño de cargos fuera del ámbito policial.

Esta es una cuestión formal, que no puede contraponerse al derecho superior de índole constitucional como es el acceso al beneficio previsional. Sobre todo si los aportes correspondientes fueron realizados y fueron percibidos por el organismo sin formular objeciones al respecto conforme surge del expte administrativo 02427050068043004000001 (Prueba documental digital agregada a las presentes actuaciones).

Con lo cual, no existe obstáculo legal alguno que impida a la actora acceder al beneficio, deviniendo la autorización requerida un exceso reglamentario al introducir una condición no prevista en la norma en cuestión.

Quien trabaja y cumple con las obligaciones previsionales atinentes a esa tarea, tiene derecho a que se computen los servicios y remuneraciones pertinentes; sin perjuicio de los requisitos que deberá satisfacer para acceder a la prestación que le corresponda según la normativa vigente, entre los cuales, no puede ser condicionante de este derecho de raigambre constitucional, la exigencia de una autorización interna de la fuerza de carácter funcional o disciplinaria, como se pretende.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado dicho que la “...esterilización de tareas ejercidas dentro del marco legal aplicable aparece desprovista de causa que la legitime y la disposición que la impone deja de ser un ordenamiento razonable para constituir un acto de pura potestad legislativa, inconciliable con un régimen de derecho y violatoria de los principios y garantías de raigambre constitucional que protegen a la seguridad social y preservan la propiedad de los afiliados...”. (Fallos: 319:2177).

Por todo ello, la Circular 67/11 exorbito la potestad reglamentaria, privando al actor de su derecho previsional lícitamente adquirido, violentando los arts. 14 bis, 17 y 28 de la Constitución Nacional, por lo que corresponde su declaración de inconstitucional.

En cuanto a la tasa de interés, la imposibilidad de aplicar mecanismos de actualización, la depreciación monetaria, sumado ello a la naturaleza alimentaria del crédito previsional, hace necesario establecer una tasa que compense la falta de uso del dinero, que atienda la expectativa inflacionaria y asegure al acreedor la integridad de su crédito, lo que sólo puede satisfacerse medianamente con la tasa activa. Por lo que se propicia la aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días que publica el Banco de la Nación Argentina.

En tanto la accionada ha opuesto la prescripción, en el escrito de contestación de demanda, (art. 82 de la ley 18037), en atención a que entre la fecha de adquisición del beneficio y de presentación del reclamo administrativo no ha transcurrido el plazo de prescripción previsto por el art. 82 de la Ley 18.037, corresponde el reajuste desde la primera.

Respecto del plazo para hacer efectivo los reconocimientos, habida cuenta de lo previsto por la ley 26.153 se fija en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles, contado a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente.

Por tanto, la sentencia será cumplida dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles contados a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente.

Con respecto a las costas, las mismas se imponen en ambas instancias en el orden causado, de conformidad con el art. 21 de la ley 24.463.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de grado; 2) Hacer lugar parcialmente a la demanda; 3) Declarar la inconstitucionalidad de la Circular 67/2011, debiendo retrotraer su situación previsional a la instancia administrativa que corresponda, previo a su dictado; 4) Fijar el plazo de cumplimiento de la sentencia dentro de los 120 días hábiles, contados a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente; 5) Ordenar la aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días que publica el Banco de la Nación Argentina desde cada suma es debida; 6) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (conf. art. 21 de la ley 24.463); 7) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora por las tareas desarrolladas en ambas instancias en el 15% de la suma que oportunamente resulte de la liquidación a practicarse (arts. 6, 7, 8, 14 y concordantes de la ley 21839 mod. por la ley 24432) y 8) Devolver las actuaciones al jugado de origen a sus efectos.

La vocalía n° 3 se encuentra vacante (art. 109 RJN). Nora Carmen Dorado. Luis René Herrero. Jueces de Cámara.