Marcelo Brasburg
 
Régimen Previsional para Trabajadores Autónomos. Planteos para un régimen justo

Sumario: I – Introducción. II – Planteo de los Problemas. III – Breve Historia del Régimen para Trabajadores Autónomos. IV – Problemas en cuanto a la Determinación de la Renta Presunta. V – Problema en cuanto a la alícuota. Aportes y Contribuciones. VI – Jurisprudencia en Materia de Reajuste de Trabajadores Autónomos. VII – La ineficacia del haber mínimo como método de comparación. VIII – El problema de los Monotributistas.
 

Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar las dificultades de la legislación y la jurisprudencia en materia de aportes y prestaciones de los trabajadores autónomos. Los que habitualmente trabajamos en el ámbito previsional y atendemos a trabajadores autónomos sabemos que existen varios factores, algunos causados por los propios afiliados y otros por el Estado que atentan contra las pautas mínimas que tiene que tener un régimen previsional. Especialmente, si hablamos del tipo de prestaciones que debe otorgar, que permita al jubilado gozar de una vejez digna y percibir una prestación que efectivamente le permita dejar de trabajar y tener cubiertas sus necesidades, como si continuara en actividad (Característica esencial del carácter sustitutivo del régimen previsional). Así, en su gran mayoría, las jubilaciones otorgadas no permiten un mínimo nivel de vida, ni mucho menos, sustitutivo del ingreso.

Ahora bien, el cuadro no estaría completo sin mencionar que tampoco es común – o prácticamente es raro – encontrar un SICAM de un trabajador autónomo puro sin períodos importantes de tiempo renunciados por impagos o con grandes períodos con intereses por pago fuera de término. En ese sentido, es muy común el comentario de parte del trabajador autónomo de que efectuaba los aportes “cuando necesitaba boletas o me pedían facturar algún trabajo” o que en los buenos tiempos aportaba y cuando no podía no lo hacía. Ello, bajo la reina de las excusas “Nunca pensé que me iba a jubilar”.

Esas circunstancias generan un ciclo que impide una verdadera previsión y por ende una prestación jubilatoria acorde.

Por otro lado, la característica del aporte de los trabajadores autónomos en los últimos 69 años traen una dificultad caracterizada por la ubicación de los trabajadores en categorías que, por un lado no siempre reflejan la verdadera situación económica del aportante; y por el otro nunca tienen valores acordes con esa situación. Ello lleva a que muchas veces los trabajadores no vean reflejado su verdadero aporte al sistema en la prestación que reciben, sin siquiera mencionar la casi nula relación entre el haber de actividad y la prestación jubilatoria. Tal circunstancia se ve gravemente deteriorada en los últimos años, dónde los trabajadores que obtienen prestaciones superiores al mínimo de ley son ubicados ipso facto en el Libro Guinnes.

Por otro lado, la jurisprudencia vigente en materia de trabajadores autónomos realmente no otorga para todos los casos una respuesta correcta.
 

Planteo de los Problemas

El problema base si se le pregunta a cualquier trabajador autónomo en cualquier época es lo irrisorio de las prestaciones. En nuestro país, sin necesidad de un hondo estudio histórico se puede ver que durante todas las épocas los trabajadores autónomos rara vez percibían un haber superior al mínimo. Por otro lado, los haberes mínimos de cada época nunca tuvieron un valor que realmente permitiera alcanzar un mínimo estándar de vida. Para ello baste recordar que actualmente el haber mínimo apenas supera la mitad del salario mínimo vital y móvil de un trabajador en actividad.

Ahora bien, es muy sencillo cruzarse de brazos y culpar al Estado por las bajísimas prestaciones que otorga y por el achatamiento de la escala de haberes que lleva a todos los jubilados a cobrar el mínimo.

No obstante, si se quiere buscar la raíz del problema, es necesario sentarse un instante del otro lado del mostrador y ver cuál es la actitud de parte de los aportantes para recibir ese trato del Estado. Como dijera el célebre presidente estadounidense “No te preguntes qué puede hacer el país por vos, pregúntate que puedes hacer tú por el país” 1. Y que espera el país – o una Caja Previsional – de sus aportantes? Que efectúen los aportes sin los cuales el sistema no puede garantizar esa solidaridad intergeneracional que lo caracteriza.

Pues bien, qué han hecho los trabajadores autónomos durante toda la vida del régimen previsional: Tratar de aportar lo menos posible, y si es posible no aportar. En efecto, la situación que se planteaba en la introducción es patente en nuestra realidad: El trabajador autónomo no quiere efectuar sus aportes, o en su defecto, aportar lo menos posible.

Ahora bien, en defensa del trabajador autónomo, corresponde ahondar en las razones por las cuales trata de evitar contribuir al sistema, razones que en gran parte le son imputables al Estado.

Así es que del mismo modo que la falta de retribución muchas veces explica – lo que no implica justificar – la evasión impositiva, la falta de prestaciones decentes explica la tendencia a la evasión o al aporte mínimo. Entonces, si el afiliado vé que la prestación no tiene relación con su aporte o no permite una vida digna, se va a ver claramente desalentado a contribuir a ese sistema. En las palabras propias de los trabajadores autónomos, “No tiene sentido aportar a una categoría mayor porque siempre se termina cobrando la mínima.”

Entonces la política estatal de no reconocer los mayores aportes o de no otorgar prestaciones dignas tiene como contrapartida la falta de aporte al sistema. Y esa falta de aporte a su vez, contribuye a desfinanciar las Cajas Previsionales, lo cual impide otorgar prestaciones mayores. De allí que se genere un círculo vicioso que se retroalimenta e impide funcionar al sistema: El estado no otorga mayores prestaciones porque los trabajadores no aportan; y los trabajadores no aportan porque el estado no otorga mayores prestaciones.

No tiene ningún sentido, establecer si vino antes el huevo o la gallina. Tal discusión sería eterna y realmente inerte. No importa si primero vino la evasión o las magras prestaciones, lo importante es resolverlo. Y creo que es mucho más fácil si el primer paso lo da el Estado, a través de mejorar las prestaciones. Las campañas de publicidad pueden servir para generar conciencia de la necesidad de aportar, la persecución tributaria de los contribuyentes puede en cierta medida incrementar los ingresos (Aunque nunca va a poder ser tan efectiva, dado que se necesitaría un inspector por contribuyente para realmente reducir a un %100.- la evasión) Pero nada educa más ni genera más conciencia que dar el Ejemplo. El incremento sostenido y razonable de las prestaciones, garantizando una mayor prestación a mayor aporte, es lo único que permitiría al trabajador recobrar la confianza en el régimen. Y no hay mayor medida contra la evasión que la confianza, en saber que el aporte tiene sentido, que va a permitir acceder a una prestación decente. Los países escandinavos tienen una carga impositiva que puede llegar a llevarse el %50.90 de los ingresos del trabajador. Pero los trabajadores de esos países pagan voluntariamente sus impuestos, porque saben que el Estado efectivamente les otorga contraprestaciones por esos aportes. El aportante sabe que su contribución va a estar compensada y por ello no tiene inconveniente en contribuir.

Pues bien, qué han hecho los trabajadores autónomos durante toda la vida del régimen previsional: Tratar de aportar lo menos posible, y si es posible no aportar. En efecto, la situación que se planteaba en la introducción es patente en nuestra realidad: El trabajador autónomo no quiere efectuar sus aportes, o en su defecto, aportar lo menos posible.

Ahora bien, en defensa del trabajador autónomo, corresponde ahondar en las razones por las cuales trata de evitar contribuir al sistema, razones que en gran parte le son imputables al Estado.

Así es que del mismo modo que la falta de retribución muchas veces explica – lo que no implica justificar – la evasión impositiva, la falta de prestaciones decentes explica la tendencia a la evasión o al aporte mínimo. Entonces, si el afiliado vé que la prestación no tiene relación con su aporte o no permite una vida digna, se va a ver claramente desalentado a contribuir a ese sistema. En las palabras propias de los trabajadores autónomos, “No tiene sentido aportar a una categoría mayor porque siempre se termina cobrando la mínima.”

Entonces la política estatal de no reconocer los mayores aportes o de no otorgar prestaciones dignas tiene como contrapartida la falta de aporte al sistema. Y esa falta de aporte a su vez, contribuye a desfinanciar las Cajas Previsionales, lo cual impide otorgar prestaciones mayores. De allí que se genere un círculo vicioso que se retroalimenta e impide funcionar al sistema: El estado no otorga mayores prestaciones porque los trabajadores no aportan; y los trabajadores no aportan porque el estado no otorga mayores prestaciones.

No tiene ningún sentido, establecer si vino antes el huevo o la gallina. Tal discusión sería eterna y realmente inerte. No importa si primero vino la evasión o las magras prestaciones, lo importante es resolverlo. Y creo que es mucho más fácil si el primer paso lo da el Estado, a través de mejorar las prestaciones. Las campañas de publicidad pueden servir para generar conciencia de la necesidad de aportar, la persecución tributaria de los contribuyentes puede en cierta medida incrementar los ingresos (Aunque nunca va a poder ser tan efectiva, dado que se necesitaría un inspector por contribuyente para realmente reducir a un %100.- la evasión) Pero nada educa más ni genera más conciencia que dar el Ejemplo. El incremento sostenido y razonable de las prestaciones, garantizando una mayor prestación a mayor aporte, es lo único que permitiría al trabajador recobrar la confianza en el régimen. Y no hay mayor medida contra la evasión que la confianza, en saber que el aporte tiene sentido, que va a permitir acceder a una prestación decente. Los países escandinavos tienen una carga impositiva que puede llegar a llevarse el %50.90 de los ingresos del trabajador. Pero los trabajadores de esos países pagan voluntariamente sus impuestos, porque saben que el Estado efectivamente les otorga contraprestaciones por esos aportes. El aportante sabe que su contribución va a estar compensada y por ello no tiene inconveniente en contribuir.

Otro inconveniente que genera el sistema tiene que ver con la ubicación de los trabajadores en categorías fijas. Así, el trabajador aporta en función de la categoría que por ciertos datos objetivos lo ubica la norma. Un profesional de X años de matriculación es Categoría B. Un artesano con 10 años de actividad es categoría B sólo por su antigüedad. Tales generalizaciones descuidan las características particulares del trabajador autónomo. Un profesional puede haber dedicado sus primeros años de carrera a su formación sin tener demasiado trabajo, y un artesano puede haber realizado su actividad como descanso o como una actividad secundaria. Sin embargo, la situación objetiva de la antigüedad los ubica en determinada categoría.

Esto lleva a infinidad de casos de afiliados de muy bajos ingresos que tienen que efectuar aportes por porcentajes muy altos de sus ingresos reales.

A la vez, la ubicación de los trabajadores en categorías lleva a que deba hacerse una modificación de la renta presunta del mismo, situación complicada en momentos de inestabilidad económica. Ello hace que los aportes muchas veces sean anacrónicos y lo mismo sucede con las prestaciones.
 

Historia del Régimen para Trabajadores Autónomos

La primer norma de carácter general para todos los trabajadores autónomos es la 14.397. Si bien existía una Caja para Profesionales, en 1955 con esta ley se crea un régimen nacional y para todos los trabajadores. La ley divide a los autónomos en Profesionales, Trabajadores Independientes y Empresarios, creando una Caja para cada uno de ellos.

La ley establecía en su artículo 32 que los ingresos de la Caja estarían compuestos entre otros, por el %10.- de los ingresos reales de los afiliados. Así, la ley preveía un complejo sistema de determinación de los ingresos por parte de los afiliados con determinadas facultades de control de las Cajas. En cuanto a ingresos, se trataba de ingresos netos, dado que se autorizaba a deducir los gastos.

Por otro lado, las prestaciones del régimen consistían en un porcentaje del promedio mensual de los ingresos declarados por el trabajador durante sus 10 mejores años. Este porcentaje podía llegar al %100.- para el caso de trabajadores con bajos ingresos. El sistema realmente era muy bueno porque el trabajador pagaba sobre sus ingresos efectivos y no por categorizaciones rígidas. A su vez, el carácter sustitutivo de las prestaciones estaba garantizado por el cálculo del haber en función de los mejores ingresos reales durante la actividad.

A la 14.397 le siguió la ley 18.038 que deroga la primera y establece a partir de 1969 un nuevo régimen único para todos los trabajadores autónomos. El sistema establece una nueva metodología de aportes y cálculo de las prestaciones en función de categorías fijas. De allí en adelante, la reglamentación se encarga de determinar la categoría mínima obligatoria del trabajador en función de la naturaleza de la actividad y de una presunción de sus ingresos. Asimismo, el trabajador autónomo se encuentra habilitado a aportar optativamente a una categoría superior para obtener una mejor prestación. El aporte de los trabajadores era el equivalente al %10.- del monto de la renta establecida para la categoría. La ley preveía la ubicación de los trabajadores en las categorías A – N. La norma fue reglamentada por el decreto 8525/1968 que estableció las categorías mínimas según las características de la actividad y la antigüedad del trabajador. En función de ello se establecía la categoría obligatoria que iba de las letras A – G. En cuanto a las categorías H – N, las mismas eran optativas para el trabajador que desee efectuar un mayor aporte para recibir una mejor prestación en el futuro.

La ley 22193 dictada por el gobierno militar aumentó el aporte al %15.- y eliminó las categorías H – N unificando el régimen en la categorías A – G. Luego en junio de 1988 por ley 23568 se agregan las categorías H – J. Esto significaría que quienes habían aportado a esas categorías superiores – muchas veces voluntariamente con la expectativa de una mejor jubilación – nunca vean reconocido ese esfuerzo mayor. Incluso hoy, la ANSES liquida las categorías de quienes aportaron hasta el 80 en función de la categoría mínima para la actividad, sin importar la categoría optativa por la que haya aportado. Por otro lado, la norma establece un novedoso sistema de cálculo de la renta estableciendo el monto de la categorías no en números fijos sino en cantidad de haberes mínimos.

La 18.038 rigió hasta la sanción de la 24.241 en 1993, que estableció un régimen unificado de jubilaciones para trabajadores autónomos y en relación de dependencia. En cuanto a la metodología de aporte y prestaciones, el Sistema Integrado mantiene el régimen de categorías y rentas presuntas. La única modificación tiene que ver con la alícuota de aportes que – según el artículo 11 de la ley – es del %27.-

En ese sentido, luego de sancionada la ley se dicta el decreto 2104/1993 que categoriza a los trabajadores autónomos según la naturaleza de la actividad, la antigüedad en el ejercicio y la cantidad de empleados. En función de ello se establecen las categorías mínimas obligatorias y la respectiva renta presunta.

Luego el decreto 433/1994 modifica los montos de las categorías y recientemente el Decreto 1866/2006 modifica radicalmente la categorización estableciendo como parámetro no sólo la naturaleza de la actividad, sino los ingresos anuales efectivamente percibidos por el afiliado.
 

Problemas en cuanto a la determinación de la Renta Presunta

Una de las dificultades en el sistema de aporte y prestaciones por categorías tiene que ver con la renta presunta, y su actualización. Así, si el legislador fija los montos de las rentas presuntas en pesos corrientes, se hace necesario el constante dictado de normas que actualicen los valores de las rentas para evitar que los aportes queden desvirtuados y que las prestaciones queden desactualizadas. Si las mismas se fijan en proporción de haberes mínimos – como sucedió con la ley 22193 – los valores varían automáticamente con cada modificación del mínimo. Ahora bien, esto hace que también sea necesario una modificación constante del haber mínimo, situación que en momentos de inflación es dificultoso.

Entonces es necesario algún sistema que evite el dictado de un decreto que o bien modifique la renta presunta, o modifique el haber mínimo. Ello atenta contra la flexibilidad del sistema y su capacidad para adaptarse a las circunstancias económicas.

En cuanto a este problema mi propuesta es modificar el sistema de aportes, volviendo a un sistema donde los aportes se efectúen en función de los ingresos efectivos de los trabajadores. Vale aclarar que la situación dista enormemente del año 1955, en cuanto a la factibilidad de aplicar el sistema actualmente. A diferencia de esa época, donde era muy complicado el control por parte de las Cajas, hoy se cuenta con otro tipo de herramientas. En efecto, todos los trabajadores afiliados al régimen de autónomos presentan anualmente declaraciones juradas de ganancias declarando la totalidad de sus ingresos y sus gastos. De allí que bastaría con que se mensualicen las declaraciones juradas anuales y durante el año siguiente el afiliado aporte un monto fijo pero que corresponda a un porcentaje de los ingresos percibidos en el año anterior. Y tampoco es necesario por parte de la ANSES de una actividad de control e inspección, dado que la propia AFIP tiene instrumentado un sistema de inspección para asegurar que el trabajador no oculte sus ingresos.

De esta manera todos los afiliados pagarán en la proporción de sus ingresos y de su capacidad contributiva, no existiendo la posibilidad de distorsión que presentan las rentas pre – fijadas por parámetros objetivos. La carga contributiva se hace más tolerable. Y como contrapartida, la prestación jubilatoria se puede calcular en función de los ingresos reales.

Esto quiere decir que la PC y la PAP se pueden calcular en función de los últimos diez años actualizados, lo que llevaría a eliminar la grave diferenciación que existe entre un trabajador autónomo y uno en Relación de Dependencia. Un trabajador autónomo con un ingreso mensual de $1000.- percibiría una jubilación equivalente a la de un dependiente con un salario de $1000.- De esta manera se fortalece el estímulo al aporte, en función de una real perspectiva de percibir una prestación razonable, y se garantiza efectivamente el carácter sustitutivo de las prestaciones.
 

Problema en cuanto a la alícuota. Aportes y Contribuciones

El tema de la alícuota de autónomos es otro de los temas que considero merecen una evaluación seria. En primer lugar cabe mencionar que, según se señala en la historia sobre los regímenes autónomos,  el aporte obligatorio se ha incrementado desde el %10.- del ingreso efectivo a ese porcentaje sobre las rentas presuntas, luego al %15.- y actualmente en el %27.- sobre la renta presunta.

El aporte del %27 actual tiene un fundamento discutible: El autónomo aporta el %11 que corresponde a aportes personales del trabajador (que se descuenta del sueldo). Pero como no tiene empleador que efectúe el %16 restante, efectúa él mismo ambos aportes (%11 de aporte + %16 de contribución = %27).

En principio podría justificarse tal situación en la necesidad de un mayor aporte por parte del trabajador autónomo, circunstancia que sólo se justifica en el caso de un trabajador que perciba ingresos muy superiores a un dependiente. Hay que tener en cuenta que no necesariamente la condición de autónomo le otorga una mayor capacidad contributiva que un trabajador dependiente. Recordemos que entre los autónomos están los artesanos, las costureras, los albañiles y muchos oficios cuyos ingresos pueden ser incluso inferiores a muchos dependientes. Entonces la carga contributiva comienza a perder sentido: Porqué un pequeño comerciante tiene que aportar más que el doble que un gerente de una gran empresa cuyos ingresos pueden ser muy superiores?

Por otro lado, existe otro factor que torna más irrazonable el aporte. El trabajador autónomo que tiene empleados a cargo efectúa un aporte superior al SIJP: Hablo de las contribuciones patronales. Cada trabajador autónomo aporta al sistema el %16 de los salarios de todos sus trabajadores para cubrir los gastos del sistema y para las jubilaciones de terceros. Entonces no puede seguir cargándose sobre sus espaldas toda la carga contributiva del sistema sin mayor fundamento que el no tener empleador que colabore.

Por ello mi propuesta en cuanto a la alícuota es que amén del %11 debería agregarse otro componente pero muy inferior al actual. Estimo que una alícuota razonable tendría que rondar el %15. Recordemos que propongo que la alícuota sea sobre los ingresos reales, por lo que en los montos actuales incluso subiría en relación al aporte actual. Un trabajador con ingresos mensuales de $1500 aportaría $210.

De todos modos no puedo desconocer que la determinación final de la alícuota en un sistema serio debería depender no de un somero análisis sino de un análisis actuarial sobre la viabilidad del sistema. Pero considero que debería sí preverse una reducción drástica de la alícuota y buscar mecanismos para cubrir la diferencia con aportes del Tesoro de la Nación.
 

Jurisprudencia en Materia de Reajuste de Trabajadores Autónomos

La jurisprudencia en materia de reajuste de haberes autónomos se ha hecho eco de la falta de reconocimiento por parte del sistema a los mayores aportes efectuados por los trabajadores, especialmente en cuanto a las categorías optativas y la posibilidad que preveía de efectuar un aporte superior al mínimo. Así, en el primer fallo sobre autónomos, la Corte señalaba:

“si la ley autoriza a realizar voluntariamente aportes mayores al mínimo exigido a fin de lograr una situación de mayor estabilidad económica y tranquilidad durante la vejez, ese esfuerzo debe verse reflejado obviamente en el monto del haber-… (Fallos: 279:389; 280:424; 292:447), que es uno de los pilares fundamentales en que se apoya la materia previsional.”2

El análisis de la Corte pasa por comparar el valor de las rentas presuntas sobre las que aportó el beneficiario y el haber mínimo vigente en cada período. De esa manera, el haber a otorgar tiene que tener la misma proporción sobre el haber mínimo al momento del otorgamiento. Es decir si se aportó durante toda la vida activa en una proporción de 2.3 haberes mínimos, el haber tiene que ser el equivalente a 2.3 haberes mínimos. En la práctica, lo que ordena la jurisprudencia es la confección de un cuadro como el que se muestra a continuación:
 
Año 
Mes 
Renta Presunta 
Haber Mínimo 
Equivalencia 
12 
1969 
20,000.00 
10000 
2.00 
1970 
200.00 
120 
1.67 
1970 
200.00 
120 
1.67 
Promedio 
1.78 
 
En el cuadro se ve como un afiliado a la categoría C durante determinados período ha aportado en un promedio total de 1.78 haberes mínimos. Entonces, con el criterio jurisprudencial aplicable la renta presunta a considerar no es la fijada al cese sino la equivalente a 1.78 haberes mínimos.

Ahora bien, la doctrina de Volonté tiene un inconveniente: El fallo señalado es de 1985, hacía unos años que se había dictado la ley 22.193 que establecía los montos de las categorías precisamente en una proporción de haberes mínimos (La categoría A equivalía a 1 haber mínimo, la B a uno y medio, la C a dos mínimos, etc.)

Si dicho régimen si hubiese mantenido a la fecha no habría nada que objetar a la doctrina de Volonté en cuanto aplica la equivalencia entre renta y haber mínimo. Ello, dado que se mantendría la misma proporción en que se aportó al régimen: Un afiliado categoría C va a tener siempre una equivalencia de 2 mínimos, por lo que hoy percibiría un haber muy superior al mínimo.

Ahora bien, la legislación en materia de aportes posterior no siguió el régimen señalado, determinando los valores de las categorías en montos fijos determinados por decreto. A su vez, el haber mínimo también fue sucesivamente fijado por decreto y no hubo nunca adaptación de las rentas en función de dicho mínimo. Eso hace que la metodología de cálculo se vuelva hoy ineficiente para garantizar el mayor aporte al sistema, lo que impone su modificación. Para demostrar la ineficacia de la misma, baste nombrar algunos ejemplos históricos:

Desde al año 1971 hasta 1980 cuando se atan las categorías al mínimo, las categorías A- C están muy por debajo del haber mínimo de cada período. Esto quiere decir que un afiliado que trabajó sólo esos nueve años en categoría B o C no tiene derecho a reajuste del haber habiendo efectuado aportes al sistema, que incluso duplican al mínimo requerido (En algunos períodos la categoría C tiene el doble de aporte de la categoría A). En el período marzo de 1991 a Diciembre de 1993 las categorías A – C están por debajo del haber mínimo, mientras que la categoría D tiene una proporción de 1.1 haberes mínimos. Es decir que todas esas categorías prácticamente no dan derecho a reajuste. Así, no se compensa de ningún modo el mayor aporte efectuado al sistema.

Por último, el equilibrio se vuelve a romper a partir del 2005 con los sucesivos aumentos del haber mínimo sin la correspondiente actualización de las rentas presuntas. Es así que hasta el fin de las categorías por letras las categorías A – C quedan por debajo del mínimo y la D queda en un coeficiente – 1.63 – que no necesariamente refleja el valor de la categoría (Equivalente a más del doble del aporte mínimo).

Por último, las nuevas categorías creadas desde 2007 (Categorías I – V) nacen con un gran defecto. Las primeras tres categorías quedan por debajo del haber mínimo o equivalen al haber mínimo. Es decir que los nuevos jubilados con este régimen, no solo no van a ver compensado su esfuerzo sino que no van a tener siquiera derecho a reajuste, bajo esta jurisprudencia.

Entonces, dado que el haber mínimo ya no tiene relación con el aporte autónomo, es necesario modificar la doctrina aplicable a los trabajadores autónomos. Es entonces que propongo efectuar la comparación no con el haber mínimo, sino con la categoría más baja de cada período (A o actualmente I). Una vez calculada la proporción correspondiente, si se aplicaría sobre el haber mínimo. De esta manera, las nuevas categorías dan derecho a reajuste, y se resuelven todas las injusticias que se señalaban unos párrafos más arriba. En ese sentido, no es para nada cuestionable que un trabajador que aportó en la categoría mínima del sistema (A o I) perciba el haber mínimo. Si el criterio es la mayor contribución, no hay que reconocerle más que el mínimo, porque su aporte no fue más que el obligatorio del sistema. Pero si es necesario reconocerle al que aportó por una categoría mayor un mayor ingreso. Y dicho ingreso tiene que estar relacionado estrictamente con el mayor aporte. Por ello, creo que la mejor metodología es la de medir ese mayor aporte en función del mínimo aporte permitido por el sistema.
 

El problema de los Monotributistas

El monotributista se encuentra en una situación especial. El mismo efectúa un aporte fijo, independiente de sus ingresos o actividad económica. Por ello, sólo tiene derecho a la PBU y al mínimo de ley. Tal situación realmente merecería una revisión en función de modificar el aporte al SIJP. En el caso de los monotributistas es más sencillo aún que para los trabajadores autónomos. Ello, dado que si bien los mismos no están obligados a presentar declaraciones juradas de ganancias, sí están categorizados de acuerdo a sus ingresos brutos reales. Por ello, considero sería apropiado modificar el aporte y establecer un aporte diferenciado en función de la categoría tributaria a la cual se encuentre adherido. De esta manera se podría otorgar una prestación diferenciada que permita que un pequeño contribuyente que esté en mejores condiciones económicas pueda efectuar un mayor aporte y obtener una mayor prestación. (Recordemos que el monotributo llega hasta el monto de 144.000 anuales, lo cual constituye un ingreso bruto considerable). Incluso un sistema como el señalado le permitiría a cualquier monotributista efectuar aportes voluntarios por una categoría superior, para obtener una mayor prestación. Lo que en estos momentos no es lógico, es que el monotributista efectúe un aporte total de $35, cifra que ha quedado claramente anacrónica.

Por otro lado, existe una injusticia muy grande en torno a este régimen simplificado: En efecto, luego de la modificación de abril de 2004, la ley 25865 permite efectuar un aporte voluntario adicional a los efectos de percibir una Prestación Adicional por Permanencia (PAP ) por parte de los aportantes. Dicho aporte es de $35 y da derecho a una PAP calculada sobre una renta presunta fijada por ANSES en $ 300. No es necesario un cálculo demasiado complicado para ver a simple vista que dicha renta presunta no permite obtener más que un haber mínimo. Esto quiere decir que el aporte voluntario no es más que una donación a favor del sistema, que no tiene el menor reconocimiento en el monto del haber. De allí que es urgente el establecimiento de alguna prestación adicional a las existentes que compense el mayor aporte efectuado voluntariamente por estos aportantes. En ese sentido, considero lo más apropiado es no modificar la renta presunta sino establecer una prestación distinta proporcional a la cantidad de años de efectuado ese aporte mayor: Vgr. Un %1 sobre la PBU. De esta manera el afiliado podría que ver que en función de su mayor aporte recibe efectivamente un monto mayor. De otra manera se alimenta gravemente la sensación de que cuando menos se aporte al sistema mejor. Y no hay situación que se vea tan clara como en el caso en cuestión: No hay posibilidad alguna por más tiempo que se efectúe el aporte superior, de percibir una prestación superior al mínimo, o superior al monotributista que no hice más que el menor aporte permitido al sistema.

Por otro lado, la jurisprudencia en materia de trabajadores autónomos no resulta de aplicación ni mínimamente a estos monotributistas. En efecto, la renta de $300 está claramente por debajo del haber mínimo (Ni siquiera equivale a medio haber mínimo), por lo que no existe posibilidad de reajuste ni siquiera judicial. Esto claramente desestimula el aporte: Ante la consulta particular, los letrados no tenemos más que sugerir que no se efectúe aporte mayor al mínimo permitido, dado que no hay posibilidad ni judicial de recibir una mejor prestación.

En ese sentido, la metodología propuesta más arriba se podría aplicar perfectamente a los monotributistas. Es decir, en lugar de efectuar la comparación con el haber mínimo, se debe efectuar la comparación entre la renta presunta establecida para el monotributista ($200), y la renta establecida para el monotributista con contribución especial ($300). Tal proporción es de 1.5, por lo que la renta presunta a considerar sería de un haber mínimo y medio (Actualmente $1035) que sí da lugar a una prestación levemente superior al mínimo (Actualmente $775.75).
 

Conclusiones
Notas:
1) Presidente John F. Kennedy, discurso inaugural de mandato “Entonces, mis compatriotas americanos,  no se pregunten que puede hacer su país por Uds. Pregúntense que pueden hacer Uds. Por su país.” Enero de 1961.
2) Volonté Luis María. CJSN 28-03-1985. Fallos 307:274.